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Por Susana Viau
 El titular del Juzgado Federal
Nº1 de Mendoza, Luis Leiva, rechazó “in limine”
el amparo presentado por el general Juan Pablo Saa, quien solicitó
la medida en razón de que la agrupación HIJOS ha convocado
para hoy a participar del “escrache” que se llevará a
cabo frente a su domicilio. En su resolución, el magistrado señala
los defectos de forma de que adolece la presentación y agrega que
no es el fuero federal el que debe actuar en un conflicto entre particulares.
En el texto, que no ocupa más de tres carillas, Leiva hace expreso
reconocimiento del derecho de Saa a peticionar ante las autoridades, un
ejercicio impensable, dice, bajo “regímenes totalitarios como
el que padeció argentina entre 1976 y 1983”.
En sus considerandos, el juez federal observa que no puede dejar de tener
en cuenta el trasfondo político que rodea el planteo de Juan Pablo
Saa “y que tiene su origen en el luctuoso período padecido
por nuestro país entre 1976 y 1983. Ha sido ya objeto de análisis
judicial tanto por el pleno de la Cámara de Apelaciones de la Capital
Federal como por la Corte Suprema de la Nación la violación
a todas las garantías fundamentales padecidas por la población
argentina durante el autodenominado “Proceso de Reorganización
Nacional”, en el que se destaca la violación sistemática,
clandestina y cruel de los derechos humanos fundamentales de un número
aún indeterminado pero llamativamente numeroso de diversas personas,
nacionales y extranjeros, que vivían en nuestro territorio en esa
época. Los vaivenes judiciales y políticos de los últimos
quince años, si bien evitaron dar una efectiva respuesta punitiva
a tal horror, no han logrado –como no podía ser de otra manera–
clausurar en la memoria colectiva el recuerdo de ese desgraciado período.
Leiva reconoce el derecho de Saa de peticionar ante las autoridades y
obtener de las mismas la protección a que se siente acreedor. Pero,
de paso, le señala que el ejercicio de ese derecho hubiera sido
“impensable” durante los años de la dictadura, de la
que “el señor Juan Pablo Saa es sindicado por la Agrupación
HIJOS como partícipe activo de sus políticas represivas”.
El juez agrega que la presentación del militar adolece de diversos
vicios, como por ejemplo no indicar el domicilio de la demandada (HIJOS)
y estos defectos no son “formales”, puesto que hacen al “derecho
que tienen todos de ser oídos por el juez y no sólo el peticionante”.
Asimismo, explica Leiva, “en cuanto a que se trate de una amenaza
de un particular, no se ha acreditado en autos la procedencia del fuero
federal, que es restringido y de excepción”. Lo que, en realidad,
se está peticionando, infiere Leiva, es la protección policial
ante las aparentes amenazas de un particular”. En virtud de esas
consideraciones, Leiva resolvió rechazar “in limine”
la acción de amparo.
El general Juan Pablo Saa estuvo procesado por los delitos cometidos como
jefe de la subzona 33, desde enero de 1978 hasta enero de 1979, jurisdicción
en la que se hallaban los centros clandestinos de detención del
Liceo Militar General Espejo, de la Penitenciaría de Mendoza, de
la Compañía de Telecomunicaciones 141 “Campo Los Andes”,
de la Delegación de la Policía Federal de San Luis. En enero
de 1979, Saa pasó a desempeñarse como jefe de la subzona
11, que comprendía los partidos bonaerenses de Luján, Mercedes,
General Rodríguez, Marcos Paz, Las Heras, Navarro, Lobos, Cañuelas,
Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, Avellaneda, La Matanza, Quilmes,
Varela, Berazategui, San Vicente, Brandsen, Monte y Lanús. La Corte
Suprema lo desprocesó en febrero de 1988 en aplicación de
la “ley de punto final”.
JURI
ANUNCIA CAMBIOS PARA LA UNIVERSIDAD Y LOS TERCIARIOS
“Un sistema educativo menos rígido”
Por Javier Lorca
“Si uno imagina que en
el futuro Argentina va a estar como Africa, hará falta un plan
como el que quiso poner FIEL. Ahora, si queremos otro país, hará
falta un sistema educativo menos rígido.” Con esa convicción,
el ex ministro de Educación Hugo Juri presidirá una comisión
que –promovida por el actual ministro, Andrés Delich–
deberá elaborar en cuatro meses un informe sobre el estado actual
de la educación superior nacional y los cambios necesarios. En
diálogo con Página/12, Juri anunció que la comisión
empezará a trabajar en unos diez días.
–¿Cuál será el objetivo de esta comisión?
–Vamos a trabajar para imaginar un sistema acorde con las necesidades
futuras del país. Si uno imagina que Argentina va a estar como
Africa, hará falta un plan como el que quiso poner FIEL. Ahora,
si queremos otro país, hará falta un sistema educativo menos
rígido, con trasvasamientos entre las universidades y con los institutos
terciarios. Hay que analizar cómo orientar las matrículas;
el ingreso y el egreso; el financiamiento público y el extra estatal;
cómo medir la calidad. Y cómo desarrollar la educación
continua: nadie se preocupa por evaluar si, después de 30 años
de graduado, un médico, por ejemplo, actualizó sus conocimientos.
–¿Quiénes van a integrar la comisión?
–Lo va a definir el ministro. Pero habrá rectores de universidades
públicas y privadas, ministros provinciales, el consejo asesor
de Educación y actores universitarios. También vamos a convocar
a expertos del exterior. Y a sectores externos al sistema educativo. El
Ministerio de Salud ya llamó a los decanos de Medicina para analizar
cuántos médicos se van a necesitar. También se hará
con la industria, el sistema científico y otras áreas.
–¿Cómo se va a trabajar?
–Primero, en subcomisiones. Los representantes sectoriales harán
su aporte y, después, todo se va a debatir en un plenario para
buscar un resultado de consenso. Si no, habrá dictámenes
de mayoría y minoría.
–¿Cuáles van a ser las consecuencias del informe?
–Una posibilidad es que salgan propuestas para modificar la Ley de
Educación Superior. Hay cuestiones como la educación a distancia
y las universidades extranjeras que no están contempladas en la
ley. Pero el objetivo final no será cambiar la ley, sino analizar
todo el sistema.
–¿Se va a elaborar un diagnóstico o saldrán
propuestas concretas?
–Las dos cosas. Un diagnóstico, por ejemplo, sobre la cristalización
de carreras tradicionales, como Medicina o Derecho, y la falta de graduados
en otras, como Biotecnología e Informática. Como propuestas,
se podría extender los colegios universitarios para enfrentar la
deserción y la masividad. Otra propuesta podría ser mejorar
la sinergia entre universidad e industria. Para medir la calidad, se podría
poner un examen al final de las carreras.
–¿Habrá algún límite para el debate?
¿La gratuidad y la responsabilidad del Estado en el financiamiento
también se van a discutir?
–Hay que debatir todo, sin corset ideológico. Esto no quiere
decir que algo de eso se vaya a cambiar, sino que hace falta una discusión
abierta.
–¿Qué opina de la idea de Delich de planificar el ingreso?
–Se va a discutir. El ingreso ya se planifica en la universidad.
La UBA tiene el CBC; la Universidad de Córdoba, su ciclo de ingreso.
Pero el país tiene pocos estudiantes. Hacen falta más. Aunque
hay casos complejos, como Medicina, donde es preciso estudiar con pacientes
desde 1º año. Y no es ético que un paciente, que viene
del sector social más vulnerable, sea examinado por 30 alumnos.
El número de personas que se puede formar depende del número
de camas disponibles y de la cantidad de alumnos que pueden ver al paciente.
En las demás carreras no es así. Pero esto debe decidirlo
cada universidad.
–¿El informe será vinculante para el ministerio?
–Será una herramienta para que el ministro tome decisiones.
Aunque, si el ministro lo pidió, es porque lo va a usar. Si lo
hacemos bien, con consenso y personas calificadas, y si el informe se
hace público, es difícil que no sea casi vinculante.
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