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Por Carlos Rodríguez
 La causa por estafas contra los clubes de fútbol que involucra a la cúpula de la Policía Federal tiene una gravedad institucional inédita: además de procesar y pedir la detención de seis altos jefes y de acusar de encubrimiento a otro, el fallo del juez Mariano Begés le apunta directo al corazón del mismísimo titular de la fuerza, comisario Rubén Santos, a quien deja al borde del abismo. �Aparecen como principalísimos imputados los comisarios de superior rango, incluso el señor jefe de la Policía Federal�, sostiene Bergés, quien puntualiza sobre Santos que �el estado de sospecha a su respecto es de una claridad inobjetable�. El largo dedo del fallo vuelve a tocar al secretario de Seguridad Interior, Enrique Mathov, a quien reprocha una supuesta maniobra que impidió la indagatoria de Santos �paso previo al procesamiento y posible detención�, cuando en realidad correspondía �su concurrencia compulsiva, como cualquier ciudadano que ha de soportarla, porque lo manda la ley�. Entre los procesados está el comisario Oscar Lissi, actual número tres de la fuerza.
La resolución de Bergés dispone el procesamiento y la prisión preventiva de cinco actuales o ex altos jefes de la gestión Santos, a quienes se acusa de ser �organizadores de la asociación ilícita� que cometió �estafas reiteradas� contra clubes de fútbol de la Capital Federal:
 Comisario General Oscar Horacio Lissi, actual número tres de la fuerza desde su función en la Superintendencia de Seguridad Metropolitana. Se lo acusa por delitos cometidos cuando era jefe de la Guardia de Infantería.
Comisario general retirado Roberto Galvarino, ex superintendente de Seguridad Metropolitana separado del cargo por el escándalo de la fuga de cuatro presos de la Alcaidía del Departamento Central de la Federal. Está imputado por hechos ocurridos cuando era jefe de Orden Urbano, en 1999, y como superintendente de Seguridad Metropolitana, en el 2000.
Comisario Juan Carlos Robles, ex jefe de la seccional 34ª, con jurisdicción en la cancha de San Lorenzo, en el bajo Flores, donde se comprobó la irregularidad más notoria y documentada de la causa. El 11 de marzo pasado, durante un operativo sorpresivo, Bergés comprobó que el club pagó a la Federal por 650 policías de seguridad, cuando había apenas 494. Faltaban 156, casi la cuarta parte, y a sabiendas de los jefes que facturaban en beneficio propio (ver aparte).
Comisario Hugo Miguel López, ex jefe del Cuerpo de Infantería, quien pasó a retiro el año pasado.
Comisario inspector Juan Bautista Eduardo Miño, quien también ejerció la jefatura del Cuerpo de Infantería.
El juez Bergés procesó por encubrimiento al subcomisario Osvaldo Alberto Sangiorgio, ex miembro del Cuerpo de Infantería, y al comisario mayor retirado Juan Antonio Duhalde, quien al momento de los hechos no era integrante de la Federal sino gerente general del club San Lorenzo de Almagro, uno de los damnificados por las maniobras.
Bergés, que ya se retiró de la causa (ver aparte), dejó sentado que además de la indagatoria del comisario Santos, también deben ser llamados a declarar como imputados el ex secretario general de la Federal y ex superintendente metropolitano Miguel Angel Ciancio, que pasó a retiro cuando asumió el comisario Santos, y los comisarios Del Bagge, que está en funciones en la División Reuniones Públicas y Seguridad, y el comisario mayor Segovia, quien se desempeña en la Dirección General de Operaciones.
El último punto resolutivo del fallo sostiene que �no existe mérito para ordenar el procesamiento� de los oficiales Jorge Héctor Bravo, Daniel Angel Mego, Ricardo Donaire y Orlando Pedro Tourn, pero aclara que tampoco hay motivos para sobreseerlos. Por eso se dispone que sigan siendo investigados en la causa.
Los acusados fueron señalados como responsables de las maniobras por una decena de suboficiales que confirmaron que eran autorizados a cobrar prestaciones nunca realizadas. Los montos así obtenidos eran luegoentregados a sus jefes, quienes alegaban que ese dinero, por sumas varias veces millonarias (fue obtenido entre los años 1998 a 2000), era destinado a proveer de �comida� y otros elementos necesarios para el funcionamiento de la fuerza de seguridad. El juez fue contundente al responsabilizar a la cúpula de la Federal por las maniobras descubiertas.
�Los dispositivos de seguridad �dice el fallo� no se arman en la trastienda de una comisaría o de la Guardia de Infantería, sino que los prepara, como bien queda reflejado en el expediente, la �superioridad�, palabra tan trillada (que) alude indudablemente a los mandos de la Policía Federal si se atiende a que no es �superioridad�, en esta causa, un jefe de comisaría�. Precisa que los operativos en las canchas �son organizados puntualmente por la Superintendencia de Orden Urbano (en el pasado) y actualmente por la Dirección General de Operaciones, dependiente de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana�. Por tal motivo pide la indagatoria de Ciancio, Del Bagge y Segovia.
Para reafirmar lo dicho, recalca el fallo que a partir de la investigación, en lugar de pagarse los adicionales por cajero automático, pasaron a abonarse en efectivo. Para decidir el cambio fue �menester incluso una reunión en la Jefatura de Policía, en la que se decidió volver al antiguo método de pago en sede de cada club�. Ese párrafo parece apuntar en forma directa a la cabeza del comisario Santos. Ahora, con el cambio de juez, en el Palacio de Tribunales se había abierto un interrogante central: ¿Cómo seguirá la causa?
La causa con nuevo juez
El doctor Mariano Bergés, a cargo del juzgado número 4, viene llevando la causa desde hace cuatro meses, en reemplazo del titular natural del caso, Gustavo Daniel Karam, a cargo del juzgado número 5, quien se encuentra con licencia por enfermedad. Por razones de práctica habitual, Bergés tenía que dejar de subrogar (reemplazar) a Karam y ahora el espinoso caso pasó al juzgado de Julio Lucini, quien tendrá que ponerse al tanto de un expediente voluminoso y complejo.
Además de su entredicho con el secretario Enrique Mathov, el juez Bergés cuestionó el manejo general de la causa por parte de la cúpula de la Policía Federal, que para defender a los imputados designó a abogados de la Superintendencia de Asuntos Jurídicos de la propia institución bajo sospecha. �Al punto que, curiosamente, la propia Policía Federal (por medio de Asuntos Jurídicos) dispuso que todo suboficial que concurriera al juzgado por esta causa debía negarse a prestar declaración�, trabando así la posibilidad de obtener testimonios que venían incriminando a los jefes. En Tribunales creen que es ardua la tarea que le espera al doctor Lucini.
�Obligado a hacer malabares�
La investigación del caso comenzó por una denuncia de Carlos Estrada, un periodista que venía siguiendo casos de corrupción policial. A poco de empezar se comprobó la primera irregularidad: en las planillas por supuestos �servicios adicionales� de seguridad en las canchas de fútbol figuraba el nombre del policía Gustavo Adolfo Cabral. Se decía que había sido asignado como chofer del servicio externo en el estadio de Vélez, pero él mismo reconoció que no estuvo y que tampoco sabía manejar.
Los suboficiales que declararon ante Bergés confirmaron que cobraban por Banelco, dos días después del supuesto servicio realizado, sumas de dinero que debían entregar luego a sus superiores. En su descargo, el comisario Oscar Horacio Lissi, tercero en la línea jerárquica de la Federal, dijo que �le resultaba dificultoso mantener económicamente al Cuerpo� de Guardia de Infantería y por ese motivo �se veía obligado a hacer malabares con los ingresos comunes, a los que se aunaban sumas de dinero mínimas de cada hombre, a los fines de mantener calidad y cantidad de alimentos, así como también mejoras en la infraestructura�.
Esas �sumas de dinero� eran �mínimas� para cada hombre, pero la suma que embolsaban los jefes sumaba el aporte, a lo largo de un año, de miles de hombres que cobraban sin cumplir la tarea que figuraba como realizada. Se estima que la recaudación anual rondaba entre uno y tres millones de pesos. Los 156 hombres que cobraron sin ir al último clásico entre San Lorenzo y Huracán sumaron, en conjunto, 7488 pesos que fueron a parar a los bolsillos de la organización delictiva. Y fue apenas un partido, de las decenas que hay cada fin de semana. |
ENRIQUE MATHOV TRAS EL PROCESAMIENTO DE LOS JEFES
�Es que están en la cúspide�
Por Cristian Alarcón
Enrique Mathov, el secretario de Seguridad Interior, no está dispuesto a acusar recibo de la resolución del juez Bergés, en la que hasta él mismo recibe la crítica del magistrado. �La resolución no la evaluamos�, le dijo ayer a Página/12 en una entrevista en la que continuó poniéndole paños con hielo a la crisis que puede generar una causa como la que investiga la estafa millonaria a los clubes de fútbol. �Si los procesamientos los confirma la Cámara pasan a disponibilidad, esperan la sentencia, y si se los condena son apartados�, se limitó a recordar. Según su visión varios jefes de Metropolitana han sido procesados por delitos simplemente porque están en �la cúspide de la pirámide de mando�.
�Este es uno de los casos de corrupción más importantes de la fuerza.
�No, yo creo que el más conocido fue el caso sobre una red de prostitución. Fue separado el entonces jefe de Superintendencia de Seguridad Metropolitana, Fernández.
�Casualmente tanto en ese caso, como en la fuga del Departamento Central se procesó a los jefes de Metropolitana. Ahora, Lissi. ¿Por qué ese puesto resulta estar siempre vinculado a hechos de corrupción?
�Metropolitana es la cúspide la pirámide de mando. Espectáculos Públicos esta dentro de Metropolitana, y cuando siguen la cadena de responsabilidad llegan al jefe. Es lo mismo que cuando se sospecha de la connviencia con los jefes de los clubes. No necesariamente están involucrados. Un juez busca dos cosas: culpabilidad o responsabilidad.
�Pero en este caso Santos aparece como �principalísimo imputado�.
�Me imagino que como responsable institucional. En definitiva es el responsable de toda la policía. Por eso yo en la polémica de la semana pasada (con el juez Bergés) dije que no se lo cita como un autor material y en ese sentido daba lo mismo que declarara más tarde.
�Usted lo envió justo ese día a una misión secreta.
�Le di una misión que no puede revelar. Investigamos algo muy importante pero con el correr de los días podremos decirlo.
�El juez Bergés no sólo le llama la atención por la ausencia de Santos, sino porque usted declaró que los clubes son simplemente �clientes�.
�Establecen contratos como los que se pueden hacer para que fuera de horario un policía vaya a cuidar un edificio. Lo único es que contratar a un policía da cierta garantía de efectividad y de preparación especial y el respaldo de que no es un delincuente.
�Pero estos policías están procesados por delitos, podrían ser delincuentes aunque fueran policías.
�Hay funcionarios coimeros. Dentro de 320 mil hombres hay hombres que permanentemente pueden cometer delitos. Pero Asuntos Internos investiga estas cosas. Estas personas tienen un sumario dentro de la policía.
�¿Y cuándo declarará Santos?
�Cuando lo citen. Los funcionarios están a disposición de la justicia. �Excepto que tengan una misión secreta.
�En realidad nunca fue secreta. Pero si lo cuento lo va a publicar y es una investigación importante.
�Dígame: ¿cómo es que el más alto jefe se ocupa en persona de algo así?
�Siempre los jefes se ocupan cuando algo es de suma importancia. Que sean jefes no significa que sean burócratas, son jefes operativos.
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