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Por Cristian Alarcón
 �¿Esta es la Secretaría General? �preguntó tras abrir de golpe la puerta uno de los policías de civil que se disponía a allanar las oficinas de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del gobierno porteño.
�¡¿Dónde están los expedientes del Vega?! �quiso saber otro.
�La verdad es que yo soy el que da los alertas meteorológicos, pero ahora mismo no hay alerta �los despachó, impasible, el empleado.
La escena era el comienzo del allanamiento a las oficinas de Abel Fatala, ayer al mediodía, ordenado por la jueza Ana Bulacio de Rúa y concretado por unos 50 policías. La jueza correccional investiga la denuncia de la psicóloga Alicia Schmoller, una vecina que vive sobre el arroyo Vega y que perdió todo lo que había en su casa durante la inundación de enero. La mujer acusa a Fatala por la interrupción de la obra. Pero, paralelamente, Fatala responsabiliza a las gestiones anteriores por irregularidades graves en la misma. Aunque a raíz del caso ya debieron renunciar tres funcionarios, ayer el procurador de la Ciudad, Juan Carlos López, deslindó responsabilidades de la actual administración: �Parece una de esas causas conocidas como excursiones de pesca en las que buscan al voleo�, le dijo a
Página/12.
El escándalo en que el gobierno quedó empapado tras las grandes lluvias del verano, cuando los vecinos de Belgrano vieron cómo el agua destruía sus bienes, no cesa. A estas alturas adquiere no sólo el dramatismo de las historias como la de Schmoller, una psicóloga que vio naufragar desde sus muebles hasta sus libros de Jaques Lacan, diván incluido; sino el de quién es el responsable por la demora y las irregularidades en la obra de siete millones de pesos para el arroyo Vega, con la que se solucionaría el drama de los vecinos. Es por eso que a esta altura ya son dos las causas que sobre presuntas irregularidades existen en la Justicia. Una de ellas es la que inició el propio procurador López en enero en base a la información detectada por los hombres de Fatala: en ella se investiga por qué los informes oficiales indicaban que la empresa CCI había cumplido con trabajos en realidad jamás realizados.
La otra es la presentada por Schmoller. Ayer, por diferentes medios reiteró su idea de que �Fatala es responsable de dilaciones inexplicables� y de �no realizar las obras, prometer y no cumplir�. Basado en ello es que la mujer inició la causa ante el Juzgado Correccional 13, a cargo de Bulacio de Rúa. La jueza quiso tener cada uno de los papeles sobre el largo proceso de las obras del arroyo, que comenzó en 1997 y atravesó tres gestiones distintas. Pidió desde las contrataciones, hasta las actas de las reuniones de los vecinos de Belgrano con los funcionarios, los presupuestos: un carro lleno de documentación. El hecho en principio lo tiene todo como anécdota. Según los empleados de la Secretaría, un grupo de hombres de jeans y zapatillas ingresó �sin mostrar la orden de allanamiento� al lugar. Los �malos modos� provocaron una crisis de llanto de una de las secretarias de Fatala. Según sus voceros, el propio funcionario fue sorprendido en su despacho por los federales, a quienes hizo retroceder a los gritos. El asunto se calmó, cuentan, cuando llegó el fiscal que coordinó el procedimiento, Marcelo Martínez Burgos.
La búsqueda de los hombres duró toda la tarde. Durante ese tiempo no hubo permiso para salir ni entrar del lugar. Tampoco para hacer una llamada. Para colmo, avisadísima, la prensa televisiva y radial llegó casi con la policía al lugar de los hechos. �Esto fue un operativo montado con segundas intenciones�, le dijo ayer a
Página/12 un alto funcionario comunal. Es entre sectores de la Alianza que las aguas están verdaderamente revueltas. Ayer los voceros del área insistían en la molestia que generó el allanamiento y su propaganda hasta en el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra. �Con sólo pedir un oficio tenían toda la documentación�, opinó el procurador de la ciudad.
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