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Por Cristian Alarcón
 Nadie recuerda un enfrentamiento institucional de estas dimensiones, a partir de una investigación sobre corrupción en la Policía Federal. Pero lo cierto es que la sangre está llegando al río: no sólo que la fuerza comandada por el comisario Rubén Santos pidió el juicio político del juez que la investigó, Mariano Bergés, sino que fuentes judiciales aseguraron ayer a Página/12 que es posible, con el nuevo magistrado a cargo del caso, Julio Lucini, la citación y el procesamiento del jefe máximo de los federales. De hecho, parte importante de la polémica es la reiterada visión de Bergés, según quien Santos estaría procesado si no fuera porque el secretario de Seguridad Interior, Enrique Mathov, lo mandó a una misión secreta el día que debía declarar. Ayer tanto el jefe de los fiscales, Norberto Quantín, como integrantes del Consejo de la Magistratura y el Colegio Público de Abogados, salieron a criticar la actitud del poder político, en lo que nadie puede negar que se trata de un duro conflicto entre la Justicia y el Ejecutivo junto a su brazo armado.
La lucha desatada hace unas semanas entre la Federal y la Secretaría de Seguridad Interior de un lado y el juez Bergés del otro llegó a su punto máximo esta semana, cuando la fuerza se vio en la necesidad de pasar a disponibilidad a uno de sus hombres fuertes, el tercero en el rango después de Santos y jefe de Seguridad Metropolitana, Oscar Lissi, quien acaba de ser procesado. Junto con Lissi tuvo que dar un paso al costado el titular de la seccional 34, Juan Carlos Robles. A la espera de la decisión que tome la Cámara al analizar los procesamientos quedaron otros cuatro oficiales de alto rango. Sucede que al dejar la causa, en sus manos durante ocho meses por un problema de licencias, el juez Bergés dejó claro que considera que Mathov hizo una maniobra para que Santos no fuera indagado. �Lo hubiera procesado�, se encargó de decir a propios y ajenos. Ayer, en off the record, un miembro del consejo de la Magistratura le dijo a este diario que la actitud del funcionario �suena a podrido, a que lo único que quiso fue cubrirlo. Bergés terminaba su actuación y no querían que le tomara declaración porque sabían que lo iban a procesar�.
Dispuesto a dar su opinión desde su lugar como representante de los jueces de primera instancia en el Consejo, Javier Fernández Moore fue más tajante en su �defensa de la independencia de poderes�. Al opinar sobre el pedido de juicio político a Bergés por parte de la Federal dijo que le resulta �una barbaridad esta presión que se hace a un juez nada mas que porque se puso a investigar una causa donde podría estar involucrado el poder. Creo que tal como está enunciada no va a tener ningún tipo de progreso�. Fernández Moore se refiere a la presentación de la abogada Eugenia Tomir, de la Superintendencia de Asuntos Jurídicos de la Federal, quien además denunció penalmente a Bergés por supuesta coacción a los suboficiales que declararon que nunca estuvieron en los operativos de seguridad en los que sus nombres aparecían. La policía contaría ahora con tres testimonios de agentes que �se darían vuelta� y declararían que los �apretaron� para hablar contra sus jefes. Sin embargo fueron muchos más los que contaron ante Bergés que no sólo que no iban a la cancha cuando se suponía que sí, sino que después tenían que ir al cajero automático, retirar el dinero que supuestamente ganaban por el operativo, y entregárselo a sus jefes inmediatos.
Ayer el fiscal del caso, Martín Niklison, le explicó a Página/12 que no todo está dicho sobre cómo se conformaba la supuestas asociación ilícita por la que se procesó a los altos mandos. �Hasta el momento sólo declararon los suboficiales, no llegamos aún a los jefes de tropa e inspectores �apuntó�. Y en el caso de los agentes, entiendo que la superioridad quiso frenar la investigación y todos los suboficiales citados a partir de determinado momento se negaron a declarar�. Esa sería la presión que luego continuó con el pedido de recusación y de juicio político de Bergés. Pero fuentes judiciales admitieron que si bien con loselementos que había en la causa el juez actual no citaría a Santos, estas declaraciones faltantes, y el peligro que correrían los mandos medios si las pruebas se aproximan a ellos, como está ocurriendo, la estabilidad de la cúpula empeoraría. Y Santos quedaría mucho más al borde del precipicio de lo que estaba cuando su superior Mathov lo envió a la misión secreta.
Ayer, en tren de ironizar, Quantín dijo que a lo mejor Santos viene con el que puso la bomba en la AMIA. Angel Bruno, vicepresidente primero del Colegio Público de Abogados fue más político: �rehusarse a concurrir a los estrados judiciales a requerimiento de cualquier juez conspira contra la transparencia que la sociedad reclama. Más cuando tras el escándalo del Senado se dictó una ley con la cual cualquier diputado o miembro del ejecutivo que estaba amparado por fueros ahora debe ir a declarar�.
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