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PANORAMA POLITICO
Por J.M. Pasquini Durán

INDECENCIAS

Desde la famosa frase confesional –“Robo para la corona”– que marcó como un estigma la década oficial de los años 90, nunca antes de ahora las constancias judiciales ubicaron al ex presidente Carlos Menem tan cerca de una acusación formal por delitos estipulados en el Código Penal vigente. Suficiente motivo para que la atención noticiosa de estos días aplique la lupa sobre la investigación judicial acerca del tráfico ilegal de armas producidas por Fabricaciones Militares (FM) hacia Croacia y Ecuador. Los sendos decretos del Poder Ejecutivo que autorizaron esas ventas nunca reconocieron a los destinatarios finales, ni hay constancia firme hasta el momento de las comisiones secretas cobradas, es decir coimas, ni de quiénes las embolsaron en su provecho personal. Dos, por ahora, de los ex ministros imputados en la misma causa, Oscar Camilión y Erman González, han sugerido sin demasiados rodeos que la investigación tendrá que involucrar a Menem para quedar completa. La detención de Emir Yoma, hermano de Zulema, ex primera dama, y hombre de vara alta en aquel gobierno, acusado de encabezar una asociación ilícita dedicada a obtener beneficios privados de ese comercio clandestino, reforzó las sugerencias. Domingo Cavallo, co-firmante de los decretos del escándalo, después de siete años de integrar el gabinete menemista, afirmó que Emir Yoma actuaba siempre por instrucción directa del jefe del Estado.
Las sospechas generalizadas en la población referidas a la acumulación de fortunas increíbles por corrupción entre funcionarios y amigos de ese gobierno se mezclan con la incredulidad pública en la posibilidad de impartir justicia a la persona que la merezca, no importa su rango, antecedentes o identidad. La reciente experiencia maligna en el Senado nacional, con la que no pudo ni el vicepresidente Carlos Alvarez, fue otra prueba desalentadora. Por eso, aunque la capacidad popular de indignación permanece latente, la confianza en la igualdad ante la ley está muy lastimada, herida demasiadas veces por sucesivas evidencias de impunidad, resultantes de una perversa trama de influencias, sobornos, complicidades, recíprocas protecciones mafiosas, solidaridad corporativa, ruptura de la independencia del Poder Judicial y hasta presuntas “razones de Estado”, de “gobernabilidad” o de “reconciliación y unidad nacionales”. Sin las espesas redes de impunidad, es probable que el país ya hubiera aportado a la nómina latinoamericana de gobernantes caídos por latrocinio, entre ellos el brasileño Collor de Mello, el mexicano Salinas de Gortari, el venezolano Pérez y el peruano Fujimori, por mencionar a los más cercanos en la memoria colectiva.
Cada uno de ellos, en sus respectivos turnos, llegó a la cima impulsado por el voto popular y creyó que era intocable para siempre, hasta que extravió la omnipotencia por causas diversas. También en esos países, los sistemas de privilegios que hicieron de América latina la región más injusta del mundo hacían suponer que los marcados por el “óleo sagrado” nunca serían abandonados a su suerte. Muchos se hacían cruces cada vez que imaginaban semejantes situaciones, atormentados por augurios caóticos, propios de las peores pesadillas. Sin embargo, sucedió lo inimaginable y la tierra no se rajó, no brotaron los fuegos infernales ni se desmoronaron los edificios. Tampoco, es cierto, las ancestrales injusticias sociales quedaron canceladas tras la caída de una camarilla de aprovechados y los pueblos tuvieron que seguir bregando por destinos mejores, pero ahora con la confianza de que se puede y la esperanza oxigenada. Esos sentimientos no son figuras retóricas ni pueriles exhortaciones en contra de la resignación fatalista, sino necesidades tan indispensables como las demandas materiales. Ahora mismo, ¿cuántos argentinos, que ya no saben en qué ni en quién confiar, quieren creer que Cavallo es como Midas que convertía en oro todo lo que tocaba y que logrará reconciliar a “losmercados” con la justicia social? A la inversa, ¿cuántos delitos ordinarios son cometidos hoy en día por jóvenes desesperanzados, adolescentes en muchos casos, a los que les da igual matar o morir porque han perdido todo sentido de pertenencia a la comunidad donde nacieron?
Hasta por razones de elemental seguridad cotidiana, el país requiere de una moral nueva, de decencia, honestidad, principios éticos o como quieran catalogar esta demanda. El verdadero riesgo del país, que no cotiza en Bolsa, hay que nombrarlo con las 5-D: Desazón, Desilusión, Desconfianza, Desconcierto, Desintegración. Podría agregarse otra: Diáspora. No es poca la influencia de la corrupción sin castigo en esos estados de ánimo. Aun partidarios del libre mercado ya reconocen la nefasta obra de los bandidos. “En muchos países de la región el ‘amiguismo’, las conexiones políticas y regalos se han convertido en las claves del éxito económico, en lugar de la modernización de las empresas y el riesgo empresarial” (A. Oppenheimer, Ojos vendados, Estados Unidos y el negocio de la corrupción en A. Latina). Los que desde el movimiento popular vienen combatiendo por renovar esperanzas contabilizan logros para nada insignificantes. Igual que un signo emblemático, desde anteayer, Emir Yoma comparte la prisión en Campo de Mayo con Emilio Massera, el Tigre Acosta y el Turco Julián, reos por crímenes cometidos durante el régimen del terrorismo de Estado, practicantes entusiastas del “derecho al botín” como última justificación de su abominable gestión. El contrabando del oro, las coimas de IBM–Banco Nación, el lavado de dinero a través de sistemas bancarios, Raúl Moneta y el Federal Bank, las conductas del titular del Banco Central, Pedro Pou, cuestionado por legisladores, son otros tantos nombres, apellidos y títulos de una lista más larga de tropelías que quedaron al desnudo a la vista de todos. Los suicidios de Yabrán, Etchegoyen, Cattáneo, nunca aclarados sin lugar a dudas, son trágicos testimonios, algunos como víctimas, de una cadena de vicios que no puede ni debe seguir agregando eslabones.
Oppenheimer, columnista del Miami Herald, escribió en el libro citado que en el análisis de la corrupción “pocos han hablado de la otra cara de la moneda: el papel de las corporaciones multinacionales y los gobiernos de los países industrializados en los escándalos que han sacudido a la región”. Por ejemplo, ¿sería posible contrabandear armas a Croacia y a Ecuador sin la autorización de la OTAN y, en particular, de Estados Unidos? Podrán excusarse con que el visto bueno no incluía el permiso para enviar armas usadas o inútiles ni menos mezclar los deberes con los negocios ilícitos. Si no lo supieron antes, tuvieron que saberlo después, pese a lo cual le colgaron al menemismo la medalla de “aliado extra-OTAN”. La actual reticencia norteamericana a ordenar que se abran las cuentas del banco de esa nacionalidad y sede por donde circularon las coimas del tráfico, ¿qué es, una gentileza para el aliado? A la vista de tales antecedentes, ¿no es lógico preguntarse qué podría suceder si las prácticas indecentes logran cobijo en el Area de Libre Comercio para las Américas (ALCA)? Marta Maffei, de CTERA, dio su propia respuesta: Será “un instrumento no sólo para ganar plata, sino, y principalmente, para vertebrar por esta vía la cultura hegemónica del consumo, de la disciplina social y de la formación de una mano de obra totalmente acrítica, individualista y solitaria, adaptada a la demanda empresaria y a la democracia formal que se satisface con el voto encerrado en la política de la corrupción, el estímulo, la protección y las facilidades para el negocio del que hablamos y para tantos otros que ahora ni siquiera podemos imaginar y siempre en el marco de la entrega incondicional que hoy se denomina ‘gobernabilidad’”.
Así como el negocio de la corrupción tiene dos caras, tampoco será posible erradicarla mientras persista la tremenda desigualdad. La misma página editorial de La Nación que calificó a la huelga del 21 de marzo como un “acto de barbarie”, ayer reclamaba en contra de la asistencia social tal como se realiza en la actualidad por variadas deficiencias, entre ellas “altos niveles de corrupción”, mientras “el 46 por ciento de los pobres son niños y casi la mitad de los niños son pobres” [...] “Entre un 15 y 20 por ciento de los niños padecen desnutrición crónica y la brecha de capacidades que esto genera entre niños pobres y no pobres se transforma en irreversible” [...] “El atraso escolar afecta en una proporción tres veces mayor a los niños más pobres que a los más pudientes”. Termina pidiendo la garantía por el Estado de un ingreso mínimo, primero para las familias indigentes y luego a todas las familias pobres, “a cambio de que los beneficiarios asuman sus responsabilidades básicas, tales como atención sanitaria –desde el embarazo– y la nutrición y educación de los hijos”. Por objetivos similares a estos enunciados se cometió aquel supuesto “acto de barbarie” y por las mismas razones los corruptos, además de la condena que merezcan sus delitos específicos, también deben ser castigados. La corrupción y la esperanza jamás podrán marchar de la mano sin traicionarse.


 

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