Por Raúl Kollmann
Carlos Menem Junior volaba a
baja altura en su helicóptero, jugueteando con una mujer que iba
en un Fiat Uno. Así se llevó por delante los cables de alta
tensión que cruzaban la ruta y el aparato se vino abajo, perdiendo
la vida el hijo del ex presidente y el corredor de autos Silvio Oltra.
Esta es la historia que ayer convalidó la Corte Suprema de Justicia.
La causa queda así definitivamente archivada a menos que la madre
de Carlitos, Zulema Yoma, consiga un pronunciamiento de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos. Casi 40 testigos, que presenciaron el vuelo rasante
por la ruta y que no vieron ni escucharon disparos, fueron la base del
fallo original del juez Carlos Villafuerte Ruzo, ahora confirmado.
La causa Junior ya terminó todo su recorrido en suelo argentino:
el fallo del magistrado fue confirmado por la Cámara de Apelaciones,
intervino después la Cámara de Casación y finalmente
la Corte. Todos los tribunales llegaron a la misma conclusión:
la muerte del hijo del ex presidente fue un accidente.
Para Villafuerte Ruzo y los camaristas, los testigos que vieron volar
bajito a Junior son insospechados: empleados de estaciones de servicio,
gomerías, conductores de camiones, gente de campo. Todos coinciden
en que el joven venía piloteando en forma arriesgada el aparato
y que jugueteaba con una chica que iba a bordo del Fiat. Eso sí,
la mujer nunca fue identificada.
Lo importante de los testigos no es sólo lo que vieron sino también
lo que no vieron ni escucharon: no hay nadie que haya percibido los disparos
que supuestamente dieron en el helicóptero ni hay quien haya visto
a un hombre con un arma larga ni existió ninguna denuncia de movimientos
sospechosos de gente huyendo. Por el contrario, los testigos que aparecieron
contando historias extrañas terminaron todos procesados por falso
testimonio y con pruebas bastante abrumadoras en su contra. Es más,
hay hombres del entorno de Zulema Yoma, como Mario Rotundo, que deberán
afrontar juicios orales acusados de preparar testigos. Para dar un ejemplo,
un conductor de micro se presentó para revelar supuestos detalles
de un atentado, pero analizado el tacógrafo de su unidad se descubrió
que mentía, lo que fue corroborado tanto por otro chofer que lo
acompañaba como por algunos de los pasajeros que viajaban en ese
micro.
Zulema Yoma, por su parte, se hace firme en su postura de que a Carlitos
le dispararon básicamente a partir de una prueba: la pericia hecha
por la Gendarmería en la que se indica que hay rastros de proyectiles
de armas de fuego en varias partes del aparato. El juez no aceptó
esa prueba considerando, de hecho, que esos disparos se pudieron haber
hecho cuando el aparato ya estaba hecho pedazos, guardado sin custodia
en un galpón. Aunque no lo diga el magistrado, siempre sospechó
que alguien del entorno de Zulema hizo esos disparos con el objetivo de
seguir sacándole dinero a la ex primera dama en pericias y trámites
judiciales. Villafuerte Ruzo y los camaristas le dieron más validez
a la primera pericia que hizo la Fuerza Aérea y a los dictámenes
de la empresa que fabricó el aparato, la Bell: ambos ratifican
que el helicóptero se vino abajo después de chocar contra
los cables.
Más allá de todos estos elementos, lo cierto es que la investigación
fue desastrosa: el primer juez interviniente no ordenó la autopsia
inmediata, no preservó los restos del helicóptero y ni siquiera
recolectó testimonios con seriedad. Esta es la base de los reclamos
de Zulema.
El camino que abrió ahora la madre de Carlitos es el de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Con su letrada, Ana Herren, consiguieron
un primer paso: que el caso fuera aceptado por el organismo con sede en
Costa Rica. Zulema argumenta que fue privada de justiciaporque Carlos
Menem quiso tapar la muerte de su hijo que según ella cree
- fue producto de compromisos electorales que contrajo el ex presidente
y que no cumplió cuando llegó al poder. El Estado argentino
tiene que hacer su descargo y seguramente girará al tribunal toda
la investigación judicial, insistiendo en que un juez y tres tribunales
superiores convalidaron la conclusión del accidente.
La reforma suspendida
Los rebeldes arrugan cuando se apagan las cámaras,
arremetió el justicialista Alfredo Atanasoff cuando ayer
fracasó, por ausencia de los legisladores disidentes del
Frepaso, la sesión en la que se esperaba derogar el decreto
de Reforma Previsional que no encuentra consenso en la Cámara
baja. Los legisladores del oficialismo explicaron después
que el faltazo se debió a que por esas horas estaban en el
Ministerio de Trabajo negociando una postergación hasta el
1º de julio de la entrada en vigencia de la norma que impulsó
el Ejecutivo, la que debería ponerse en marcha el primer
día de mayo. Al plenario de comisión no sólo
faltaron los aliancistas sino también el nuevo integrante
del Frente para el Cambio, el ex frepasista Alfredo Villalba; el
provincial Gustavo Gutiérrez y el cavallista Guillermo Alchouron.
La presidenta de la comisión, María América
González (Frepaso), informó que el secretario de Seguridad
Social, Jorge Sanmartino, le comunicó esta tarde que
el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, tiene a la firma de Fernando
de la Rúa el dictamen, suspendiendo hasta julio la aplicación
del decreto, para habilitar así su modificación
en el Parlamento. La Alianza cree que puede consensuar un proyecto
de ley que no contendrá los puntos más conflictivos
como el aumento de la edad de la mujer.
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