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Página/12
en Perú
Por
Carlos Noriega
Desde Lima
 Con
la clásica solemnidad castrense, los comandantes generales de las
tres armas de las fuerzas armadas (FF.AA.) y de la policía nacional
(PNP) aparecieron ante las cámaras de televisión, sentados
detrás de una larga mesa y con un fondo de banderas, para leer
un comunicado de más tres páginas. El texto era un mea culpa
sin precedentes. Los más altos jefes militares, en un acto de público
arrepentimiento, criticaron el rol de las fuerzas armadas durante el autoritario
régimen del ex presidente Alberto Fujimori –ahora en Japón–
y su participación en actos de corrupción y violaciones
a los derechos humanos. Y fueron más allá: dieron su respaldo
a la instalación de una Comisión de la Verdad y pusieron
sus cargos a disposición del presidente Valentín Paniagua.
La aparición pública de la cúpula castrense se produjo
en medio de la crisis desatada por la exhibición de un video –hecha
en el Congreso de la República dos días antes de las elecciones
del pasado ocho de abril– en el que los oficiales militares y policiales,
incluidos los actuales comandantes generales, desfilan, en marzo de 1999,
firmando ante el todavía prófugo Vladimiro Montesinos un
acta, calificada como un “compromiso de honor”, para apoyar
el golpe de estado de abril de 1992 y las leyes de amnistía de
1995 dadas por el gobierno de Fujimori para librar de cualquier responsabilidad
a los militares comprometidos en violaciones a los derechos humanos.
Los actuales máximos jefes castrenses han puesto sus cargos a disposición
del presidente del gobierno de transición democrática, Valentín
Paniagua, quien hasta el momento del envío de este despacho no
se ha pronunciado sobre este comunicado militar, ni sobre la continuidad
o cambio de la jerarquía militar. El problema para Paniagua, si
decide cambiar a la cúpula castrense para bajar la tensión
del escándalo, es encontrar sustitutos que no hayan estado comprometidos
en la firma del acta de apoyo al golpe de 1992. Prácticamente toda
la oficialidad estampó sus firmas en ese documento de sujeción.
El encargado de la lectura fue el presidente del comando conjunto de las
fuerzas armadas, general de la Fuerza Aérea, Pablo Carbone. El
comunicado califica la firma del acta del escándalo como “un
reflejo de la situación de grave menoscabo institucional que afectó
a las FF.AA.” y señala que esta adhesión se hizo “en
cumplimiento de órdenes” y “en forma intimidatoria y
coercitiva”. En uno de sus párrafos el comunicado castrense
deja sin efecto el compromiso institucional adoptado en marzo de 1999:
“sin ánimo alguno de exculpación, los actuales Comandantes
Generales consideran que (los compromisos de dicha acta) no pueden ni
deben ser respetados”. En un acto de ruptura con su reciente pasado,
las fuerzas de seguridad “declaran su rechazo y condena a la ruptura
del orden constitucional del cinco de abril de 1992”.
Los militares fueron más allá y en el texto comprometen
su respaldo a “las iniciativas destinadas a la formación e
instalación de una Comisión de la Verdad que permita la
unión y reconciliación nacionales fundada en la justicia”.
Es la primera vez que las fuerzas armadas se pronuncian sobre la formación
de una Comisión de la Verdad, a la que se han comprometido los
candidatos presidenciales Alejandro Toledo y Alan García. Finalmente,
los mandos militares piden disculpas “a la ciudadanía”
por “todos los hechos que, en el pasado reciente, hubieran comprometido
a sus instituciones con actos ajenos al estricto cumplimiento de su misión
constitucional” y califican el comunicado como “un acto de franca
e histórica rectificación” que expresa “un gesto
indispensable para cerrar una etapa negativa en nuestra historia”.
Simultáneamente a este comunicado, las fuerzas armadas emitieron
una nota de prensa en la que aseguran que “no existen pruebas en
los archivos” que involucren al empresario televisivo Baruch Ivcher
con una venta de armas a Ecuador, cargos esgrimidos por el gobierno de
Fujimori para retirarle la nacionalidad peruana y arrebatarle su canal
de televisión a este empresario de origen israelí.
El candidato presidencial Alan García señaló que
“se hace indispensable conocer los mecanismos que permitieron esta
grotesca manipulación”. Y mostrando rápidos reflejos
políticos aprovechó la situación para anunciar que
si gana las elecciones nombrará a un civil ministro de Defensa,
cargo que siempre ha estado en manos castrenses. “Con sólo
una declaración no podemos cerrar el capítulo”, señaló
García, quien aseguró que respaldará la decisión
de Paniagua sobre la ratificación o cambio de la jerarquía
militar “sea cual sea la decisión”.
Mientras García se despachaba en los medios de comunicación,
su rival para la segunda vuelta, Alejandro Toledo, seguía ausente
del escenario político, como lo ha estado desde el día de
las elecciones hace una semana. Luego de los resultados electorales que
le dieron el primer lugar pero con una votación inferior a la que
esperaba, Toledo se fue con su familia a las playas de República
Dominicana, viaje del que recién retornó la noche de ayer
lunes. A su retorno a Lima, Toledo deberá buscar retomar la iniciativa
perdida, pero apenas bajado del avión se encontrará con
una primera baja en su equipo de campaña, la de su jefe de imagen
y publicidad, Alfonso Salcedo. El publicista Salcedo es un viejo militante
aprista que se sumó al equipo de Toledo durante la lucha contra
el fujimorismo. El partido de García le dio permiso para que siga
con Toledo en la primera vuelta, pero ahora esa licencia ya no podía
seguir y Salcedo abandonó a Toledo para regresar al Apra. A esta
renuncia se suman los extendidos rumores de discrepancias y recriminaciones
mutuas al interior del comando de su campaña por un resultado inferior
al que esperaban.
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