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Por Oscar Guisoni
Desde
La Paz
 ¿La tercera será
la vencida? Esa pregunta se la debe estar haciendo en la intimidad el
presidente boliviano, Hugo Banzer, mientras ve cómo se teje a su
alrededor la trama de una nueva crisis social en su país. Anunciado
desde que culminó la última rebelión en setiembre
del año pasado, el flamante conflicto se ha ido radicalizando durante
la pasada semana, desde que el lunes partió de la ciudad de Cochabamba
la marcha a pie de la Comunal, un coordinadora integrada por campesinos
y productores de coca de la región del Chapare, que se proponen
llegar a La Paz el próximo 24 de abril.
Intentando ser previsor, el gobierno armó hace unos meses una Comisión
Anticrisis destinada a contener el descontento social antes de que se
desborde, como ocurrió en abril y setiembre del 2000. Pero la torpeza
de la administración Banzer siempre sorprende. El miércoles
por la tarde, mientras los ministros dialogaban con los representantes
de la Central Obrera Boliviana en la sede del gobierno, la policía
interceptó a los marchistas en la cercanías de la población
de Pongo, a unos 90 kilómetros de Cochabamba. El diálogo
se interrumpió; la Iglesia y los organismos de derechos humanos
condenaron duramente al gobierno y el resto de los sectores enfrentados
al Ejecutivo se preparan hoy para responder con más conflicto al
desatino.
Además, la irrupción de la policía no fue suficiente
para detener la protesta. Los dirigentes de la marcha, anticipándose
a la represión, habían dividido la manifestación
el día anterior en cuatro, internando a tres de los grupos por
caminos de herradura entre las montañas.
Mientras tanto, en el campo y en las ciudades, un conglomerado heterogéneo
de sectores descontentos con el gobierno prepara una agenda de protestas
que hace temer que los acontecimientos del año pasado se repetirán
en los próximos días, con una intensidad aún mayor.
Los médicos de la Caja Nacional de Salud, que nuclea a todos los
hospitales estatales del país, mantienen desde hace 10 días
una huelga general por tiempo indefinido de masivo acatamiento. Cuarenta
trabajadores de la Caja, de Cochabamba y La Paz, han entrado incluso en
huelga de hambre el jueves.
Los maestros, a su vez, amenazan con comenzar una huelga con manifestaciones
en todo el país el próximo martes, medida a la que sumarían
también los trabajadores fabriles, que desde hace al menos dos
años tienen sus sueldos congelados.
Por si eso fuera poco, está comenzando a organizarse en La Asunta,
un pueblo de la región tropical de Yungas, una marcha de cocaleros,
descontentos con la política de erradicación de cultivos
de coca, que el gobierno Banzer viene cumpliendo desde hace dos años,
presionado por la embajada norteamericana. Yungas es una región
donde el cultivo de coca se practica desde antes de la Colonia. A diferencia
del Chapare, donde se focalizaron las protestas el año pasado,
en donde el cultivo de hoja de coca nunca fue tradicional y estaba mayormente
destinada al narcotráfico, aquí la población aymará
ha manifestado en más de una ocasión que prefiere “dar
la vida” antes que dejar que el gobierno arrase con su costumbre
milenaria.
Otro grupo, para nada pequeño, que volverá a las calles
a partir del lunes, es el conformado por los pequeños prestatarios,
que no pueden hacer frente a las deudas contraídas con los bancos
en los últimos tiempos.
Organizados en una asociación nacional que nuclea a más
de 30.000 personas, han hecho gestiones durante los últimos días
para integrarse orgánicamente a la COB y coordinar con ella las
protestas. Los jubilados ylos cooperativistas mineros engrosarán
también las manifestaciones a partir del lunes.
Pero el verdadero fantasma que le quita el sueño al general Banzer
es el dirigente indígena Felipe Quispe. El Mallku (como se lo conoce
popularmente), secretario ejecutivo de la poderosa Central Sindical Unica
de Trabajadores Campesinos Bolivianos (CSUTCB), se mantiene estos días
a la espera de que el conflicto vaya subiendo en intensidad por sí
solo y ha dado un ultimátum al gobierno, para que cumpla con las
promesas que hizo en setiembre del año pasado y que sirvieron para
poner fin a la última crisis, hasta el 1º de mayo. Si el Poder
Ejecutivo no pudiera satisfacer estas demandas en los próximos
15 días (modificación de la Ley de Reforma Agraria, creación
de universidades indígenas, otorgación de créditos
blandos a los campesinos, etc.), los indígenas comenzarán
lo que denominan “el tercer y definitivo” bloqueo de las carreteras
de todo el país.
Como es obvio que no podrá cumplir, el gobierno sólo atina
a abrir el paraguas y esperar el chubasco. La oposición política
tradicional (el MNR del ex presidente Sánchez de Lozada) le pidió
incluso esta semana que convocara a elecciones anticipadas y no esperara
a 2002 para culminar su mandato.
Mientras tanto, el general Banzer confía en el único poder
capaz de garantizarle que su caída no será inmediata: el
poder de fuego de sus amigos los militares, desplazados en las últimas
horas por todo el país, hacia los lugares donde se presume que
estallará el conflicto.
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