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Por
Cledis Candelaresi
 A
través de un informe rotulado como “confidencial”, el
Fondo Monetario Internacional cuestionó seriamente el funcionamiento
de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
que, según asegura, “no tiene un plan de fiscalización”
que permita controlar a los contribuyentes y combatir la evasión.
En el documento, al que accedió Página/12, el FMI también
advirtió sobre la necesidad de combatir la corrupción interna
de la entidad y acusó a los bancos de no colaborar con los embargos
de fondos que dispone la Justicia contra los morosos. Las críticas
no sorprendieron al Gobierno.
El estudio titulado “Argentina: nuevos desafíos para profundizar
la modernización de la Administración Tributaria” estuvo
a cargo de John Crotty, Juan Toro, Benjamín Schütz y Luis
Pedroche. Los técnicos trabajaron en base a los datos que les proporcionaron
las propias autoridades de la AFIP y de la Jefatura de Gabinete, que redactó
su propia propuesta para mejorar la eficiencia del organismo que centraliza
a la DGI y a la Aduana (ver aparte).
Con ese bagaje informativo, los técnicos del organismo multilateral
concluyeron que la AFIP adolece de un poder central fuerte que diseñe
planes de control y evalúe su cumplimiento. Debido a un desafortunado
diagrama de funciones que instrumentó el ex administrador Carlos
Silvani, la Subdirección General de Fiscalización (que planifica
el control) y la DGI (que supervisa) están separadas. Este hecho,
“sumado a una mayor autonomía de las regiones, diluye la responsabilidad
de la fiscalización”. Pero el FMI es aún más
categórico cuando asegura que, directamente, “no existe un
plan de fiscalización de la institución”. En gran medida,
porque la tarea de planificar el control está en manos de las delegaciones
regionales, con menos jerarquía que la DGI. Este debilitamiento
institucional también degradó los controles internos que
se encargan de verificar si las presentaciones son consistentes. En los
últimos dos años, la cantidad de casos auditados disminuyó
de 47 mil a sólo cerca de 13 mil.
Los hombres del Departamento de Finanzas del FMI identificaron como otra
gran falencia de la AFIP su sistema informático, desactualizado
y fragmentado en siete subsistemas inconexos. Esta desarticulación
“reduce el potencial de control” y torna utópico cualquier
cruce de información para cazar potenciales evasores, afirma el
informe del Fondo. La principal red para controlar grandes contribuyentes
es la “Dosmil”, que desde su instrumentación, en 1991,
“no tuvo actualizaciones significativas”.
La corrupción es otra de las presuntas debilidades internas, tema
que “ha sido denunciado como un problema serio en el organismo”,
según destaca el trabajo. Aunque el equipo fondomonetarista no
identifica las conductas objetables, da por ciertas algunas denuncias
por irregularidades y recomienda la manera de recomponer la situación.
Hay que “fortalecer las medidas de control interno y dar señales
claras de sanción a conductas alejadas de la probidad”. Se
deben “investigar los indicios de corrupción” y “despedir
a las personas involucradas en esos casos”, insiste.
Finalmente, el Fondo también pone la mira sobre los bancos que,
según subraya el documento, permiten a sus clientes retirar fondos
a pesar de que éstos hayan sido embargados por tratarse de contribuyentes
morosos. Para corregir esa deficiencia, el FMI aconseja “establecer
un sistema de responsabilidad solidaria de las entidades bancarias que
incumplan órdenes de embargo y articular un mecanismo que permita
el acceso a la información de los saldos y movimientos en cuentas
bancarias de deudores en etapa de cobranza coactiva”.
Según reconoció ante este diario una fuente de Economía,
el Gobierno no desconoce que los bancos tienen como norma no impresa advertir
a sus clientes cuando les llega una orden de embargo sobre los fondos,
para que los extraigan antes que queden inmovilizados por la orden del
fisco. Del mismo modo, también es parte de la rutina financiera
no advertir al Estadocuando se reciben depósitos suculentos, aunque
esté vigente la obligación de hacerlo en el caso de que
éstos excedan los 10 mil pesos.
Al cometer esta transgresión, las entidades financieras se escudan
en otra de las falencias del sistema de recaudación tributaria:
la AFIP no les requiere regularmente información sobre sus depósitos.
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Evitar
a los periodistas
Por C. C.
Discreción.
Bajo perfil. Con una transformación integral o sin ella,
la Administración Federal de Ingresos Públicos debería
abstenerse de aparecer en los medios de información tanto
como sea posible. Al menos ésta es la recomendación
que el Fondo reitera en varios pasajes de su documento, en algunos
casos, como notas al pie, en otros, como párrafos del texto
principal. “La aparición del administrador federal (y
de la AFIP como institución) en los medios de prensa debería
reservarse para la comunicación de resultados de la institución
y para fortalecer la conciencia tributaria y modernización
de la institución”, reitera el análisis fondomonetarista
en varias páginas.
“Evitar la discusión pública de aspectos de la
administración” es el primero de los consejos para “fortalecer”
el organismo. Quizás por este criterio, el trabajo elevado
a Chrystian Colombo fue distinguido con el sello de confidencial.
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EL
GOBIERNO COINCIDE CON EL FMI
Colombo
ya lo sabía
Por
C. C.
 Lejos
de caer en saco roto, las advertencias formuladas por el FMI están
muy en sintonía con las críticas que la propia Jefatura
de Gabinete formuló sobre el funcionamiento de la AFIP. Página/12
accedió al Plan Estratégico de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, donde la propia Jefatura considera
a la evasión como “uno de los problemas básicos de
la sociedad argentina”. Aunque, al mismo tiempo, reconoce que la
mayor debilidad del organismo bajo su órbita es no tener, siquiera,
“un plan de fiscalización de amplia cobertura”.
La reestructuración de la AFIP es uno de los capítulos más
sustanciosos de la reforma del Estado que preveía encarar el Gobierno
antes que en Economía recalase Domingo Cavallo. Con aquel afán,
Chrystian Colombo encaró un estudio sobre el organismo recaudador,
donde se reconocen a “la evasión, el contrabando y el fraude
tributario” como “los problemas focales a resolver”.
El diagnóstico es claro y casi idéntico al que realiza el
Fondo. El actual organigrama diluye la responsabilidad de fiscalización;
no existe un plan integral para realizarla; los sistemas informáticos
están desactualizados; no se centraliza el control en las áreas
con más riesgo de incumplimiento y los cruces de información
son parciales: “no se cruza, por ejemplo, la última declaración
de Bienes Personales con la anterior para establecer si hay coherencia
entre ambas”.
Una prueba de la frágil fiscalización es el hecho de que,
según subraya el análisis oficial, el 96 por ciento de los
contribuyentes –que representa el 13 por ciento de la recaudación–
no es objeto de un control sistemático y continuado”.
Los cuestionamientos también incluyen a la Aduana, que “carece
de un sistema completo de inteligencia que sirva de soporte a la fiscalización
y a la detección de ilícitos”.
A partir de este cuadro de situación, los técnicos oficiales
subrayan que la prioridad de la AFIP debe ser combatir la evasión,
“objetivo estratégico que debe ser aprobado políticamente”.
Este solo hecho ayudaría a que la recaudación creciera porque
aumentaría el “riesgo subjetivo” de los contribuyentes.
Teniendo en cuenta que se trata de un documento oficial, esa recomendación
podría considerarse casi como un mea culpa: aunque elípticamente
el informe admite que, en la actualidad, el foco de la AFIP no está
puesto en corregir sus vicios operativos con miras a erradicar la evasión.
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