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El
juez de instrucción Mariano Bergés se aprestaba anoche a
dictar el procesamiento de por lo menos siete oficiales de la Policía
Federal involucrados en la causa por presunto fraude en la contratación
de efectivos para realizar tareas de vigilancia en los partidos de fútbol.
La medida implicaba de hecho el pedido de detención de los involucrados,
a los que se acusa por los delitos de defraudación y asociación
ilícita. Con su resolución, Bergés pondrá
punto final a su actuación en la causa, en la que intervino en
reemplazo del juez natural, Gustavo Karam, quien se encontraba enfermo.
La semana pasada, Bergés volvió a citar, como imputado,
al propio jefe de la Federal, comisario Rubén Santos, quien –de
acuerdo con lo que estimaban voceros judiciales– también podría
haber terminado procesado si la causa seguía en las mismas manos.
Anoche, al cierre de esta edición, fuentes judiciales adelantaron
a este diario que Bergés iba a trabajar “hasta la medianoche”
en la resolución de la situación procesal de por lo menos
12 altos jefes policiales que ya habían sido indagados por el juez,
sobre un total de veinte sospechados de participar en las irregularidades
investigadas. Como parte de las tareas de investigación, el juez
Bergés concurrió en forma sorpresiva, el 11 de marzo pasado,
a la cancha de San Lorenzo, en el bajo Flores, cuando allí se jugaba
el clásico con Huracán. En esa ocasión, el magistrado
comprobó que aunque el acuerdo entre San Lorenzo y la Federal garantizaba
la presencia de 650 efectivos, en realidad sólo había 494.
Del mismo modo, en el último clásico entre Boca Juniors
y River Plate, en cancha de los primeros, el contrato era por 980 hombres,
cuando en realidad el personal policial movilizado fue de apenas 750.
El fraude está dado porque el servicio de policía adicional
facturado a los clubes por la Federal se rige por la cantidad de efectivos
que figura en los papeles y que no se cumple en la práctica. Por
la presencia de cada uniformado los clubes pagan 50 pesos y se estima
que, por año, la cifra de la estafa podría ser varias veces
millonaria.
Bergés estaba redactando anoche una resolución de 150 carillas
para justificar el procesamiento y la prisión preventiva de por
lo menos siete de los comisarios imputados. En los hechos, ninguno había
sido detenido hasta ahora, de manera tal que debería disponerse
su captura. Se descuenta que la resolución será apelada
y que la Cámara del Crimen será la que resolverá,
en definitiva, si se cumple la medida. De ahora en más, la causa
quedará en manos del juez Julio Lucini, quien tomará desde
hoy la posta del reemplazo de Karam, que sigue con licencia médica.
La causa provocó una verdadera guerra entre Bergés y el
jefe de la Federal, comisario Santos, que se prolongó luego con
el secretario de Seguridad Interior, Enrique Mathov. El juez había
citado la semana pasada a Santos, por segunda vez, dado que un grupo importante
de suboficiales que declararon como testigos “apuntó hacia
arriba” en la responsabilidad por los hechos delictivos que se investigan.
Eso ponía al jefe de la Federal al borde del procesamiento, pero
Santos no se presentó porque Mathov lo envió al interior
del país en “misión reservada”.
Bergés interpretó que Mathov había tenido una “actitud
burlesca” hacia el Poder Judicial y por eso pidió que se le
abra una causa por “incumplimiento de los deberes de funcionario
público” y “falsedad ideológica” en documento
público.
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