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El dictador Jorge Rafael Videla seguirá preso en su departamento
de Belgrano. El juez federal Rodolfo Canicoba Corral le mantuvo ayer la
prisión domiciliaria, prevista por la ley 24.660 para los condenados
mayores de 70 años. El magistrado tomó la decisión
luego de que el militar prestara declaración en su despacho del
cuarto piso de Comodoro Py. Ante el juez, Videla se distanció del
acto que realizó un grupo de personas frente a su vivienda, el
24 de marzo pasado. “Ni me enteré”, aseguró al
principio. Luego, para fundamentar esa afirmación, agregó
que “la persiana estaba cerrada”. Después de escuchar
sus argumentos, Canicoba Corral decidió no cambiar el régimen
de reclusión del dictador. Fuentes del juzgado adelantaron a Página/12
que en los próximos días se citará a Elena Cruz y
Fernando Siro por expreso pedido de los fiscales Eduardo Freiler y Federico
Delgado.
En su declaración, que duró 40 minutos, Videla insistió
en los argumentos expuestos en una carta de lectores publicada por La
Nación, en la que había asegurado que “ese día
permanecí en mi departamento, con las persianas bajas y sin salir
al balcón, firme en mi propósito de no servir de pretexto
a ninguna reacción que contribuya a acentuar la discordia”.
En esa misma línea, ayer, en el juzgado federal Nº 7, afirmó
que se enteró del acto luego de que éste hubiera terminado
y remarcó que llamó al Patronato de Liberados –la institución
que se encarga de controlar que se cumpla el arresto domiciliario–
para avisar que él no había participado en nada. En todo
momento estuvo acompañado por sus abogados defensores, el ex ministro
de Justicia de la dictadura Carlos Tavares, Víctor Herrero Leconte
y Alberto Rodríguez Varela.
Además de escuchar al ex presidente de facto, Canicoba Corral interrogó
a varios policías que estuvieron en las inmediaciones del departamento
de la avenida Cabildo el 24 de marzo. Según fuentes tribunalicias,
después de escuchar todos estos testimonios –que “no
aportaron gran cosa”–, el juez consideró que no existen
pruebas suficientes que indiquen que Videla haya participado de un acto
político. Estas declaraciones se produjeron a partir de una denuncia
de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) que retomó
lo dicho por el periodista Osvaldo Quiroga, quien había asegurado
que el 24 de marzo vio a Videla en el balcón de su casa saludando
a un grupo de personas que lo vitoreaban.
El raid de Videla comenzó a la mañana, en la puerta de su
domicilio –Cabildo 639–, el mismo lugar que eligieron sus admiradores
para hacerle un homenaje en concordancia con el 25 aniversario del golpe
de 1976. Allí lo recogió un móvil de Gendarmería,
que llegó a los Tribunales de Retiro a las 9.40. Frente a ese edificio
aguardaba un grupo de militantes y varios jóvenes de HIJOS, más
un contingente de casi 50 policías. Con esa protección,
el dictador fue conducido directamente al subsuelo de la sede judicial
entre tumultos y forcejeos que, entre otras cosas, provocaron lesiones
a una mujer policía. La agente formaba parte de la custodia y fue
atropellada por el Peugeot con vidrios polarizados que traía al
militar indultado por Carlos Menem y con prisión preventiva por
su responsabilidad en el plan sistemático de sustracción
de menores.
Todo indica que Videla seguirá disfrutando del arresto domiciliario,
al menos por ahora. El homenaje que recibió el día que se
cumplían 25 años del inicio de la dictadura parece no haber
cambiado demasiado su situación legal. Los que sí pueden
verse en problemas son dos de sus admiradores, el matrimonio Elena Cruz-Fernando
Siro, que encabezó la movilización al domicilio del militar
que integró la primera de las juntas militares que gobernaron de
facto el país entre 1976 y 1983. Los dos actores fueron denunciados
por apología del delito por los abogados Marcelo Parrilli y Antonio
Liurgo el 26 de marzo pasado en el Juzgado Correccional Nº 12 y podrían
sufrir hasta un año de prisión.
SUAREZ
MASON PIDIO POSTERGAR SU DECLARACION
Represión a los manifestantes
Otra vez un ex represor tuvo
que ir a la Justicia, y otra vez hubo agresiones contra quienes repudiaban
a los responsables del terrorismo de Estado; ayer le tocó el turno
a Guillermo Suárez Mason, ex jefe del Primer Cuerpo de Ejército
durante la dictadura, que fue a los tribunales platenses y pidió
que se postergara su declaración en una causa que investiga el
robo de hijos de desaparecidos. A su salida del Palacio de Justicia, policías
y gendarmes que lo custodiaban les pegaron a miembros de organismos de
derechos humanos y a Pablo Díaz, sobreviviente de “La noche
de los lápices”, quien aseguró que lo “molieron
a bastonazos”.
No bien arribó el ex represor a los tribunales de La Plata comenzaron
los insultos contra él y contra su abogado, Jorge Appiani –quien
está siendo investigado por la falsificación de la supuesta
partida de defunción de Miaría Anne Erize que permitió
la liberación de su socio Jorge Olivera en Italia–, pero los
gendarmes que los escoltaban los introdujeron rápidamente en el
ascensor de los Tribunales. No obstante, el incidente más serio
llegó cuando el ex jerarca militar se retiraba del edificio. “Me
metí entre la gente, y llegué a encarar a Suárez
Mason y a decirle ‘asesino, mirame, ‘asesino’. Los dos
caímos al piso y en ese momento me pegaron los policías
y los gendarmes, mientras lo sacaban a él del lugar”, indicó
Díaz. “Me fui con mucha sangre en la cabeza y con golpes en
los ojos”, agregó.
“Tengo el temor de que se repitan hechos como el de hoy (por ayer)
o como el de Etchecolatz, cuando unos civiles partidarios suyos agredieron
a manifestantes. Hasta en ‘La noche de los lápices’ hubo
civiles implicados. Y Etchecolatz es un tipo mesiánico, al que
pueden seguirlo tipos muy fanáticos”, advirtió Díaz.
Suárez Mason, en prisión domiciliaria por otra causa sobre
robo de bebés, debía declarar ante el juez federal Arnoldo
Corazza por la apropiación de la menor Carmen Sanz, hija de una
detenida desaparecida que fue vista en el campo de concentración
“El Pozo de Quilmes”. Por esta causa, el juez Corazza ya envió
a prisión al ex médico policial Jorge Bergés y al
ex comisario Miguel Etchecolatz. Ahora, el magistrado definirá
una nueva fecha para la declaración de Suárez Mason.
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