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Por Andrés Osojnik
 Los gobiernos de Argentina y Australia están por firmar un acuerdo-marco de colaboración en temas nucleares que incluye la posibilidad de que desde ese país sea traído aquí el combustible radiactivo usado en el reactor que la empresa Invap construirá para el organismo nuclear australiano. Esto significa un aval oficial para el contrato firmado el año pasado entre esas dos empresas, cuestionado por las asociaciones ecologistas con el argumento de que la Constitución prohíbe el ingreso al país de residuos radiactivos. �Si el gobierno argentino firma esto, está lisa y llanamente avalando la violación de la Carta Magna�, advirtió ayer Greenpeace.
La historia de la polémica tuvo su punto de partida en junio del año pasado, cuando se conoció que la empresa Investigaciones Aplicadas (Invap) �del gobierno de Río Negro y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)� había ganado la licitación para construir un reactor de baja potencia para el organismo nuclear australiano (Ansto). Ese día, el encargado de difundirlo fue el propio presidente Fernando de la Rúa, exultante por lo que calificó de �noticia fenomenal�.
Meses después comenzaron a salir a luz los detalles del contrato entre Invap y Ansto. Entre ellos, el que escandalizó a los ambientalistas es la cláusula por la cual se estableció que el combustible irradiado del reactor podría ser traído a la Argentina para su tratamiento y posterior devolución a ese país. Greenpeace denunció que ese punto viola el artículo 41 de la Constitución, que prohíbe el ingreso de residuos radiactivos. La Fundación para la Defensa del Ambiente llevó el tema a la Justicia. La Argentina ya cuenta con el antecedente de no ofrecer demasiada resistencia para el paso en su mar territorial de barcos cargados de basura nuclear.
El Gobierno argentino, en tanto, mantuvo su tono exultante en torno a la cuestión. Y el 26 de marzo pasado �aunque recién se supo ahora�, el canciller Adalberto Rodríguez Giavarini inicialó con su par australiano, Alexander Downer, el borrador que pone en marcha las negociaciones que culminarán en un acuerdo-marco entre ambos países sobre cooperación y colaboración en materia nuclear. Según reveló el gerente general de la CNEA, Roberto Cirimello, uno de los puntos del proyecto de acuerdo establece que en caso de que la empresa australiana lo requiera, puede ser efectivamente traído al país el combustible irradiado del reactor de Sydney, para su procesamiento en Invap y su posterior devolución.
Cirimello se esmeró ante Página/12 en asegurar que �lo que se traería no son residuos radiactivos sino combustible irradiado�. �Esta es una diferencia que establece la convención internacional de residuos radiactivos. Los residuos son elementos que ya no pueden volver a utilizarse, el combustible irradiado puede ser procesado e incluso hay partes que se pueden utilizar nuevamente�, explicó.
�El combustible irradiado ¿es material radiactivo?
�Sí, pero no se trata de una importación, sino que se traería el combustible aquí para su acondicionamiento para que pueda luego ser devuelto a Australia y ser almacenado allí.
Para los ecologistas, en cambio, se trataría �de una violación a la Constitución por parte del Gobierno argentino�, según evaluó Juan Carlos Villalonga, de Greenpeace. El especialista aseguró que la distinción entre �residuos nucleares� y �combustible irradiado� es una �interpretación caprichosa, son piruetas para disfrazar el ingreso de los deshechos�. �A los efectos prácticos, una y otra cosa no hacen la diferencia �sostuvo�. Y que eso sea confirmado por el gobierno nacional es muy grave, porque estaría avalando la violación de una norma constitucional. Una prohibición que costó mucho conseguir tras diez años de presión internacional para que la Argentina sea un receptáculo de residuos tóxicos y radiactivos�.
El enigma del contrato
El argumento que esgrimen los ecologistas para oponerse al contrato entre Invap y la empresa australiana es que la Constitución prohíbe en su artículo 41 �el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos�. Pero el constitucionalista Daniel Sabsay observa que se trata de una norma �demasiado amplia�. �El artículo tiene una redacción tan poco feliz que puede dar lugar a interpretaciones diversas y lo hace muy difícil de aplicar�, sostiene.
�Pero ese mismo artículo �explica� establece además que las autoridades deben proveer la información sobre los temas ambientales. Y esto es lo primero que no se cumple en el caso del contrato entre Invap y Ansto�. Sabsay remarca que ese contrato fue guardado en el mayor de los secretos, que hubo y hay renuencia a dar las características del texto, y que nadie puede acceder a él: �Esto es de por sí violatorio de la Constitución y previo a la discusión sobre lo que se pretende ingresar desde Australia. Es como si se pretendiera que un médico diga lo que tiene un paciente sin que lo pueda ver. El médico va a decir, primero tráiganme al paciente. Aquí es lo mismo: primero, difundan los términos del contrato, sus características y obligaciones, para que pueda ser analizado por los técnicos y los ecologistas. Lo primero anticonstitucional aquí son las características enigmáticas con que se maneja el Invap�. |
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