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“Si la Cámara confirma el procesamiento, los periodistas no
vamos a poder investigar la evasión fiscal en la Argentina, que
es uno de los principales fraudes y que provoca medidas como el impuestazo.
Siento que me sancionan por informar bien”, dijo a Página/12
el periodista Marcelo Bonelli, quien fue procesado el lunes por el juez
federal Claudio Bonadío por el delito de “violación
de secretos” en el que habría incurrido al detallar las declaraciones
impositivas del ex titular del PAMI, Víctor Alderete, en una nota
publicada por el diario Clarín el año pasado. Pese al procesamiento,
Bonadío admitió en su resolución –que ya fue
apelada por Bonelli– que el contenido de la nota era veraz. La asociación
PERIODISTAS emitió ayer un comunicado en el que sostiene que la
resolución es contraria a la Constitución y “representa
un mensaje para todo el periodismo: amenaza con cárcel a todo aquel
que informe sobre funcionarios que podrían haberse apropiado del
dinero de todos los ciudadanos”. La Unión de Trabajadores
de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) también condenó la decisión
del juez.
El juez Bonadío basó su resolución en un artículo
de la Ley de Procedimiento Tributario, que establece que las declaraciones
juradas que se presentan ante la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) son secretas. El juez entendió que quien
violó ese secreto es el periodista que escribió la nota.
“El juez se basa en una interpretación falsa de lo que es
secreto fiscal y si uno sigue la línea de razonamiento de Bonadío,
en este país no se podría haber investigado ni la mafia
del oro, ni IBM-Banco Nación, ni la evasión de Alberto Samid,
ni el departamento que se compró Liz Fassi Lavalle. En definitiva,
si la Cámara Federal confirma la resolución de Bonadío,
los periodistas no van a poder investigar más evasión fiscal
en la Argentina”, aseguró Bonelli, cuyos abogados apelaron
ayer la resolución del juez. Ahora deberá pronunciarse la
Cámara Federal.
La asociación PERIODISTAS, por su parte, emitió un comunicado
en el que sostiene que “en el zigzagueante camino que la Justicia
argentina ha recorrido en los últimos años en materia de
libertad de expresión, el procesamiento dictado por el juez federal
Claudio Bonadío contra el periodista Marcelo Bonelli toma una dirección
opuesta a los principios de la Constitución Nacional y los tratados
internacionales”. PERIODISTAS objetó la resolución
del juez desde tres puntos de vista. “Primero, responsabiliza al
periodista por un deber que no le compete, en tanto la legislación
pertinente (artículo 101 de la ley 11.683) prohíbe difundir
esa información a quienes son responsables de velar por ella, en
este caso el personal de la DGI”, dice el texto. “Segundo –continúa–
lo castiga por cumplir con el deber que le cabe como profesional de prensa,
es decir, difundir todo hecho de interés público, sin faltar
a la verdad o sin mala fe en el caso de haber incurrido en algún
error. El fallo de Bonadío, precisamente, reconoce que todo lo
informado por Bonelli es cierto”. En tercer lugar, el comunicado
de PERIODISTAS advierte que ante el denominado ‘choque de derechos’
entre la protección a la libertad de expresión y el resguardo
de la intimidad, desestima principios fijados en los tratados internacionales
–como el de la doctrina de la ‘real malicia’– donde
el derecho a informar y ser informado prevalece cuando están involucrados
asuntos de interés público. En este caso, se investigaba
si Alderete había desviado fondos públicos”.
El juez Bonadío sostuvo en su resolución que “la libertad
de prensa debe ceder, por cuanto ella no es ilimitada”. La UTPBA
también emitió un comunicado en el que dejó sentado
que el gremio “rechaza y condena firmemente la resolución
judicial por la cual se procesó a Bonelli”.
LA
BICAMERAL Y LA REMOCION DEL TITULAR DEL CENTRAL
Tras las Pascuas, chau Pou
El presidente del Banco Central,
Pedro Pou, puede pasar tranquilo Semana Santa, pero no más que
eso: es que la Comisión Bicameral encargada de analizar su desempeño
al frente de esa entidad tiene decidido recomendar al presidente Fernando
de la Rúa que separe a Pou de ese cargo por la falta de control
del Central sobre las operaciones de lavado de dinero y las quiebras de
varios bancos. El camino para la elaboración del dictamen final
quedó allanado ayer, después de que la comisión descartara
convocar nuevos testigos para la investigación, y –de no mediar
ningún imprevisto- será girado a la Casa Rosada el próximo
martes.
“Eso fue una posibilidad, pero está cerrada. La comisión
resolvió que no hace falta”, sostuvo el presidente provisional
del Senado y titular de la comisión, Mario Losada, acerca de la
idea de tomar nuevos testimonios en el caso y explicó que “seguramente
la semana que viene estaremos haciendo los dictámenes. El martes
va a haber un plenario donde vamos a abordar el desarrollo del último
tramo”.
La decisión de la comisión de acelerar el trámite
de sus actuaciones se produjo después de que el ministro de Economía,
Domingo Cavallo, atribuyera a la inflexibilidad monetaria aplicada por
Pou la responsabilidad por la recesión económica. “Nosotros
teníamos resuelto recomendar su separación antes de que
Cavallo lo criticara”, aclaró a Página/12 uno de los
integrantes de la comisión, aunque reconoció que “tampoco
queríamos quedar pedaleando en el aire con un dictamen que no tuviera
el aval del Ejecutivo”. En otras palabras, la bicameral no quería
recomendar la remoción del titular del Central si no existía
la decisión política de separarlo que ahora parece tener
el ministro de Economía.
De hecho, la reunión de ayer fue la primera después de casi
un mes de inactividad –en parte también como consecuencia
de la crisis política y económica– y fue convocada
el viernes pasado después de que Cavallo descargara sus críticas
contra Pou. Del encuentro sólo participaron Losada y el diputado
radical Raúl Baglini. Faltaron los senadores Carlos Verna (PJ)
y Alcides López (UCR) y el diputado Víctor Peláez
(UCR). “Trabajamos con algunos legisladores porque algunos no pudieron
venir porque no consiguieron pasaje”, argumentó Losada para
justificar las ausencias de los demás miembros de la comisión.
Ningún legislador anticipó formalmente su posición
ya que el dictamen que emitirán tiene carácter “reservado”,
pero la suerte de Pou ya está echada. Los tres representantes del
radicalismo con voto en la comisión -Losada como presidente tiene
derecho a opinar, pero sólo vota en caso de empate– ya resolvieron
proponer que Pou sea removido de la presidencia del Central.
Lo que no está claro aún es qué hará Verna.
El peronista acompañó algunos de los cuestionamientos de
los radicales hacia Pou y discrepó con otros, por lo cual oscila
entre una disidencia parcial y una disidencia total con el dictamen de
la mayoría.
Peláez ya redactó un informe muy crítico con respecto
a la gestión de Pou en lo que hace a la falta de control en el
cierre de los bancos Patricios, Mayo y República. A cargo de Baglini,
en tanto, quedó la elaboración del informe sobre las operaciones
de lavado de dinero de las que se sospecha que el titular del Central
no fue ajeno. La comisión redactará su dictamen sobre la
base de esos informes.
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