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La Policía Federal tuvo ayer una mano de cal y otra de arena. En el caso de la fuga del Departamento Central de Policía, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de un comisario y cinco suboficiales, acusados de facilitar la histórica evasión, pero dictó la falta de mérito, por falta de pruebas suficientes, para procesar a un ex miembro de la plana mayor de la Federal, al titular de la comisaría 6ª y a otros tres policías, a quienes el juez federal Gabriel Cavallo les reprochaba el encubrimiento de la evasión. También fue desprocesado el ex policía Diego Barreda, uno de los detenidos por el atentado a la AMIA, también acusado de colaborar con los fugados. No obstante, el tribunal no los sobreseyó y dejó abierta la posibilidad de que se los siga investigando.
La Sala II de la Cámara Federal, integrada por Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Luraschi, revocó el procesamiento del ex superintendente de Seguridad Metropolitana, el comisario general Roberto Galvarino, quien renunció a su cargo cuando fue citado por el juez, en setiembre último. Cavallo lo había procesado por �instigación al falso testimonio�. También resultó beneficiado por la Cámara el comisario Gustavo Carca, titular de la comisaría 6º, a quien el juez había responsabilizado por �falsedad ideológica� y �ocultamiento de pruebas�.
La fuga del Departamento Central, ocurrida el domingo 17 de setiembre del año pasado a las 0.40 de la madrugada, se convirtió en un papelón histórico para la fuerza que conduce el comisario general Rubén Santos. Del lugar de detención, considerado como el más seguro que tiene la policía, se escaparon Luis Alberto Rojas y Fidencio Vega Barrios, acusados de asesinar al vicepresidente de Paraguay, Luis María Argaña, y el especialista en fugas Daniel �Tractorcito� Cabrera. Los tres salieron por la puerta principal del edificio ubicado en Moreno al 1500 después de reducir al personal de seguridad.
El 15 de octubre, el juez Cavallo procesó a once policías: cinco de ellos por la fuga, otros cinco por maniobras tendientes a proteger a los efectivos involucrados, y el restante, un detenido por la causa AMIA, por presunta colaboración con los evadidos. La Cámara resolvió ayer las apelaciones presentadas por los imputados y por el fiscal de la causa. Los puntos más salientes de la resolución son los que siguen:
 Confirmó el procesamiento por �facilitación de fuga culposa� del comisario Hugo Miguel López, a cargo de la División Seguridad del Departamento Central. �Es indudable que la presencia de sólo dos personas en la guardia era insuficiente para vigilar a seis detenidos, uno de los cuales tenía antecedentes de fuga�. Como agravante, se suma el poco control existente en la alcaidía y las amplias libertades que beneficiaban a los detenidos.
Confirmó el procesamiento por �facilitación de fuga dolosa� de los suboficiales Sofío Godoy y Violeta Locatelli, los dos custodios de la alcaidía, quienes acostumbraban a dejar las puertas de las celdas abiertas y permitían a los detenidos contar con celulares y handies. En el auto de Godoy fue secuestrada una cinta adhesiva idéntica a la utilizada por los fugados para amordazar a los custodios.
Confirmó el procesamiento de Víctor Parodis, quien le prestó un handy a Barreda un día antes de la fuga, por facilitación de fuga culposa. Y el de Pedro Noé de Rui �quien encontró el handy y en lugar de entregarlo al juez, lo devolvió a su dueño� por encubrimiento.
Con respecto al personal de la Comisaría 6ª �que tiene jurisdicción ante hechos ocurridos en el Departamento Central� la Cámara dice que �no existen constancias que tengan suficiente entidad� para afirmar que ocultaron pruebas o falsearon documentos. Según Cavallo, el comisario Carca certificó con su firma que Godoy no iba a declarar ante el juez pues se encontraba inconsciente, tras el castigo sufrido durante la fuga, pero en la historia clínica no constaba esa pérdida de conocimiento. Por otra parte, el personal de la 6ª no entregó al juez el celular y el handy, que el propio magistrado encontró después, tras un allanamiento. Para Cavallo,estas maniobras eran una suerte de protección corporativa a sus compañeros involucrados. La Cámara consideró que eso no estaba probado.
Tampoco encontró debidamente probado que Galvarino hubiera intentado convencer a los detenidos de la AMIA para que cambien su declaración, como dijeron los propios policías procesados por el atentado. No hubo testigos de ese presunto comportamiento.
Galvarino fue procesado esta semana por el juez Mariano Bergés, junto a otros seis comisarios, en la causa por estafa a clubes de fútbol. En ese caso, Bergés denunció la intervención del secretario de Seguridad, Enrique Mathov, quien logró evitar la indagatoria al jefe de la Federal, Rubén Santos. Gracias a esa maniobra, el comisario general eludió un procesamiento seguro.
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