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El juez Rodolfo Canicoba Corral ordenó la captura internacional
del ex presidente de Paraguay, Alfredo Stroessner, del ex jefe de inteligencia
de Chile, Manuel Contreras y la indagatoria, para el 5 de junio, del represor
Jorge Rafael Videla, en la causa en que investiga el desarrollo del Plan
Cóndor. Es la primera vez que la Justicia acusa a tres altos funcionarios
de tres Estados distintos de formar una asociación ilícita.
El juez remarcó, además, que existió “una organización
criminal que actuó en el Cono Sur (...) destinada y dedicada a
la comisión de los delitos de secuestro agravado, aplicación
de tormentos, homicidio y desaparición forzada de personas en el
territorio de los países involucrados y mediante el uso criminal
del aparato del Estado respectivo”.
“La acreditación del Plan Cóndor surge de un acuerdo
del máximo nivel político y militar de los estados argentino,
chileno, uruguayo, paraguayo, boliviano y brasileño, todos los
cuales definieron tener su sede operativa en Chile”, señala
el juez Canicoba Corral, en una resolución que está basada
en gran medida en los elementos presentados por los abogados querellantes
Alberto Pedroncini, David Baigún, Albor Ungaro, Ernesto Moreau
y Carlos Zamorano en representación de seis mujeres que tienen
familiares desaparecidos.
Alfredo Stroessner fue el señor de la vida y la muerte en Paraguay
durante más de 30 años, hasta que en 1989 lo destituyó
un golpe comandado por su pariente Andrés Rodríguez. Más
tarde, el hallazgo de gran cantidad de documentación en oficinas
de Asunción se convirtió en la primera prueba a escala masiva
del Cóndor. Vive en Brasil.
Manuel Contreras fue el encargado de la inteligencia militar durante los
años más feroces de la dictadura de Augusto Pinochet, que
también está imputado en la causa. Dirigió los principales
operativos de secuestro, tortura y asesinato dentro y fuera de Chile.
En el exterior ordenó el asesinato de Orlando Letelier, el canciller
del presidente socialista Salvador Allende que fue asesinado durante su
exilio en Washington junto a su secretaria Ronnie Moffit. Contreras está
preso en Chile, con arresto en su casa.
Jorge Videla, jefe del Ejército en la primera junta militar de
la dictadura y primer presidente del gobierno que tomó el poder
en 1976, ya fue condenado en 1985 por casos de homicidio y tortura. Indultado
por Carlos Menem, actualmente está procesado por el robo de bebés.
Su participación en el Plan Cóndor se sumaría como
otra carga más a su foja de servicios. Cumple arresto domiciliario
en su departamento de Belgrano.
El texto de la resolución reconoce que el objetivo de la Operación
Cóndor fue “la obtención, intercambio y ordenamiento
de la información de inteligencia” sobre quienes eran considerados
“izquierdistas, comunistas y marxistas para eliminar sus actividades”
del Cono Sur. “Preveían operaciones conjuntas contra víctimas
en todos los países miembros” que incluían “también
el traslado de las víctimas de un país a otro”. La
confirmación de que los tres países actuaban de común
acuerdo surgió tiempo atrás de informes de inteligencia
de Estados Unidos.
Desde un principio los abogados que impulsaron la investigación
sostuvieron que la mayoría de los delitos investigados se cometieron
en la Argentina, y por eso deben ser juzgados aquí. El juez responsabilizó
a Stroessner, Videla y Contreras por la privación ilegal de la
libertad de ciudadanos argentinos, chilenos, paraguayos y uruguayos.
Lo que el abogado Pedroncini destacó es que “la decisión
judicial fue juzgar no sólo el delito de desaparición forzada
de personas cometido en territorio argentino sino también los casos
en que los autores o las víctimas fuesen argentinos”.
Tanto a Contreras como Stroessner se los acusa de haber liderado la asociación
ilícita, que es un delito no excarcelable. Por eso Canicoba Corral
–que se hizo cargo del expediente después de que renunciara
su colega Adolfo Bagnasco– pidió que sean extraditados y detenidos
en forma preventiva. Para llegar a esta decisión, que firmó
el 11 de abril, el juez invocó la Convención sobre imprescriptibilidad
de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, la Declaración
de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la Desaparición
Forzada de Personas (1992) y la Convención Interamericana sobre
Desaparición Forazada de Personas (1994).
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