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Por Charlotte Denny y James Meek *
Desde Londres
 El juicio de 39 laboratorios contra el gobierno sudafricano, que buscó mediante una ley el acceso a medicamentos más baratos para el sida, puede quedar hoy en la nada si se ratifica el acuerdo extrajudicial al que llegaron: las empresas retirarán la demanda y el gobierno creará una comisión para reglamentar la ley que puso los pelos de punta a los laboratorios. Pero la vigencia de la norma se mantendrá. Así, el caso judicial de la industria de las drogas contra el gobierno de Sudáfrica quedará en la historia como uno de los grandes desastres de las relaciones públicas de todos los tiempos. La difícil lección que las grandes empresas farmacéuticas han aprendido luego de verse obligadas a retroceder en su intento de evitar que el país importara droga más barata para el sida es que no puede haber un mercado global sin un sentido del bien y del mal: la percepción pública es que las empresas están más interesadas en proteger sus derechos de propiedad intelectual que en la crisis de salud del continente.
Sudáfrica, con el mayor número de enfermos de sida en el mundo, fue el país equivocado para que las empresas apuntaran sus campañas para evitar que los estados pobres compraran copias más baratas de las drogas patentadas. Aunque Pretoria tiene antecedentes muy irregulares sobre cómo enfrentar la crisis del sida, estaba preparada para hacer valer sus derechos bajo las leyes internacionales de comercio para importar drogas genéricas durante una emergencia de salud nacional.
Ahora, tardíamente, las empresas se han dado cuenta del daño que el caso causó a su imagen pública. Hoy se espera un acuerdo por el cual Pretoria clarificará su intención de interpretar la ley de medicamentos, de 1997. Pero no la reformará, como querían las empresas. Estas sostenían que la ley le permitía a Pretoria hacer caso omiso de las patentes a voluntad. El gobierno dijo que sólo pensaba usar esa ley con el espíritu de las normas sobre patentes de la Organización Mundial de Comercio, que permite que se soslayen los derechos de propiedad intelectual en circunstancias excepcionales.
La decisión de las 39 empresas que poseen la droga involucradas en detener el caso es una gran derrota para Estados Unidos y los lobbistas corporativos europeos. Pensaron que sería posible explotar las leyes para el comercio mundial en tal forma que hiciera que 6.000 millones de consumidores dependieran de un puñado de reguladores fácilmente influenciables. La opinión pública internacional y una red de activistas a nivel mundial, fuerzas con las que no habían contado las corporaciones, parecen haberles hecho cambiar de opinión.
Ahora la atención se dirige a una arena más difícil: el caso presentado por el gobierno de Estados Unidos, apoyado por la Asociación de Fabricantes e Investigación Farmacéutica Norteamericana, contra Brasil, que produce copias baratas de los drogas patentadas para el sida. El caso se presentará ante la Organización Mundial del Comercio, en Ginebra. Los que hacen campaña a favor citan a Brasil como un ejemplo exitoso de cómo un país relativamente pobre puede tratar el sida si tiene acceso a drogas genéricas más baratas. Las muertes por sida han disminuido a la mitad desde que el gobierno comenzó a proveer de tratamientos a precios reducidos. Después de Sudáfrica, Merck y Pfizer, las empresas que lideran la campaña contra la industria genérica de Brasil, deben estar revaluando su estrategia.
Las empresas dicen que necesitan protección mundial de patentes para recuperar los millones gastados en el desarrollo de la droga. Pero ahora la atención está enfocada en la falta de información sobre cuánto gastan verdaderamente en investigación, en sus enormes ganancias y las enormes sumas gastadas en marketing.
* De The Guardian de Gran Bretaña Especial para Página/12
Traducción: Celita Doyhambéhère
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