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Por Susana Viau
 Ayer al mediodía, los diputados Gustavo Gutiérrez y Elisa Carrió presentaron en conferencia su proyecto de creación de la Comisión Especial Investigadora de delitos financieros descubiertos al calor del caso del financista Raúl Moneta. Los fundamentos del proyecto recogen algunos de los datos que fueron obtenidos por el subcomité del Senado americano e involucran a los bancos República, Comafi, Macro, Extrader, Crédito así como a las operaciones que por centenares de millones de dólares llevaron a cabo los bancos oficiales con el Federal Bank, una off shore de Bahamas creada con el objetivo de posibilitar el lavado de dinero. Acerca del rol cumplido por Pedro Pou, presidente del BCRA, Carrió reclamó que �de la Rúa tome las decisiones que hay que tomar en un estado republicano�.
El documento señala que los tres bancos oficiales operaron con el Federal Bank por montos altamente significativos y que en ciertos casos superaban el patrimonio neto de ese shell bank y que, según los datos aportados por el Citibank de Nueva York, era de poco más de 20 millones de dólares. A continuación refieren, a título de ejemplo, �sólo algunas� de esas transacciones. El 13 de febrero de 1998, el Banco Nación depositó 24 millones de dólares en el Federal Bank a favor del Banco Central, una semana más tarde la operación se reiteró por una suma de 15 millones; tres días después por 13 millones, al cabo de 48 horas volvió a inyectar 11 millones y pasados otros dos días 15 millones más. Por otra parte, en el mismo período en que se registraban estos movimientos, el Banco Chase de Nueva York depositaba en el Federal Bank 20 millones de dólares en favor del Banco Central. Al cabo de tres meses, el Banco Nación volvió a emitir una orden de pago, esta vez por 166 millones y medio de dólares a favor del BCRA con una referencia en la que se lee: �Crédito del Tesoro Nacional�. Los especialistas consultados por Página/12 aclaran que la referencia al �tesoro nacional� alude a las reservas y que podría corresponder a diferencias de tasas por colocaciones. Eso sí, conjeturan que se trataría de �cuentas marginales�, es decir, no registradas. La sospecha surge de que el BCRA sólo puede realizar operaciones con entidades calificadas como Triple A y �jamás con una casilla de correo de un paraíso fiscal�, como es el caso del Federal Bank.
En los fundamentos, los diputados recogen también el caso del Banco Comafi, designado por el BCRA como administrador del fideicomiso del Banco República, propiedad de Moneta. A pesar de que el financista se jacta de �honrar sus deudas�, no pagó un sólo centavo de la hipoteca que pesa sobre el Edificio República y forma parte de la cartera administrada por el fideicomiso. Lo mismo ocurrió con otras propiedades de Moneta, no obstante lo cual el Comafi no ejecutó ninguna de esas deudas. Agregan Gutiérrez y Carrió que Banco Comafi Islas Cayman y Comafi Bursátil operaron intensamente con el Federal Bank hasta la clausura de éste por orden del Banco Central de Bahamas.
El Banco Macro también operaba con alta frecuencia con el Federal. Del mismo modo lo hacía el Banco Crédito, cuyo titular entre 1991 y 1997 era Fernando de Santibañes, primer jefe de Inteligencia del Estado del gobierno de la Alianza y amigo íntimo del presidente Fernando de la Rúa.
El jefe del bloque de diputados de la Alianza, Darío Alessandro, definió a la comisión como un tema prioritario �para saber por dónde se fugó la riqueza del país y quiénes se beneficiaron con ello�.
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LEIVA
El juez de Mendoza Luis Leiva elevó una nota al plenario del Consejo de Magistratura solicitando que agilice el tratamiento del pedido de juicio político en su contra. El 28 de febrero los consejeros que impulsan la remoción de Leiva �el magistrado que ordenó la captura del banquero Raúl Moneta por el vaciamiento de los bancos República y Mendoza� lograron posponer la votación que lo hubiera absuelto. El argumento fue que el expediente debía volver a la Comisión de Acusación a la espera de un fallo de la Corte Suprema, que aún debe expedirse en relación o otro sumario contra el juez. Leiva pidió a los consejeros que tengan en cuenta que �la pendencia de estas actuaciones tiene una desfavorable repercusión sobre el �clima� en que se presta el Servicio de Justicia en el ámbito federal de la provincia de Mendoza�. �A ello contribuye la altísima exposición pública determinada por el �principal� denunciante (...) en cuanto se ve implicado en otros temas de alto interés periodístico nacional e internacional�, añade en relación a Moneta. Considera, además, que �el mayor tiempo que necesitaban algunos consejeros para el examen de las actuaciones ha transcurrido�. Y recuerda, además, que su caso está sometido al análisis del cuerpo desde el 28 de mayo de 1998. |
LA OA PIDIO EL PROCESAMIENTO DE BELLO
Las cajitas de Claudia
La Oficina Anticorrupción (OA) le pidió a la jueza María Romilda Servini de Cubría que procese a Claudia Bello, ex secretaria de la función pública y ex titular del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP). Consideran probado que Bello pagó un sobreprecio superior a 2 millones de pesos para la confección de 300.000 cajas de propaganda oficial sobre la preparación de la Argentina para el llamado �efecto 2000�.
La ex funcionaria ya fue indagada y en la OA consideran que no hay por qué esperar más tiempo para procesarla por lo delitos de defraudación e incumplimiento de sus deberes.
La Dirección de Investigaciones de la OA, que está a cargo de Manuel Garrido, había denunciado a Bello ante la Justicia a raíz de contrataciones directas del INAP con agencias de publicidad por casi 9 millones de pesos, que fueron detectadas por la Sindicatura General de la Nación (Sigen). También están involucrados miembros del directorio de ese organismo y de las empresas de publicidad Lautrec y New Code (High Comm S.A.).
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