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DONALD HUNN, EL ESPECIALISTA NEOCELANDES QUE ASESORA A CAVALLO
�Hay que profesionalizar el Estado�

Para la reforma del Estado, el Gobierno invitó al neocelandés para conocer la experiencia de su país, referencia de los liberales. 

Donald Hunn, quien durante diez años dirigió la reforma del Estado en Nueva Zelanda.
Se eliminó el Estado de �bienestar social� para que el �individuo se haga cargo de sí mismo�, explicó.

 

 

Por Cledis Candelaresi

Donald Hunn fue durante diez años jefe del Sector Público de Nueva Zelanda, cargo desde el que encaró una reforma administrativa, semejante a la que intenta la Argentina desde hace una década, aunque, en algún sentido, menos cruenta. Los neocelandeses no privatizaron su correo ni sueñan, siquiera, con tercerizar la recaudación de impuestos. Invitado a la Argentina por la Jefatura de Gabinete, el especialista tuvo oportunidad de desmenuzar esos temas con Domingo Cavallo.

  --¿Hay un modelo de Estado que pueda plantearse como el ideal?

  --Hay una gama de ideas vigentes acerca de cuál es el mejor modelo de gestión. Pero no un modelo válido para todos los países. Jamás diría que ustedes deben aplicar aquí como nuestra fórmula, radical y profunda.

  --¿Qué significa "radical y profunda"?

  --Nosotros cambiamos Nueva Zelanda de cabo a rabo. Había un estado de bienestar social, donde el Estado se ocupaba desde la cuna a la tumba de los ciudadanos. Pero en base a la teoría del mercado, reemplazamos esto por un esquema donde el individuo se hace cargo de sí mismo.

  --¿Significa que el Estado se retiró de áreas como educación o salud?

  --Se retiró de eso en parte pero, fundamentalmente, de las actividades productivas. Aquí ocurrió lo mismo en 1992 y en 1993. Hace diez años, ya había una corriente que postulaba cambiar totalmente la manera de administrar el Estado, achicando costos, para hacerlo más competitivo. Nueva Zelanda fue todavía un poco más allá.

  --¿Por qué más allá?

  --En 1994, los neocelandeses aceptaron el hecho de que había que achicar el estado de bienestar, transfiriendo el costo de las actividades públicas de los contribuyentes a quienes usan los servicios.

  --¿Algún servicio quedó en la órbita estatal?

  --Sí. El Correo. Hay también una serie de organismos autárquicos que siguen independientes pero que no forman parte de la estructura administrativa del Estado. El Correo es una de ellas.

  --¿Por qué no se privatizó el Correo?

  --Porque siempre se consideró como una cosa muy ciudadana, del pueblo. Por eso hubo mucha resistencia a su privatización y el gobierno no quiso afrontar el costo político de hacerla a la fuerza. Sí cerramos cientos de sucursales en las áreas rurales, estaciones de ferrocarriles, hospitales y escuelas, que afectaron a las áreas rurales.

  --¿Se organizó alguna red de contención para estatales despedidos?

  --Hubo retiros voluntarios, algo que aceptaron muchos mayores de 50 años; también planes de capacitación y relocalización de personal, aunque no había muchos lugares a dónde ir; Y despedidos que siguieron cobrando su sueldo por un año. El costo fue enorme, pero se ganó en eficiencia futura.

  --¿No cree que, en términos económicos, fue mayor el costo que el ahorro?

  --No creo. Los trenes iban a pérdida; en telecomunicaciones, había capacidad desaprovechada. El Estado no sabía cómo explotar bien muchas actividades. Por eso algunos servicios se privatizaron y otras empresas se modernizaron, transformándolas en sociedades anónimas y cambiándole el gerenciamiento, como etapa intermedia para la privatización plena.

  --¿Por qué cree que hay países europeos que conservan empresas públicas fuertes?

  --Supongo que por motivos políticos. Quizás todavía no están en la circunstancia que estuvimos nosotros de decidir que toda cosa que pudiera hacer igual o mejor el sector privado, debía privatizarse.

  --¿Privatizaron la recaudación de impuestos o piensan hacerlo?

  --De ninguna manera.

  --¿Qué le sugirió al ministro Cavallo?

  --A él le interesó conocer la experiencia de Nueva Zelandia y cómo organizarse para encarar una reforma importante. Pero coincidimos en que hay grandes diferencias entre nuestros países.

  --¿Cree que es imprescindible tener amplio apoyo político para una reforma del Estado profunda, o basta con la decisión del Presidente?

  --Si para hacer una reforma fundamental se logra un acuerdo con la oposición, muchísimo mejor. Pero, a veces, ocurre como en mi país, que los opositores objetaban la reforma. Entonces el gobierno asumió la responsabilidad de hacerla por cuenta propia.

  --¿Es decir que en Nueva Zelanda se hizo una reforma fundamental sin apoyo político?

  --Ocurrió una paradoja. El gobierno de principios de la década era muy conservador. Sin embargo, aplicaba políticas progresistas, de corte socialista, que fracasaron económicamente. En 1994, asumió un gobierno de centroizquierda y pusieron en práctica lo que cualquiera hubiese interpretado como política de centroderecha. La oposición, en este caso, ¿cómo se iba a quejar? Ellos ya habían fracasado. No hubo aprobación en la forma, pero sí en la práctica.

  --¿Qué sugerencia haría al gobierno argentino?

  --Profesionalizar su sector público. Los líderes políticos son portavoces de la gente, interpretan su voluntad. Pero, fijado el rumbo, deben convocar a los especialistas profesionales para que ejecuten las políticas.

  --¿Cree que la Argentina no tiene un Estado profesionalizado?

  --Entiendo que intenta tenerlo con la reforma del Estado que inició. Pero esto lleva tiempo. Nosotros tardamos quince años.

 

Evaluador de la reforma

El propósito de la visita de Donald Hunn es que este especialista juzgue cómo marcha la reforma del Estado que comenzó a instrumentar el gobierno a través de la acéfala secretaría de Modernización del Estado. Hasta el momento, el programa modernizador consiguió algunos avances en la gestión estatal. Pero Domingo Cavallo planea profundizar muy a corto plazo esta reestructuración administrativa, que tendría pautas semejantes a la que realizó Nueva Zelanda: achicar el Estado por la vía de fusionar o suprimir organismos públicos y transformar empresas públicas en sociedades, con miras a una posible privatización. Aunque el equipo económico asegura que el fin prioritario no es achicar el gasto, los cambios previstos permitirían un ahorro importante que, según trascendió, podría llegar a los 300 millones, básicamente, por una reestructuración de gran envergadura en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

 

 

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