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Por
Laura Vales
 Nicolás
Simone es dirigente de Franja Morada. Desde el año pasado, además,
es consejero superior de la UBA, es decir integrante del gobierno de la
Universidad en representación del claustro estudiantil. De mayo
a setiembre, Simone fue beneficiario de un plan Nuevos Roles Laborales.
Pablo Canaliccio es consejero directivo de la Facultad de Filosofía
y Letras y, al igual que Simone, dirigente de Franja Morada. También
le dieron un plan Nuevos Roles Laborales durante seis meses, de abril
a setiembre. En la Facultad de Ciencias Económicas otros 107 alumnos
figuran como beneficiarios de estos planes, cuyos destinatarios deberían
ser preferentemente jefes de familia desocupados y en situación
de vulnerabilidad, es decir pobres, sin trabajo y con hijos a cargo. Hay
otros casos –todavía no se sabe cuántos– en la
Facultad de Filosofía y Letras.
En febrero la titular de la Defensoría del Pueblo porteña,
Alicia Oliveira, denunció ante la Justicia cinco casos de planes
Nuevos Roles Laborales entregados de manera irregular. Básicamente
se trataba de personas que no eran desocupados ni indigentes. Dos de ellos
estaban empleados dentro de la propia Defensoría y el resto eran
familiares de un asesor de ese organismo, ahora suspendido.
Oliveira continuó con su investigación interna y acaba de
ampliar su denuncia, solicitando a la Justicia que se investigue un amplio
abanico de irregularidades.
u Derechos y obligaciones. Un conjunto de decretos y convenios fijó
criterios de asignación para el plan Nuevos Roles Laborales. El
Programa Nacional de Desarrollo de Empleo III, al que adhirió la
ciudad de Buenos Aires, marca que serán para “desocupados”
de las “zonas con mayor vulnerabilidad social”. También
que sus beneficiarios deben ser mayores de 18 años, preferentemente
jefes de hogar, que no estén recibiendo otros aportes. Un convenio
posterior entre la Nación y la ciudad agrega que por familia no
puede haber más de un beneficiario. Como se verá, casi nada
de esto se cumplió en los casos que siguen.
u Atención telefónica. El consejero universitario Nicolás
Simone figura en las planillas como beneficiario del proyecto número
401, cuyo objetivo fue formar operadores telefónicos. De acuerdo
con la documentación en poder de la Defensoría, Simone cobró
de mayo a setiembre 200 pesos mensuales.
El consejero universitario negó en diálogo con Página/12
haber recibido ese dinero. “Organicé el curso y debo figurar
en las planillas por error”, sostuvo. Más tarde recordó
que se había inscripto “para aprender un poco”, pero
aclaró que concurrió “solamente a dos clases”
y que de todas maneras no recibió el subsidio. Apuntó que
quien sí lo hizo fue su hermana, a quien él hizo entrar
en el programa ya que “cumplía con todas las condiciones para
hacerlo”. En las planillas, efectivamente, figuran los dos Simone
como beneficiarios del proyecto número 401.
Es difícil, por otra parte, saber cómo fue tal capacitación.
Los inspectores municipales que intentaron controlar su implementación
no tuvieron mucha suerte. La primera vez fueron hasta una de sus sedes,
en la Facultad de Psicología, pero no encontraron a nadie. Dejaron
constancia de que “en el momento de realizarse la visita se encontraban
en período de elecciones para el Centro de Estudiantes por lo que
resultó imposible contactar a algún responsable o beneficiario
del programa”.
Probaron en una segunda oportunidad en otra de las direcciones que figuraban
en el proyecto, la Federación Universitaria de Buenos Aires. Allí
encontraron a una beneficiaria. La chica explicó que “la actividad
realizada” era “atender al público”.
u Amigos. El responsable de la formación de operadores telefónicos
fue la ONG Amigos de los Espacios Verdes. Los inspectores municipales
controlaron otros de sus proyectos con resultados aún peores. Encontraron
que la ONG había dado como lugares de práctica direcciones
inexistentes. O que ladirección existía, como en el caso
del club El Progreso, de San Andrés, pero allí nadie sabía
nada de tal programa de capacitación. La Defensoría del
Pueblo porteña constató que esa asociación realizó
con fondos del plan Nuevos Roles Laborales nueve proyectos en total y
que el presupuesto requerido para cada uno de ellos fue de 42 mil pesos.
u La familia Di Stéfano. El apellido Di Stéfano aparece
mencionado varias veces en la denuncia judicial. Carlos Di Stéfano
es empleado (ahora suspendido) de la Defensoría y tres de sus hijos
–Vanina, Leandro y María Luciana– cobraban estos planes,
a pesar de que sólo un integrante por grupo familiar puede hacerlo.
Un cuarto hijo de Di Stéfano, Marcelo, figura como abogado representante
de Amigos de los Espacios Verdes. La Defensoría informó
que Marcelo Di Stéfano es funcionario del Ministerio de Trabajo,
en un área que maneja la entrega de planes de empleo.
Simone y Pablo Canalicchio (el segundo de los consejeros universitarios
que recibieron estos planes), por otra parte, pertenecen al sector interno
de Franja Morada vinculado al viceministro del Interior Lautaro García
Batallán.
La denuncia judicial y su ampliación fue patrocinada por el abogado
de la Defensoría Diego Morales. Los datos entregados a la Justicia
incluyen también los casos de otras familias con más de
un beneficiario y de personas que recibían otro tipo de aportes.
Hasta ahora se refieren a no más de 20 casos. En los tribunales
se mantienen abiertas dos hipótesis de trabajo; la primera, que
se trata de un negocio armado por dos o tres influyentes con pocos escrúpulos.
La segunda apunta a la posible existencia de un mecanismo más amplio
de financiamiento ilegal de la militancia universitaria.
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