Por Juan Pablo Zurdo
César Gaviria lleva más
de media vida en política (31 de sus 53 años) y siempre
en sentido ascendente. Tras su presidencia de Colombia (19901994), período
de apertura económica y enfrentamiento extremo a los carteles de
la droga, pasó a la Secretaría General de la Organización
de Estados Americanos (OEA), en la que se encuentra en su segundo mandato.
Su actual trabajo es más sosegado que el anterior, pero asegura
que aún tiene enemigos rudos, como el mal funcionamiento del Estado,
responsable de la proliferación de la miseria. No obstante, dice
que Latinoamérica no está peor que hace unos años,
si bien la transparencia informativa favorece esa visión pesimista.
En Latinoamérica crecen la pobreza, la conflictividad social
y el descrédito de los gobiernos. ¿Pueden así afianzarse
las instituciones democráticas?
El crecimiento en la década pasada no ha superado el 3 por
ciento anual, y eso no es suficiente, aunque hay países como Chile
que sí lo han conseguido, también Brasil. Las noticias tan
negativas de América tienen que ver con un carácter de la
globalización, esto es, la transparencia informativa y que los
sistemas políticos están mucho más vigilados. Esto
muestra muchas deficiencias, pero no necesariamente porque las cosas sean
peor que antes, sino porque hay mucha más publicidad, vigilancia
y una presencia mucho más activa de las ONG.
¿Es inevitable pagar un precio social tan alto por aplicar
las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI)?
Esas fórmulas suelen tener altos costos sociales, y la obligación
de los gobiernos es evitarlo. Sin embargo, las buenas políticas
económicas son esenciales para que los países puedan resolver
los problemas de los sectores más débiles de la población.
Tenemos un problema muy grave, y es que la crisis de la deuda debilitó
al Estado. La principal razón por la que hay tanta pobreza es por
esa deficiencia, especialmente en educación. Hay que tener políticas
más activas y Estados que cumplan sus responsabilidades sociales.
¿Hace falta más ayuda de los países poderosos
para atajar esos problemas sociales?
La responsabilidad es fundamentalmente nuestra, de los países
en desarrollo. Sí creo que los países en desarrollo tienen
un derecho que hasta ahora les ha sido relativamente desconocido en las
negociaciones globales de comercio. Los países en desarrollo claman
por un sistema internacional financiero más seguro, con más
recursos y más posibilidades para intervenir en los mercados.
Perú ha estado al borde de la hoguera, y el tándem
Fujimori-Montesinos se reveló particularmente peligroso. Mucho
antes del fin del régimen, ya se pedía a la OEA una actitud
más recia frente a unos desmanes conocidos, aun sin vladivideos.
La OEA cumplió su papel. Valoramos la situación como
preocupante y mandamos una misión de democratización para
trabajar con el gobierno y la oposición. Ésta tuvo entonces
la ocasión de cohesionarse, trabajar ordenadamente y prepararse
para asumir responsabilidades de poder, como en efecto ocurrió.
Fue una sorpresa la manera en que se desmoronó el gobierno y cómo
quedó documentado el caso de corrupción más significativo
en tiempos modernos. Pero logramos una transición ordenada y se
logró llegar a un proceso electoral con plenas garantías
y sin que haya cartas marcadas. Ha habido críticas a la OEA, pero
también un reconocimiento dentro del país muy significativo.
Fujimori representó al tipo de gobernante fuerte que sacaría
al continente del atolladero.
Hubo un tiempo en que la gente creía que para promover las
reformas económicas era necesario un poco de autoritarismo, que
esto no hacía daño y así se podía trabajar
con mucha más disciplina. El resultado es tan negativo que no creo
que nadie piense ya que ése es el camino corto hacia el crecimiento.
En los últimos años, cuanto más se ha endurecido
la persecución y la coordinación internacional contra el
narcotráfico, más ha prosperado el negocio. ¿Qué
impide un cambio de estrategia o un debate sobre la legalización?
Las medidas policiales se centran más en la producción,
y es necesario que los países desarrollados controlen su demanda.
El debate sobre la legalización tiene sentido en los países
desarrollados y es imposible dictarlo desde fuera. Nuestros países
no pueden imponerlo, si es que se piensa que es una solución, pero
no lo es necesariamente. Se puede hacer mucho más para disminuir
la demanda, trabajar en temas de salud y educación, y ahí
aún hay grandes limitaciones.
¿Cuándo saldrá Colombia del pozo?
Creo que el problema es transitorio. El Estado colombiano debe buscar
el monopolio del uso de la fuerza para solucionar estos problemas. El
de la guerrilla, por la vía de la negociación; el del narcotráfico,
por una vía policial y militar mucho más eficaz, debilitando
la base financiera de los grupos dedicados a esa actividad, desde delincuentes
comunes a paramilitares y guerrilleros.
Sin embargo, las negociaciones no tratan temas de fondo, crece el
paramilitarismo y el respaldo militar estadounidense. Parece que el país
se dirige a una solución en el campo de batalla.
Fundamentalmente el apoyo de Estados Unidos es contra el narcotráfico,
no contra las guerrillas. Colombia debe persistir en esa política
de negociación y veremos buenos frutos en estos años.
¿Cree que el Estado y los grupos económicos están
dispuestos a hacer concesiones políticas y económicas a
una guerrilla capaz de tutear al gobierno? Además, el respaldo
al paramilitarismo refleja una derechización preocupante.
Todavía no se sabe qué nivel de compromiso va a existir.
Hay bastante voluntad política para resolver este problema por
esa vía. El crecimiento del paramilitarismo es un aspecto muy negativo,
e infortunadamente también es consecuencia en gran medida de los
abusos de la guerrilla. Pero el Estado tiene que combatir a estos grupos
y no tratar de soslayar esa enorme responsabilidad.
Los paramilitares conviven en buena vecindad con el ejército
y los choques entre ellos son escasos.
Hay muchas acciones gubernamentales contra el paramilitarismo, aunque
desde luego insuficientes para detener la magnitud que ha ido adquiriendo
el problema.
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