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Por Mónica Gutiérrez
Desde Córdoba
 Abogados y organismos de derechos humanos de todo el país confluirán hoy en Córdoba para analizar la continuidad de las causas por la verdad histórica que se tramitan en los tribunales. �Vamos hacia el objetivo común de perseguir la sanción penal, por todos los medios jurídicos posibles�, resumió María Elba Martínez, una de las abogadas que promueve las investigaciones en materia de derechos humanos. Representantes de Capital, La Plata, Mar del Plata, Mendoza, Salta y Jujuy estarán presentes para debatir sobre los juicios y aunar esfuerzos.
Según le explicó Martínez a Página/12, �el objetivo primario del encuentro es conocer la situación de cada lugar en materia de juicios y hacer intercambio de estrategia, doctrina y jurisprudencia�. En este caso, y por primera vez, también van a participar centros de estudiantes y sindicatos.
Más de cuarenta profesionales de todo el país integran la Red de Abogados de Derechos Humanos que tendrá hoy en Córdoba su tercer encuentro nacional. Martínez, del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), entidad organizadora de la reunión, anunció la presencia de representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), de la APDH, de H.I.J.O.S y de Familiares de Desaparecidos.
�Así como en Córdoba se avanzó sobre las estructuras económicas y judiciales, vamos a plantear que las imputaciones no se restrinjan al área militar sino a todos los estamentos que tuvieron responsabilidad en los delitos investigados� sobre violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, señaló la abogada del Serpaj.
Martínez resaltó la trascendencia de sentencias que ponen un límite a la cosa juzgada y que, según su opinión, permitirán avanzar hacia la persecución penal. Por estos días, en Córdoba se aguarda un pronunciamiento de la jueza federal Cristina Garzón de Lascano sobre una presentación similar, que cuestiona la constitucionalidad de las leyes de impunidad en la causa (Luciano Benjamín) Menéndez.
Desde el Serpaj insistieron en que �el objetivo es sancionar. Queremos hacer de la cuestión penal posible un criterio común�, señaló Martínez y recordó su oposición a lo que sucedió en los tribunales cordobeses en abril pasado, cuando los militares �incluido Menéndez� desfilaron como �testigos� en una causa que los debió tener como imputados. Cuando fueron detenidos por negarse a declarar el Ejército envió al secretario general de la fuerza, Eduardo Alfonso, a visitarlos �para atender las necesidades� de los uniformados.
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