Por Laura Vales
Los dirigentes universitarios que cobraron planes para desocupados son muchos más de los que se sospechó en un principio. La Defensoría del Pueblo porteña detectó, en las facultades de Ciencias Económicas y de Filosofía y Letras de la UBA, una docena de nuevos casos de estudiantes que figuran como beneficiarios del programa Nuevos Roles Laborales. Se trata de planes de 200 pesos mensuales que deberían destinarse a jefes de familia desocupados y en situación de vulnerabilidad. En todos los nuevos casos descubiertos, en cambio, el dinero terminó en el bolsillo de militantes que habían sido candidatos en las elecciones para centros de estudiantes, por Franja Morada o por listas aliancistas. En la Defensoría ya no tienen dudas de que se está ante un mecanismo de financiamiento ilegal de la política. �Creemos que en los últimos dos años, por los menos un millón de pesos no llegó donde debía llegar� resumió a Página/12 Alicia Oliveira.
La defensora del Pueblo porteña fue quien formuló la denuncia inicial sobre el tema, a partir de lo cual recibió nuevos datos y documentos. Ahora en ese organismo se investiga cómo se entregaron 5 mil de estos planes, por un monto anual de cinco millones de dólares.
En los próximos días, los abogados del organismo pedirán a la Justicia que investigue el rol cumplido por Jorge Viscuso, quien ocupó el cargo de Director de Microemprendimientos de la municipalidad porteña. �Como funcionario municipal fue el responsable de administrar estos planes. Pero al mismo tiempo, encontramos que Viscuso integra la ONG que más proyectos consiguió en los últimos dos años, por los que recibió 700 mil pesos�, apuntaron en la Defensoría.
Las maniobras analizadas tenían dos puntas: de un lado del mostrador, los funcionarios que estuvieron a cargo de dirección General de Microemprendimientos; del otro, un grupo de Organizaciones No Gubernamentales que proponían proyectos concretos de trabajo para el Plan Nuevos Roles Laborales y elegían a quienes contratar como beneficiarios, muchos de los cuales resultaron ser estudiantes o militantes políticos.
Al principio se pensaba que sólo los dirigentes de Franja Morada habían recibido este beneficio, pero en los últimos días también surgieron casos de militantes que integran listas universitarias de la Alianza.
La denuncia penal y sus ampliaciones está en manos del fiscal Aldo De la Fuente, conocido por haber llevado la causa sobre el regalo del placard por el que el ex juez Francisco Trovato terminó tras las rejas. Entre los elementos que ya le fueron elevados están:
u Los casos de dos consejeros universitarios de Franja Morada, Nicolás Simone y Pablo Canaliccio, que figuran como beneficiarios. Además de integrar el gobierno de la universidad en representación de claustro estudiantil Simone es el principal candidato para presidir la Federación Universitaria Argentina (FUA) el año que viene.
u El de la familia Di Stéfano: El padre, Carlos Di Stéfano, es empleado de la Defensoría del Pueblo. Fue señalado por la estudiante Natalia Gutenmeyer como quien le ofreció cobrar un plan, a pesar de que la joven tenía trabajo, también en la Defensoría, como asesora del funcionario del radicalismo porteño Rafael Veljanovich. Carlos Di Stéfano, además tiene tres hijos que figuran como beneficiarios del Plan Nuevos Roles Laborales. * Un listado de 107 casos de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas que también cobraron estos planes.
u Pruebas documentales sobre un rosario de irregularidades cometidas por un grupo de ONG. Como dar direcciones inexistentes o inscribir a familias enteras como beneficiarios, cuando la ley sólo permite que una persona por grupo familiar reciba esta ayuda.
El expediente se mantiene bajo secreto de sumario. Fuentes con acceso a la causa dijeron a este diario que de la documentación y testimoniosreunidos se desprende que se está �por lo menos ante una malversación de fondos�. También que una de las hipótesis es que se trata de mecanismos de financiamiento de la política que podrían exceder el ámbito universitario.
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