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Por
Felipe Yapur
 “No
recibimos presiones de nadie y la voluntad de la comisión es la
misma desde que comenzamos a evaluar la documentación: aconsejar
la remoción”, así definió ante Página/12
uno de los legisladores que integra la comisión parlamentaria que
evalúa la gestión de Pedro Pou al frente del Banco Central.
Hoy, al mediodía, los senadores y diputados se reunirán
para corregir el borrador del dictamen. En la comisión se especula
que la redacción final puede estar a más tardar el miércoles
debido a que es probable que el único integrante justicialista
exprese algunas diferencias pero, como señaló el legislador:
“Ya es tiempo de que el Presidente (Fernando de la Rúa) reciba
nuestra opinión y decida qué hacer con Pou”.
Entre 30 y 40 fojas tendrá el dictamen, que en realidad es una
recomendación no vinculante. El consejo de remoción, según
confiaron integrantes de la comisión, se basará fundamentalmente
en que “Pou no cumplió con su deber de vigilar el buen funcionamiento
del mercado financiero” y para ello fundamentarán su decisión
en los casos de lavado de dinero, los redescuentos otorgados a entidades
financieras poco antes de que cerraran como ocurrió con el República,
propiedad del banquero menemista Raúl Moneta, y las liquidaciones
de los bancos Mayo y Patricios. Es probable que el dictamen abarque a
otros miembros del directorio.
Para redactar la resolución final los legisladores se dividieron
el trabajo. El diputado radical Víctor Peláez se dedicó
a destacar el “deficiente” desempeño del funcionario
ante las caídas de los bancos República, Patricio y Mayo.
En el caso del banco de Moneta, el legislador se basó en las dos
auditorías internas que ordenó el mismo BC y que a pesar
de que éstas le otorgaron “bajísimas” calificaciones
al República -destacando “los exuberantes e injustificados”
movimientos de fondos del banco a través de entidades offshore
que servían de cobertura como el Federal Bank– el titular
del Central igual permitió el otorgamiento de millonarios redescuentos.
Raúl Baglini (diputado UCR), en tanto, se concentró en el
lavado de dinero donde también aparece el República, el
Federal de Bahamas y el Citibank de Nueva York. El legislador se valió,
en general, del material aportado por los diputados Elisa Carrió
(UCR-Chaco) y Gustavo Gutiérrez (Demócrata-Mendoza). El
senador Alcides López opinó en ambos temas.
En cuanto a la referencia a la inexistencias de presiones dicha por el
legislador no fue gratuita. Sobre todo si se tiene en cuenta la permeabilidad
de algunos de sus integrantes al humor del presidente De la Rúa
y las cambiantes referencias que tuvo el super ministro Domingo Cavallo
para con Pou. Esto provocó, sin ir más lejos, una impasse
de al menos diez días a partir de que Cavallo asumió el
ministerio. Y no era para menos, en un primer momento el ministro respaldó
tibiamente a Pou, para luego pasar a un frío desplante al achacarle
responsabilidad en la recesión económica. Hasta que ayer,
sin ser tajante, sostuvo por un lado que “no deseaba” que el
funcionario deje su cargo, al tiempo que insistió con su propuesta
de incorporar al euro como otra variable de la convertibilidad alejándose
de la idea de Pou de dolarizar la economía.
Los legisladores entendieron esta última frase como la señal
para que el dictamen esté pronto, y aún más después
de que trascendió que Pou amenazaba con renunciar. “Con el
dictamen en la mano le pueden rechazar la renuncia y después despedirlo”,
confió un colaborador de la comisión.
Ahora lo que resta resolver son dos cuestiones internas de la comisión.
La primera de ellas es determinar si Mario Losada, en su calidad de presidente
previsional del Senado y titular de la comisión, se puede mantener
al margen de la firma del dictamen. La intención del senador misionero
generó malestar entre sus compañeros de partido. “El
reglamento de la comisión no impide que el presidente de la comisión
acompañe la resolución. Así que no hay motivos para
que no lo haga”, se quejó uno de los legisladores radicales.
La otra cuestión a resolver es qué hacer con la disidencia
de Verna. “En un principio él se mostró muy decidido
con la idea de aconsejar la remoción. Pero luego del respaldo político
que le dio su partido a Pou, bajó el perfil”, indicaron integrantes
de la comisión al tiempo que especularon que “es casi un hecho
de que en algunos ítem se dará constancia de la disidencia
de Verna. Así resolveremos el problema”.
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