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Por Pilar Lozano
Desde Bogotá
 �Lo único que nos hace falta es arrodillarnos, sacarnos el corazón de cada una de nosotras, mostrarlo y decirles: �Vea, éste es nuestro sufrimiento. Rotundamente no entienden el dolor que estamos pasando.� Así se expresa Graciela Rincón, madre de uno de los más de 500 militares y policías secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Como todos los parientes de estos uniformados que permanecen en algún lugar de la selva en barracas de madera cercadas con alambres de púas -�encerrados como pollos�, dice Graciela�, esta madre está cansada de correr de aquí para allá suplicando al gobierno y a la guerrilla que no compliquen más la salida que permita a su hijo volver a la libertad.
Algunos llevan más de tres años, como los 18 que cayeron el 21 de diciembre de 1997 en la toma de Patascoy, un cerro estratégico al sur del país; otros, como el coronel Alvaro León Acosta, de la policía, completó hace poco el año.
Los colombianos se acostumbraron a ver, casi insensibles, el dolor de estas mujeres �madres, esposas, hijas�, que con las fotos de sus parientes estampadas en camisetas recorren el país en autobús para participar en marchas o en tomas, como la que hicieron el año pasado en la iglesia del Divino Niño en Bogotá. Allí llegaron con cobijas, comida y pancartas.
También se convirtió en rutina ver sus lágrimas frente a comandantes insurgentes o funcionarios del gobierno, y el drama de dolor y algarabía que registran los noticieros cada vez que ellas reciben cartas y pruebas de supervivencia de sus seres queridos. El hijo de Graciela cumplirá en agosto dos años en cautiverio. Cayó prisionero cuando las FARC atacaron la base antinarcóticos de Miraflores, en la selva del Guaviare. Su angustia de madre se agrandó la semana pasada. Un comandante guerrillero anunció que Edgar Murcia, de 24 años, y amigo de su hijo, escapó y está perdido en unas selvas �plagadas de serpientes, fieras y paramilitares�.
La mayoría siente que �el gobierno y la guerrilla las ha utilizado�. Que las enredaron primero con una discusión eterna sobre el canje de soldados y policías por guerrilleros en prisión, que fue finalmente rechazado. Lo reemplazó un acuerdo humanitario que plantea el intercambio de combatientes presos y enfermos de los dos bandos, seguido de la entrega unilateral por parte de las FARC de 50 o más uniformados. �En ocho días está listo el acuerdo�, dijo hace ya más de un mes Tirofijo, comandante de las FARC. Pero el acuerdo está empantanado y tiene dividido al país. El comandante del ejército, general Jorge Enrique Mora, asegura que la guerrilla pretende �reconstruir sus escuadras con bandidos para que salgan nuevamente a matar colombianos�, y para algunos políticos su aplicación iría contra el Estado de Derecho.
El gobierno se lo toma con calma: �Es mejor dar pasos firmes que tropezarse a la carrera�, dijo hace poco el comisionado de Paz, Camilo Gómez, y trata de explicar a los que rechazan la idea que la base para la aplicación del acuerdo es el Derecho Internacional Humanitario. Madres, esposas e hijas siguen el debate. �No sé por qué tantas prevenciones con el intercambio. No es la primera vez que se hace en Colombia�, opina Marleny Orjuela, portavoz de la asociación que crearon los familiares de estos miembros de la fuerza pública privados de libertad.
�Yo no quiero recibir banderas, ni honores si me entregan a mi esposo muerto en cautiverio�, dijo decidida Noralba Gálvez a los integrantes de la comisión primera del Senado, adonde acudió la semana pasada a denunciar: �A mi esposo lo han convertido en instrumento político�, aludiendo al coronel de la policía Alvaro León Acosta. �Mi esposo contaba con que el país lo estaba apoyando y se encontró con el olvido. Espero que ustedes no me defrauden, porque he tocado muchas puertas y todas se me hancerrado�, dijo Noralba, quien llegó al Congreso vestida de rojo. La historia de su esposo es aun más dolorosa que la del resto: al coronel, que tenía una lesión en la columna vertebral, se le agravó la dolencia cuando su helicóptero se accidentó y él y el resto de la tripulación fueron secuestrados.
Eso ocurrió hace exactamente un año y hoy, Acosta, de 40 años, está prácticamente paralizado, tiene inicio de trombosis y problemas neurológicos. Aunque las FARC reconocen que requiere cirugía y tratamiento médico especializado, �y eso se sale de nuestras manos�, no han permitido que la Cruz Roja le brinde ayuda y se han negado a entregarlo. Son muchas las voces que claman hoy por la libertad del coronel herido. Las FARC se niegan a escucharlas. Y ayer, Olimpo Mosquera, un desertor de la guerrilla que se entregó a las autoridades en Cali, reveló que Acosta ruega a las guerrilleros que lo fusilen para no seguir sufriendo.
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