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Amenazan a un policía que admitió
que cobraba extras �para la corona�

Es uno de los agentes que denunció a sus superiores en la causa de estafas contra los clubes de fútbol. Ahora le pusieron custodia. Dijo ante la Justicia que el personal cobraba por las prestaciones fantasmas y luego lo entregaba �a la corona�.  
La estafa era en las canchas: se facturaba por un número de agentes muy superior al real.
La investigación, con varios procesados, desató una crisis en la cúpula de la Federal.

Por Carlos Rodríguez 

Sigue caliente la causa que involucra a varios jefes de la Policía Federal por estafas contra los clubes de fútbol mediante la facturación de servicios de custodia adicional nunca realizados: ayer fue amenazado de muerte un cabo que había denunciado a sus superiores. Por eso, el que ahora está custodiado, por razones de seguridad, es el denunciante. La medida preventiva fue tomada por el juez de la causa, Julio Lucini, luego de escuchar al amenazado. El cabo, cuyas iniciales son G.C., había denunciado ante la Justicia que en la División Guardia de Infantería, en la que se desempeñó desde fines de 1998 hasta marzo de 2000, a todos los suboficiales y agentes �los incluían en listados de servicios adicionales que efectivamente no realizaban�. Precisó que el personal subalterno cobraba el dinero por prestaciones �fantasmas� y luego lo entregaba �a la corona�, en alusión a la cúpula de la Federal. 
En su detallado testimonio, G.C. sostuvo que un �oficial� de la compañía en la que estaba era el que les leía �un listado de suboficiales (...), diciéndoles que los nombrados habían prestado servicios adicionales y que debían pasar a cobrar� por los cajeros automáticos. En ese mismo momento �se designaba a un oficial, que podía ser el mismo (que hacía el anuncio), al que le debían entregar el dinero cobrado� por servicios inexistentes. El cabo ahora amenazado había sido contundente en un punto central: �En dichas maniobras �recalcó� están todos los oficiales que están en la Guardia de Infantería�. La cita es textual del fallo firmado por el ex juez de la causa, Mariano Bergés, quien procesó a siete oficiales de la Federal, entre ellos al tercero en la estructura jerárquica comisario Oscar Horacio Lissi, luego pasado a disponibilidad. 
El cabo es ahora custodiado por personal de la Gendarmería Nacional. En medios judiciales se dijo que G.C. recibió �una amenaza telefónica�, pero otras fuentes aseguraron a Página/12 que el acto de intimidación fue realizado �en forma personal, a cara descubierta�, en las proximidades de la dependencia policial donde el cabo cumple funciones. En su denuncia, G.C. había precisado que el �oficial� que les explicaba cómo se concretaba la maniobra delictiva, justificaba el procedimiento diciendo que el dinero reunido �era para comprar comida, debido a que el personal permanece 24 horas acuartelado y necesita comer�. El culpable era �el Estado (que) no les proveía de los fondos necesarios�. 
G.C. admitió que �no era amenazado para cobrar el dinero y entregarlo�, pero aclaró en su propio descargo que �quien es policía sabe que te pueden mandar a una esquina a estar parado las 24 horas, o te pueden sancionar por una estupidez y a los seis meses te echan de la fuerza por exceso de arresto� (sic). De su denuncia surge que lo que hacían los jefes era �cubrir el servicio de policía adicional (que se factura como extra) con personal del servicio ordinario�. El mecanismo era simple: �Un hombre está de servicio ordinario y es enviado a una cancha de fútbol, y al llegar al destino, el oficial encargado del grupo baja del carro de asalto e ingresa al estadio a un sector que es de policía adicional�. 
Como los oficiales tienen el manejo sobre números de legajo, DNI y otros datos personales de los suboficiales, las planillas de �policía adicional� eran llenadas con los nombres de los que estaban en el �servicio ordinario�. A las 48 horas se acreditaban los 48 pesos por cabeza de supuesto �trabajo extra� realizado en el día franco, pero en realidad se habían utilizado hombres del �servicio ordinario� que, muchas veces, se enteraban del falso �turno adicional� a la hora en que les ordenaban ir a retirar el dinero �para la corona�. Por año se hacían miles de planillas truchas que engordaban bolsillos ajenos. 
La plata retirada por los suboficiales del cajero �era entregada sin que exista recibo alguno�. Para G.C. entregar el dinero es �como una tradición� y los suboficiales �no se quejan� porque �nadie se levanta contra los oficiales�. Ahora ocurrió y por eso comenzaron las amenazas. Lomismo viene ocurriendo en la Policía Bonaerense con los suboficiales que denunciaron irregularidades en el Comando de Patrullas de Vicente López. 

LLAMO �CANALLA� A UN TESTIGO
Verón al contraataque

Tras la aparición de un testigo �arrepentido�, que acusó a la cúpula de la Policía Bonaerense y del Ministerio de Seguridad provincial de �armar� el gigantesco operativo realizado el año pasado en Los Polvorines, en el que más de 200 policías buscaron a tres ladrones que habían asaltado un banco, el ministro Ramón Orestes Verón salió a respaldar el accionar de la fuerza y calificó de �canalla� al cabo arrepentido, al tiempo que consideró que su denuncia �es una burla a la Justicia y una agresión al policía muerto y a los otros ocho que fueron heridos�.
El episodio que despertó la duda en la justicia bonaerense sobre una operación de �lavado de imagen� montado por la propia policía se produjo el 25 de agosto último. Gustavo Torres, Máximo Leguizamón y Fabio Brizuela robaron ese día 25.000 pesos de la sucursal de la Banca Nazionale del Lavoro de El Talar de Pacheco. Intentaron refugiarse en una vivienda de Los Polvorines, pero fueron sorpresivamente rodeados por más de 200 policías, de distritos lejanos como Quilmes y La Matanza. Los tres ladrones murieron acribillados; cada uno recibió más de 50 balazos. En aquel momento, Verón justificó la matanza diciendo que los ladrones disparaban �a ciegas y a locas�. Sin embargo, el cabo aseguró que los ladrones quisieron entregarse y que fueron acribillados por los policías. 
Los puntos que alimentan las sospechas de los investigadores son, entre otros, cómo pudieron los policías ubicar a los ladrones, si les habían perdido el rastro; y quiénes dispararon las balas que mataron al sargento primero Julio Sánchez. Este último punto nunca podrá aclararse: el proyectil extraído del cuerpo de Sánchez no tenía el encamisado. A raíz de las declaraciones del nuevo testigo, el fiscal Luis Chichizola decidió reabrir la causa. Tanto él como el periodista Rolando Graña �del programa Puntodoc/2, en el que el arrepentido contó su versión� fueron amenazados.

 

 

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