Por Horacio Verbitsky

Las condiciones de detención en numerosas comisarías y cárceles de la provincia de Buenos Aires son equivalentes a las de los campos de concentración que funcionaron durante la dictadura militar, al mismo tiempo que se incrementaron las ejecuciones extrajudiciales de niños y adolescentes. Esto no ocurre por casualidad: uno de los más estrechos colaboradores del ministro de Seguridad Ramón Verón y al menos dos de los doce comisarios inspectores ascendidos el 1º de enero de este año tuvieron intervención en algunos de los casos más estremecedores de la guerra sucia de la década de 1970, como secuestros, torturas, violaciones y asesinatos de detenidos y la quema de sus cadáveres (Ver “Los hombres alegres”, en página 4). El abuso sistemático y masivo de la dignidad humana de las personas privadas de su libertad, que puede apreciarse en las fotografías que ilustran estas páginas, cuenta con el respaldo político del gobernador Carlos Rückauf y de su ministro de Justicia, Jorge Casanovas, quienes no hacen sino repetir la conducta de la clase política aborigen en vísperas del golpe militar de 1976 y la que ellos mismos tuvieron en aquellos años. Como entonces, la práctica de los abusadores concita un cierto consenso social, debido a la demanda generalizada de seguridad.

En tinieblas

En octubre de 2000, la defensora oficial María Dolores Gómez denunció ante la Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro la situación aberrante en el penal de Sierra Chica, donde los detenidos son golpeados en forma continua y alojados en las celdas de aislamiento, conocidas con el gráfico nombre de buzones. Son cubículos de 2,50 x 2,50 metros, que “carecen de luz natural y algunas de ellas también de luz artificial. Son obligados a levantarse a las seis de la mañana para bañarse con agua fría y, en caso de negarse, ferozmente reprimidos a golpes. Tampoco durante el tiempo en que permanecen aislados se les permite cambiarse de ropas. Desde afuera podía percibirse un olor nauseabundo, dado que no se les provee de ningún elemento de limpieza, lo que se agrava por la falta de agua en las letrinas, por lo cual deben convivir con sus excrementos, en el mismo lugar donde comen y duermen, en la oscuridad”. Como los perros, tienen dos boles, uno para la comida y otro para la bebida. Ambos están sucios, y deben comer con las manos. Uno de los detenidos que se animó a denunciar la situación fue amenazado por el personal del servicio penitenciario. “Cuando vuelvas a los pabellones, tu vida vale un blíster de Rohypnol”, le dijeron. Los camaristas Fernando Maroto y Juan Carlos Fugaretta decidieron clausurar el pabellón de aislamiento de Sierra Chica hasta que se modificaran sus condiciones. El gobierno provincial desconoció la decisión. El 29 de octubre, quince presos detenidos en la comisaría de Beccar limaron sus barrotes y escaparon por los techos. Entre ellos, uno de los trasladados de Sierra Chica a raíz del hábeas corpus de María Dolores Gómez, procesado por homicidio. Desde entonces, el gobierno provincial puso en su mira a la defensora, como si la responsabilidad fuera de ella y no de la negligente custodia policial.

Lejos de las cámaras

En la unidad 29 de alta seguridad de Melchor Romero la vigilancia se realiza mediante circuito cerrado de televisión, pero esto no impide que los presos sean golpeados. Para ello los llevan al sector de sanidad, donde no hay cámaras. Cuando alguno se anima a denunciarlo, se le informa que la próxima vez saldrá del penal “con una bolsa en la cabeza”. A otro detenido le pidieron que se convirtiera en informante y como se negó lo golpearon. El sábado 3 de febrero de este año, en protesta por las condiciones de hacinamiento se produjo un motín en la comisaría de Villa Alberti, de Pilar. Al concluir, diez de los presos fueron trasladados a la Unidad Penitenciaria 30 de General Alvear. Ante denuncias de los familiares, la defensora Gómez fue al penal. Los detenidos relataron que el personal de la comisaría entró a tiros a las celdas y comenzó a golpearlos mientras gritaban “Ustedes no sirven para la sociedad”. A uno le rompieron dos dientes a patadas y culatazos. Los esposaron y los hicieron arrodillar durante dos horas hasta que llegó el camión, al que los subieron a empujones y, al llegar al penal, los bajaron de los pelos. Allí de nuevo los pusieron de rodillas, los golpearon, los raparon y los rociaron con desodorante porque “eramos unas mierdas”. El mayor de los detenidos declaró que “los chicos no daban más de la paliza y yo, que soy un hombre grande, sentí que me quebraba, ya que recordé cuando estuve detenido en Olmos en la época militar”. A otro lo obligaron a arrodillarse para beber agua del inodoro y en esa posición le patearon la espalda. “Me amenazaron con llevarme a un pabellón donde el resto de la población me golpearía y violaría”, dijo. Un tercero contó que lo hicieron desnudar, y mientras le apretaban el sexo le exigían que silbara. En todos esos casos era impresionante el terror de todos los entrevistados, “no levantaban la cabeza delante del personal del servicio (penitenciario provincial(, como tampoco sacaban sus manos de atrás, notando que todos ellos se encontraban quebrados por la humillación, lloraban y me rogaban que los sacara de allí”. La defensora ordenó una nueva revisión médica antes de retirarse. Todos tenían excoriaciones, heridas cortantes y/o hematomas. Varios identificaron entre los policías que los golpearon a un “oficial Jaime”. En un recurso de hábeas corpus firmado el 8 de febrero la defensora pidió que se hicieran cesar esas condiciones de detención y se comunicara la situación a los jueces “a cuya disposición se encuentran los detenidos”. El mismo día el presidente de la sala Tercera de San Isidro, Raúl Borrino, dispuso que primero fueran trasladados a dependencias policiales y luego se los alojara en otra unidad, en condiciones de habitabilidad.

Un metro por persona

La misma defensora Gómez, junto con sus colegas Alberto Pickenhaym y Fernando Abad, reclamó a la Cámara por la situación de 32 detenidos en apenas dos celdas de la comisaría Tigre III, de Don Torcuato, donde no hay espacio para más de 15. Sólo “algunos poseen colchones, húmedos por las goteras de los techos. Sólo existe un sanitario y el sistema cloacal se encuentra desbordado, por lo que inunda los calabozos y ensucia los colchones con excrementos”, con lo cual los reclusos no pueden dormir. “El piso se encuentra constantemente mojado, las celdas son húmedas y escasas de aire. No existe ventilación ni luz natural y directa”. Como carecen de agua potable, para bañarse con agua fría deben usar un balde. Varios detenidos tenían hongos, casi todos afecciones dermatológicas y uno tuberculosis. No recibe medicación y comparte la celda con otros once, a los que puede contagiar.
Este intolerable estado de cosas ha dado lugar a una creciente confrontación entre algunos jueces y el gobierno de la provincia y sus quintacolumnas. En mayo del año pasado, la Sala III de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de San Isidro constató que las personas detenidas por su disposición alojadas en la Unidad 2 de Lisandro Olmos no disponían más que de un metro cuadrado por persona, carecían de oxígeno y aireación suficiente, de comida y atención médica. Por ello ordenó su traslado a otro lugar. Menos de una semana después, el subsecretario de Política Penitenciaria y Readaptación Social Miguel Plo se presentó ante los jueces sin anunciarse. En tono imperativo les dijo que no cumpliría sus indicaciones y les reprochó que con ellos “no sepodía conversar”. Cada fallo de esos magistrados es respondido con denuncias y pedidos de investigación por el gobernador, el ministro de Justicia y legisladores afines.

Oh Casualidad

En febrero de este año, durante una reunión con funcionarios del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, Plo se quejó de los jueces y defensores que objetaban las condiciones de encarcelamiento. “A la defensora Gómez la tenemos en carpeta” dijo. El 29 de marzo, mientras la defensora Gómez asistía a un juicio oral, un detenido en la comisaría de Beccar cuya presencia ella no había solicitado fue conducido a su oficina, con un solo custodio. El detenido se escapó por otra puerta. Al día siguiente, dos hombres atacaron a la defensora Gómez cuando bajaba de su auto frente a la casa de una amiga. Pensó que querían robarla o violarla, pero la golpearon en ambos pechos y se fueron, sin decirle una palabra, ni recoger su cartera que había caído al suelo. Tampoco se llevaron su Ford Escort. El 4 de abril, Miguel Plo se reunió con la defensora Gómez, abrió una carpeta y en tono amenazante le hizo saber que tenía constancias de sus visitas a cada detenido a lo largo de varios meses. El 5, el presidente del Tribunal de Casación Penal de la provincia, Federico Domínguez, asoció la fuga ocurrida en la comisaría de Beccar y la sucedida del despacho de la defensora Gómez y presentó una denuncia penal en su contra, para que se investigara “si los hechos narrados son producto de un accionar intencional o, al menos, negligente”. Su escrito comienza diciendo que fue Plo quien le informó de la fuga.
En apenas un año, Domínguez completó una voltereta asombrosa. Durante un encuentro de magistrados en Mar del Plata acusó a Rückauf de añorar los tiempos de Francisco I o de Luis XIV, cuando “los jueces eran empleados de otro poder”, objetó el “Estado policial” que se intentaba implantar y ridiculizó la proclamación de “una guerra contra la delincuencia metiéndole bala. Me permito recordarles que, como señalaba Maquiavelo, una guerra se declara cuando se quiere y se da por terminada cuando se puede”. En marzo de 2000, cuando Rückauf y Casanovas atacaron a los jueces por conceder excarcelaciones de detenidos por delitos graves, Domínguez replicó con agudeza que esa practica nazi convertiría a las cárceles en campos de concentración. Sus vaticinios parecen cumplidos, pero ahora Domínguez embiste contra quienes objetan esa situación.
Habitual defensor de policías (entre ellos el comisario Bautista Huici, procesado junto con Juan Ribelli por el atentado a la AMIA), Domínguez fue asesor de la ex secretaría de Seguridad durante el gobierno de Eduardo Duhalde. Mostró un notable interés por el reequipamiento policial y la adquisición de material de comunicaciones en Francia. Siempre lleva una pistola a la cintura, un revolver especial en una tobillera y granadas en el piso de su automóvil, imagen más propia de las vías de hecho que del derecho. El 25 de enero de este año, durante la ausencia de dos de los tres jueces que conformaban el Tribunal de Casación a cargo de la Feria, Domínguez y su colega Horacio Piombo dieron satisfacción a uno de los más insistentes reclamos de Rückauf y resolvieron que la Ley Nacional 24.390, llamada de dos por uno, sólo podía aplicarse hasta el momento de la condena en segunda instancia, lo cual avanza sobre principios constitucionales, como el estado de inocencia, y la legislación nacional, como qué debe entenderse por sentencia firme. Durante el Acuerdo del martes 10 del Tribunal de Casación, su Defensor General, Mario Coriolano, informó sobre la presentación de Domínguez, la repudió e inquirió si había actuado en representación del Tribunal. Coriolano añadió que la actitud de Domínguez constituía el tipo de “intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas” que prohíben los “Principios Básicos sobre la Función de los Abogados”, de las Naciones Unidas. Domínguez dijo que habíaactuado “un día sábado, por propia decisión y en forma inconsulta” y el Tribunal declaró por escrito que no aprobaba su actividad, realizada “a título personal y a su exclusivo cargo”. Según una fuente confiable del Tribunal no debería descartarse que en el Acuerdo de este martes se plantee la destitución de Domínguez por mal desempeño, prevaricato, abuso de autoridad, denuncia falsa y dependencia contrafuncional incompatible con la posición de juez.

Los únicos privilegiados

Al día siguiente, el miércoles 11, el asesor de menores de San Isidro, Carlos Eduardo Bigalli, informó a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de un alarmante incremento en la cantidad de niños muertos en supuestos enfrentamientos con la policía. En el último mes del gobierno de Duhalde la Suprema Corte, a pedido de Bigalli, había ordenado que los tribunales de menores informaran anualmente sobre los casos que les hubieran sido comunicados. El relevamiento de 2000 aún no ha concluido. Bigalli cita datos de organizaciones no gubernamentales, como la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi, según los cuales desde 1983 hasta 1999 murieron 87 niños de ese modo, mientras en los primeros ocho meses de 2000 la cifra llegó a ocho. Dicho de otro modo: a lo largo de 16 años, que incluyen los gobiernos de Antonio Cafiero y Eduardo Duhalde, la policía abatió a un niño cada 67 días. En el primer año del gobierno de Carlos Rückauf, uno cada 30 días. La frecuencia más que se duplicó. Como conclusión, Bigalli propuso la creación de un registro informático de la Suprema Corte, que recibiría información de los tribunales de menores y de los asesores de incapaces. El formulario tipo debería contener por lo menos la fecha, hora y lugar del hecho; los datos personales del niño; la fuerza de seguridad, su personal y la fiscalía que intervinieron. Los jueces y asesores deberían remitir esos datos al Registro dentro de las 24 horas del hecho y la Suprema Corte debería comunicarlo al Procurador General para que dicte las instrucciones que correspondan en cada caso.
El 15 de marzo, Bigalli había presentado un recurso de hábeas corpus en defensa de dos chicos alojados en el Instituto Almafuerte por las degradantes requisas a que son sometidas las mujeres que los visitan. Una madre y su hija de cinco años fueron obligadas a desvestirse, les revisaron “la ropa interior, la cola y les hicieron hacer flexiones”. Cuando subió a ver a su hijo “no podía dejar de llorar por la angustia que le había provocado la revisión”. Otra describió que “la encargada de la requisa le mira la vagina y el ano” pero dijo que no lo había denunciado ni contado a su hijo para poder visitarlo y que el niño “no sufra represalias”. A una tercera madre y su hija de quince años, una policía de uniforme les dijo que si no tosían fuerte y hacían flexiones “les tengo que meter el dedo”. Al enterarse, el niño detenido les pidió que no lo visitaran más. La prosecretaria de patronato de la Corte, María Estela Testoni, reclamó a la interventora en el Consejo Provincial del Menor, Irma Lima, que hiciera cesar estas medidas degradantes. Sin embargo, nada cambió y en marzo una madre denunció que “estaba indispuesta y sin embargo tuvo que hacerlo”. Otra añadió que hasta la obligaron a quitarse el vendaje que cubría una úlcera en su pierna. “El régimen de menores, so pretexto de tutela y educación, recluye en jaulas a los hijos de los pobres, donde padecerán otras formas de violencia institucional. La requisa produce un daño psíquico en quien está privado de la libertad, quien siente que es culpable de la situación”, afirma Bigalli. En los aeropuertos, en cambio, se utilizan métodos menos degradantes, concluye. Podría ampliar sus argumentos con la visita que Emir Yoma recibió el viernes en los parques de Campo de Mayo. A su sobrina Zulema Yoma nadie le pidió que se desvistiera, tosiera o hiciera flexiones.

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