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Por Francesc Relea
Desde
Bogotá
 La inseguridad que padece Colombia,
como resultado de la violencia a tres bandas que ejercen guerrilleros,
narcotraficantes y paramilitares de ultraderecha, empieza a contagiarse
a algunos países vecinos. “Regionalizar” el problema,
o mejor dicho el conflicto, es uno de los propósitos confesados
de la política de la nueva administración norteamericana
para América latina. El llamado “Plan Colombia”, puesto
en pie por el gobierno del presidente Andrés Pastrana con dinero
fresco de Estados Unidos (1.300 millones de dólares) para la lucha
antinarcóticos, hace sentir sus primeros efectos en Ecuador. La
frontera con Colombia ha servido durante años de santuario de la
guerrilla y de ruta de abastecimiento de pertrechos militares y contrabando
de ingredientes para la producción de cocaína.
Patrullas de la Brigada de Selva Napo descubrieron en fecha reciente en
la región de Sucumbíos, en el límite internacional
con Colombia, tres bases que eran utilizadas por las FARC. “Es un
secreto a voces que las FARC han usado durante mucho tiempo la zona fronteriza
del norte de Ecuador, como Lago Agrio, para descanso y avituallamiento.
Eso no cambiará con o sin plan Colombia”, afirma Scott M.
Rauland, consejero de prensa de la Embajada de Estados Unidos en Quito.
Muchos defensores del plan Colombia sostienen que no cabe diferenciar
narcotráfico y guerrilla, ya que ambos fenómenos están
completamente entrelazados. De ahí el término narcoguerrilla.
Peligroso maniqueísmo, opina Ricardo Soberón, experto en
políticas de seguridad y drogas y representante en Perú
de Acción Andina. “No se debe confundir narcotráfico
y guerrilla”, dice. “Para vencer a la guerrilla hay que quitarle
la base social. En el valle del río Putumayo, la base social de
la guerrilla colombiana son los pisadores de coca, los cultivadores de
coca y todo el entorno social del narcotráfico.
Quienes pretenden que mediante la fumigación química o biológica
van a generar condiciones para vencer a la guerrilla, están completamente
errados. Creo que el Departamento de Defensa de Estados Unidos y la CIA
se equivocan”, advierte Soberón.
La frontera
Quienes rechazan el Plan Colombia sostienen que la intención de
regionalizar el conflicto colombiano, esto es, involucrar a diferentes
países de la región, tendrá como efecto inmediato
un aumento de la acción de los grupos insurgentes. Y Ecuador es
el país más vulnerable de la región, según
la opinión mayoritaria de las fuentes consultadas.
El primer afectado ha sido el comercio fronterizo. Los intermediarios
que pasaban de lunes a viernes a los campos cocaleros han sido desplazados,
y la actividad de aquellos que venían de Cali y del interior de
Colombia por turismo o comercio ha sido liquidada. En Carchi, en la zona
fronteriza de Tufiño, se extiende la práctica del boleteo
(impuesto de guerra bajo amenaza de secuestro o de muerte), establecida
por guerrilleros y paramilitares colombianos. Al caer la noche, la violencia
se cobra sus víctimas en ajustes de cuentas, asaltos, robos y secuestros.
Todo ello, en una zona donde el desempleo oscila entre el 30 por ciento
y el 40 por ciento. El segundo impacto ha afectado a los pequeños
y medianos productores de cereales, frijoles y guisantes. Además,
la mayor fuente de ingresos de Ecuador está en peligro, ya que
es prácticamente imposible garantizar la protección del
oleoducto que transita desde la selva oriental a la costa. Ha habido varios
atentados sospechosos contra instalaciones del oleoducto.
El “Plan Colombia” tiene sus orígenes en 1998, en el
curso de la primera visita del presidente Pastrana a Estados Unidos. El
mandatario colombiano presentó en Washington un plan de cuatro
ejes para salir del callejón sin salida en que se halla su país:
apoyo a iniciativas de paz, negociación, reforma política
y seguridad ciudadana. Se trata de un plan económico para transformar
cultivos de coca en cultivos productivos. Empezó a fines de diciembre
pasado con las fumigaciones, y ahora están a punto de empezar los
programas de infraestructura. El problema es que el alto índice
de violencia dificulta en extremo la puesta en marcha de programas civiles
de desarrollo.
En el terreno militar, el plan implica la preparación de dos batallones
antinarcóticos del Ejército colombiano, 63 helicópteros
Black Hawk y Huey (de fabricación norteamericana) y el suministro
de inteligencia móvil sobre los movimientos de las FARC. En una
segunda fase entrarían en acción contingentes de la alianza
de países limítrofes, lo que genera inquietud en las Fuerzas
Armadas de Ecuador, que carecen de voluntad de lucha porque, en definitiva,
no se trata de un problema ecuatoriano. La tecnología y los medios
aéreos, ya en acción, son, por supuesto, de Estados Unidos.
El 12 de noviembre de 1999, el entonces presidente ecuatoriano Jamil Mahuad
y su ministro de Defensa, general José Gallardo, firmaron un acuerdo,
que no fue discutido en el pleno del Congreso ecuatoriano, que permite
el uso de la base militar de Manta por la Fuerza Aérea de Estados
Unidos para “operaciones aéreas de detección, monitoreo,
rastreo y control de actividades ilegales y tráfico de narcóticos”,
con una duración de 10 años. Grupos de derechos humanos
presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el tratado, que
fue rechazado por el Tribunal Constitucional. “El resultado es que
hoy estamos comprometidos hasta el cuello con el Plan Colombia”,
dice el general René Yandún, prefecto provincial del Carchi.
“Vamos a invertir más 60 millones de dólares en mejoras
de la pista del aeropuerto y construiremos edificios para nuestros aviones
y dormitorios para nuestros soldados. En el futuro todo esto quedará
para los ecuatorianos”, replica Scott Rauland. Manta albergará
hasta 400 soldados norteamericanos y varios aviones AWACS de reconocimiento.
El año pasado, Estados Unidos tuvo que abandonar el Canal de Panamá,
en cumplimiento del acuerdo Torrijos-Carter, que establecía la
salida de las fuerzas militares estadounidenses en el año 2000.
Con ello, los 1300 efectivos instalados en cuatro bases tenían
que desplazarse a otro lugar. “El interés estratégico
de Manta aumenta después de nuestra salida de Panamá –admite
Rauland–. Cuando el general Powell [secretario de Estado de Estados
Unidos] dice que quiere regionalizar el problema, lo que quiere es encontrar
soluciones para prevenir siembras de coca en otros países. Por
ejemplo, Ecuador. Porque si el programa en Colombia tiene éxito,
pueden desplazarse a Ecuador para sembrar coca. Ya está pasando”,
advierte el portavoz de la embajada norteamericana. Washington ha aprobado
20 millones de dólares para fondos del Plan Colombia con destino
a Ecuador, tanto para recursos militares como para proyectos de infraestructura
en las zonas fronterizas. “Si es necesario, estamos dispuestos a
pedir más dinero para Ecuador”, precisa Rauland.
“Con el Plan Colombia se cierra la puerta al diálogo. No ha
intervenido la ONU ni se ha implicado a la comunidad internacional en
una salida negociada”, lamenta Soberón. Según el representante
peruano de Acción Andina, el plan Colombia “es una redefinición
de la seguridad hemisférica americana, en la cual se deja de lado
el TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) para proponernos
un nuevo sistema en el que Estados Unidos ya no desearía intervenir
militarmente de forma directa. Ahora se trata de crear grupos de amigos,
anillos de seguridad preventivos, para generar colectividades hemisféricas
en torno a problemas puntuales, como drogas, emigrantes, problemas ambientales
o el conflicto colombiano”.
El ex presidente peruano Alberto Fujimori cumplió un papel muy
específico en este proceso, en la creación de un anillo
de seguridad para Estados Unidos. En la época de Fujimori se adoptaron
medidas muy concretas no tan sonoras como las ecuatorianas. La base fluvial
de Nanay, en Iquitos, es un paso muy importante, con dinero norteamericano.
Dispone de mecanismos antidrogas a lo largo de todo el río Putumayo,
que separa a Colombia de Ecuador y de Perú.
Los observadores estiman que el Plan Colombia incidirá negativamente
en el diferendo limítrofe con Venezuela por el golfo de Maracaibo.
La escalada armamentista colombiana preocupa al presidente venezolano
Hugo Chávez, quien a su vez despierta enorme recelo en la administración
estadounidense. Por su parte, el gran vecino sudoriental, Brasil, se ha
caracterizado por practicar una política tradicional de no injerencia
en asuntos internos de terceros países, incluido el caso Colombia.
Hasta que el año pasado empezaron los incidentes de irregulares
colombianos en territorio brasileño. Los militares alertaron al
presidente Fernando Henrique Cardoso y exigieron mayor presencia en la
cuenca amazónica. La Operación “Cobra” de fuerzas
colombianas y brasileñas y el sistema de vigilancia amazónica,
un mecanismo de 24 radares, han sido los primeros resultados de la alerta
de Brasilia.
La coordinación militar entre los países de la región
tiene varios exponentes en ejercicios conjuntos y cursos de entrenamiento
para operar bajo un mando unificado. Militares extranjeros operan en la
base fluvial de Nanay (Amazonía peruana); en el Coca funciona la
escuela de combate de selva ecuatoriana, donde hay militares peruanos;
y la estructura militar boliviana en el Chapare tiene componentes brasileños.
El “modelo” peruano
El flujo de refugiados por los efectos del Plan Colombia difícilmente
llegará a Perú, porque el manto verde de la Amazonia no
lo permite. Van a ir básicamente a Ecuador y a Venezuela. Pero
Perú sí va a sufrir las consecuencias del retorno al narcotráfico,
y ya hay algunos indicios. Después de una fuerte crisis en los
precios de hoja de coca y de pasta básica entre 1994 y 1996, producto
de los cambios internacionales del mercado, las mafias peruanas se reconvirtieron
entre el ‘96 y el ‘98, reduciendo la extensión de las
plantaciones y empezando a producir clorhidrato (cocaína) de altísima
calidad, a precio más bajo que el colombiano y sacando la droga
por vía marítima desde los puertos peruanos hacia Europa
y Estados Unidos. “La administración Clinton necesitaba presentar
a la oposición republicana resultados en su estrategia antidrogas.
Perú era el modelo escogido. Y aprovechó la reducción
de cultivos por obra del mercado internacional para atribuirle el éxito
a Fujimori, a lo que hay que añadir la derrota de Sendero Luminoso
y la captura de Abimael Guzmán”, apunta Ricardo Soberón.
Hoy Fujimori está en Japón y su asesor y máximo responsable
de la lucha contra el narcotráfico, Vladimiro Montesinos, está
en paradero desconocido, después de comprobarse que dirigía
una red mafiosa gigantesca, que incluía el control de los principales
“capos” de la droga, con el presumible conocimiento de la CIA.
Para Soberón, “el tema drogas es la bisagra en la relación
bilateral Perú-Estados Unidos”. Por eso es vital para Washington
tener a Perú dispuesto a colaborar en planes hemisféricos.
Sobre todo cuando en la nueva geopolítica regional hay un eje que
se está fortaleciendo, el eje Caracas-Brasilia, un eje que comparte
intereses geopolíticos sobre la Amazonia, económicos en
el petróleo y el gas, y diplomáticos con relación
a Estados Unidos. Brasilia y Caracas comparten la no injerencia en asuntos
internos de otros países y la equidad y equilibrio en las relaciones
con el vecino del norte, cosas que no necesariamente comparte Washington.
Frente a eso, Estados Unidos pretende poner en pie un eje Lima-Quito-La
Paz, que sea neutral frente a Colombia y frente al eje más izquierdoso
Cardoso-Chávez.
Fumigaciones en
entredicho
En los tres principales escenarios de producción cocalera de los
Andes amazónicos –el valle peruano del Alto Huallaga (departamentos
de Huánuco y San Martín), el Putumayo colombiano y el Chapare
boliviano– se vive una situación de alta tensión. La
política de erradicación de cultivos ha fracasado porque
no ha ido acompañado de acciones de desarrollo rural a corto y
largo plazo, estima Soberón. El agro en la alta selva peruana se
halla en una profunda crisis, lo que hace inviable cualquier plan de desarrollo
rural alternativo. “Al erradicar la media hectárea de coca
que el campesino mantiene en su chacra, se atenta contra la ‘caja
chica’ del productor y su familia, la que le proporciona liquidez.”
El pequeño productor recibe la siguiente amenaza de su gobierno:
o acepta erradicar los cultivos de coca en diez meses (recibiendo a cambio
una compensación irrisoria) o lo fumigamos. En los últimos
diez años la producción en el Alto Huallaga, la cuenca del
Putumayo y en Chapare ha disminuido notablemente (en Perú los cultivos
han caído de 121.300 hectáreas en 1990, a 38.700 hectáreas
en 1999), pero la situación social es explosiva.
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