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Por Laura Vales
 El ministro de Educación,
Andrés Delich, pidió que “la Justicia vaya a fondo”
en la investigación sobre los consejeros universitarios de Franja
Morada que fueron beneficiados con planes de empleo y admitió que
los programas sociales “han sido utilizados muchas veces en forma
clientelística”. La reacción de Delich, que proviene
de la agrupación radical que lidera centros de estudiantes y consejerías
en la mayoría de las universidades nacionales, se sumó a
investigaciones originadas por la denuncia sobre el presunto uso irregular
de planes Nuevos Roles Laborales.
En la Facultad de Ciencias Económicas –donde los investigadores
de la Defensoría del Pueblo porteña encontraron 107 casos
de estudiantes con estos planes de empleo–, el decano Carlos Degrossi
pidió informes internos a todas las áreas de esa casa de
estudios. Por la noche, informó a Página/12 que la facultad
“no participó de la entrega de ninguno de estos planes ni
tuvo nada que ver con su desarrollo”.
En la Legislatura porteña, por otra parte, diez diputados decidieron
invitar a la titular de la Defensoría Alicia Oliveira para que
informe sobre los datos recabados sobre el caso. La visita de Oliveira
podría concretarse entre el lunes y martes; la iniciativa es impulsada
por Jorge Srur (de Nueva Dirigencia) y fue respaldada por pares del peronismo
y Acción por la República.
El presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Manuel
Terrádez, fue consultado sobre el tema, pero dijo “no conocer
la denuncia” y se mostró “sorprendido por su gravedad”.
Entre los dirigentes universitarios que figuran como beneficiarios de
estos planes está justamente el candidato a sucederlo en la FUA,
Nicolás Simone. Terrádez, como Delich, formuló estas
declaraciones en el programa “Puntos de Vista” y coincidió
con el ministro en la necesidad de una “investigación a fondo”.
Ayer la defensora Oliveira precisó que “hay una enorme cantidad
de chicos de la FUBA” que aparecen en los listados de beneficiarios
del Plan Nuevos Roles Laborales y que las maniobras detectadas se cometieron
en el ‘99 y 2000. Por lo menos una decena de casos ocurrió
dentro de la misma Defensoría.
El organismo hizo una denuncia inicial en el mes de febrero, cuando encontró
que una de sus contratadas había cobrado uno de estos planes de
empleo para desocupados. La joven es una universitaria que trabajó
como asesora de Rafael Veljanovich, ex defensor adjunto y actual funcionario
de la Ciudad de Buenos Aires.
La estudiante contó en el sumario interno que otro empleado de
la Defensoría, Carlos Di Stéfano, le había ofrecido
este plan para desocupados, de 200 pesos mensuales. Resultó que
Di Stéfano tenía además a tres de sus hijos como
beneficiarios de este programa. El cuarto de sus descendientes, Marcelo,
es funcionario del Ministerio de Trabajo; fue asesor del viceministro
del Interior, Lautaro García Batallán, y empleado (hoy sin
goce de sueldo) de la Universidad de Buenos Aires.
En la ampliación de la denuncia que se efectuó esta semana
se agregaron otros casos a la lista; la presentación señala
que muchos ocurrieron dentro del organismo, donde se llevó a estudiantes
a hacer pasantías sin conocimiento de su titular y allí
realizaron tareas distintas a las que figuran en los proyectos.
POLEMICA
POR LICENCIAS DOCENTES
Muerte de una maestra
Hasta 1999 la maestra Norma
Barral estaba de licencia, con un cuadro de depresión y de hipertensión.
Ese año, sorpresivamente, la Dirección de Medicina Laboral
del gobierno porteño le dio el alta y la envió de nuevo
a las aulas. Pero el último 30 de marzo, en la Escuela de Educación
Inicial Nº 22, del barrio de Villa Devoto, Barral sufrió un
pico de presión y murió a los dos días, y ahora su
fallecimiento repercutió en la Legislatura porteña, en donde
los integrantes de la Comisión de Educación interpelaron
y le pidieron la renuncia al interventor de la Dirección, Daniel
Ferranti. La legisladora Delia Bisutti aseguró que el Gobierno
decidió revisar todas las licencias revocadas desde diciembre pasado.
“Queremos saber cuál fue el motivo del levantamiento masivo
de licencias en 1999 y a fin de año”, dijo Bisutti, integrante
de la Comisión de Educación de la Legislatura. “Ferranti
no brindó ninguna respuesta a nuestra pregunta sobre el parámetro
tomado para decidir dar el alta a tantos docentes”, agregó.
“Además de la muerte de Barral, hubo muchos otros problemas
con docentes a los que se les canceló la licencia”, señaló
la legisladora del Frepaso.
Lo concreto es que, aparte de la marcha atrás del Gobierno con
las licencias, el subsecretario de Hacienda, Eduardo Prina, le inició
un sumario a Ferranti para determinar sus responsabilidades. Pero los
legisladores de la Comisión de Educación quieren el alejamiento
del cuestionado interventor. “Es imprescindible que Ferranti sea
apartado de sus funciones,”, consideró Bisutti, mientras que
Vilma Ripoll, de Izquierda Unida y también integrante de la Comisión,
exigió “que se termine esta política de maltrato a
los docentes y que renuncie Ferranti”.
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