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Por Horacio Verbitsky
 Pedro Pou se benefició con un préstamo de 2 millones de dólares a una empresa de la que era propietario, autorizado por el Banco Central, del que Pedro Pou era presidente. Ese monto es el 42 por ciento del patrimonio total que Pou declaró a la Administración Federal de Ingresos Públicos en el mismo año del crédito, 1999. Los analistas de riesgo que intervinieron habían puesto en duda la capacidad de repago del crédito, pero una orden superior modificó su dictamen. En esta página se publica el facsímil de la resolución: junto a la anotación que cambió el dictamen de los técnicos de la Superintendencia de Entidades Financieras, se dejó constancia de que ello ocurría por indicación del �Pte�. En la documentación que el Banco Río elevó al Banco Central se menciona como titular de la empresa a un hermano de Pou, de nombre Juan, y así lo informó este diario al revelar el episodio, hace dos años. Pero ahora se sabe que el propio Pedro Pou reconoció en su declaración impositiva de bienes que él es el verdadero propietario y en consecuencia beneficiario del crédito, con garantía hipotecaria.
Arrinconado por distintas investigaciones, Pou aceptó relajar la astringente política monetaria que, según el ministro de Economía Domingo Cavallo, sería una de las causas de la prolongada depresión económica. Aunque así bajaba el tono de su enfrentamiento con Cavallo no tardó en advertir que también resignaba el único argumento técnico con el que hasta ahora había resistido los cuestionamientos políticos, que también le formularon Carlos Rückauf, Raúl Alfonsín y Carlos Alvarez. Y ante un aflojamiento adicional de la política monetaria se negó a cumplirlo, aduciendo que la autonomía del Banco Central no lo obligaba a obedecer decretos del Poder Ejecutivo. Es dudoso que esa tardía reacción legalista lo ponga a salvo. Pasado mañana la comisión bicameral del Congreso que investigó su gestión se propone recomendar su destitución al presidente Fernando De la Rúa. Durante sus investigaciones sobre el lavado de dinero, la diputada Elisa Carrió caracterizó a Pou como el garante de esa operatoria. El jueves, al estrenar la comisión investigadora que preside, advirtió que si luego de un dictamen desfavorable a Pou el presidente Fernando De la Rúa decidiera sostenerlo en su cargo, se convertiría en cómplice y encubridor.
Enriquecimiento ilícito
No es seguro que el ministro de Economía sea el Cavallo que más preocupa a Pou. Entre otras causas judiciales, Pou está bajo investigación por enriquecimiento ilícito. El expediente se abrió cuando el juez federal Gabriel Cavallo lo procesó por incumplimiento de sus deberes como funcionario y abuso de autoridad, en la causa por los cierres de los bancos Patricios y Mayo. El juez sostuvo que Pou no actuó para defender el interés del público. Una resolución del Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra, establece que si un funcionario público está sospechado de haber delinquido contra la administración pública, con ánimo de lucro, también debe investigarse su patrimonio. El fiscal federal Eduardo Freiler denunció entonces al presidente del Banco Central y luego instruyó la causa por delegación del juez Cavallo. La Procuración General impartió una nueva instrucción a Freiler, esta vez sólo verbal: como la amistosa Sala I de la Cámara Federal (Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani) revocó el procesamiento de Pou, también debía archivarse la causa por enriquecimiento ilícito. Pero Cavallo revocó esa decisión y ordenó continuar la investigación ya que subsisten �los motivos originarios de sospecha�. Cavallo se pregunta qué sucedería si más adelante se comprobara que Pou se enriqueció en forma ilícita y que la prueba estaba entre los elementos de la causa, que todavía no fueron analizados. Los crecimientos patrimoniales �parecen haber sido significativos�, dijo el juez. No hayduda: Pou pasó de uno a seis millones de pesos de patrimonio entre 1995 y 1998, años en los que fue presidente del Banco Central. Freiler ya recibió un informe de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (UFITCO) y espera la investigación que encomendó a la Policía Federal. Con sus resultados invitará a Pou a justificar el crecimiento de su patrimonio personal. El enriquecimiento ilícito fue un delito incluido en el Código Penal durante la presidencia del radical Arturo Illia, con asesoramiento del penalista cordobés Ricardo Núñez. Como es muy difícil probar que un funcionario cobró por hacer o por no hacer algo desde su cargo, para impedir que pueda gozar del fruto de sus actos ilegales se analiza su patrimonio. Ante el requerimiento de un juez es el funcionario el que debe probar su origen lícito. Eduardo Angeloz solicitó que se declarara inconstitucional ese delito, aduciendo que al invertirse la carga de la prueba se afecta el principio de inocencia.
Como el Uruguay no hay
Gracias a las declaraciones juradas de impuestos del ingeniero agrónomo Pedro Pou, que la UFITCO envió a Freiler, se supo que en 1997 el presidente del Banco Central reconoció una participación societaria de 2,7 millones en Estancias Unidas del Ibicuy S.A. Esa es la empresa que, poco después, obtuvo el crédito de dos millones gracias a la intervención del propio Pou. Estancias Unidas del Ibicuy tiene 10.000 hectáreas, próximas a Gualeguay, y en los papeles bancarios figura como su propietaria otra empresa, constituida en el Uruguay bajo la denominación Punta Lucía S.A. Las sociedades virtuales en el Uruguay, que a su vez realizan aportes de capital a empresas reales en la Argentina, son una constante en las principales investigaciones sobre evasión fiscal, lavado de dinero y posibles delitos cometidos al amparo del poder político en la década pasada. Entre las más notorias figuran Elthan Trading, accionista a su vez del Yoma Group, y Daforel, a través de la cual Diego Palleros y Luis Sarlenga dijeron que se pagó la comisión por el tráfico de armas. El ex presidente Carlos Menem reveló en un reportaje con Luis Majul que incluso la casa en la que vive está a nombre de una sociedad uruguaya, de la que es propietaria su hija Zulema. El presidente de Punta Lucía SA es Juan Pou, el hermano del presidente del Banco Central. En la declaración de bienes de Pou de 1999 también figura un extraño crédito de 180 mil pesos de Pérez Companc S.A, la empresa naviera y petrolera que hasta agosto de 1997 fue propietaria del Banco Río.
Conocida en la zona como La Calera, la estancia de Pou está sobre el río Gualeguay y es de difícil acceso. Se trata de una explotación ganadera, dedicada al engorde de hacienda. Una parte puede recorrerse en camioneta con tracción en las cuatro ruedas y otras a caballo y en lancha. La mejora principal que le introdujeron fue la construcción de terraplenes de seis metros y medio de altura a lo largo de unos veinte kilómetros, pero estas defensas cedieron con la crecida de 1998. La casa principal, de 400 m2 es nueva. Según los tasadores del Banco Río el valor de toda la propiedad es de 4 millones de dólares, a razón de 400 por hectárea. Si esto es así, la participación de 2,7 millones declarada por el presidente del Banco Central, implica que él y no su hermano controla el emprendimiento. Las actividades de la empresa se iniciaron en mayo de 1991, tres meses después de la designación de Pou como vicepresidente del Banco Central y su relación crediticia con el Banco Río se inició en abril de 1995. En 1998 Pou tuvo otro problema con la Administración Federal de Ingresos Públicos por actos u omisiones de Estancias Unidas del Ibicuy que, a través de una controlada, obtuvo beneficios impositivos del gobierno de Catamarca pero no cumplió sus compromisos de inversión y generación de empleo. También denunció como domicilio el de una casa de familia.
Camel
El Banco Central califica a las entidades financieras y a los créditos de sus clientes según una norma internacional. El denominado Comité Camel pondera Capital, Activos, Management, Ingresos (Earnings, en inglés) y Liquidez, de donde surge la zoológica sigla. La calificación 3 que el analista de riesgo había atribuido al emprendimiento de Pou se traduce al idioma de los argentinos en la lacónica expresión �Con problemas�. Según otra escala de calificación, Estancias Unidas del Ibicuy había merecido el rating F.E.V.E. 40, una alegoría médica cuya traducción literal es: �Seguir. No incrementar riesgo�. La opinión del analista que fundamentó la calificación 3 sostuvo que �el flujo de fondos demuestra problemas para atender normalmente la totalidad de sus compromisos financieros. Sólo cubriría los intereses con una reducción de disponibilidades y no con generación operativa genuina�. Dada la sostenida baja en el precio de los novillos �la deuda por capital podría saldarse únicamente con la reducción de activos�. También detectó �escasa capacidad de ganancias� y un inadecuado sistema de información, en el que faltaban los estados contables cerrados en diciembre de 1998 y los de 1997 �no cuentan con la legalización del Colegio Público de Ciencias Económicas. El sector de actividad económica presenta una tendencia futura incierta, afectada por inundaciones y por la caída de precios que pone en perspectiva una disminución de ingresos y beneficios�, dice .
Al referirse al estado de situación patrimonial, el informe sostiene que el endeudamiento financiero representaba en aquel momento 445 días de ventas. �Por otra parte se demuestra escasa capacidad para generar resultados significativos, la rentabilidad sobre ventas es del 3 por ciento y el retorno sobre el pasivo neto del 1,76 por ciento. La generación operativa de fondos es de 48.000 dólares, cuando los intereses anuales por el préstamo con el Banco Río rondan los 200.000�. No era mejor el flujo de fondos previsto. La empresa preveía ventas que resultaron 140 por ciento superiores �a las reales informadas. Este dato da una idea de la magnitud del deterioro que sufre la sociedad�. El flujo presentaba déficit de caja en casi todos los meses y una disminución de la disponibilidad total de 126.000 dólares, casi el doble de la disponibilidad registrada en el balance de 1997 �y que representa más de la mitad de los intereses de la financiación del Banco Río�. Las ventas a marzo de 1999, �reflejan una estrepitosa caída� de la facturación, con ventas por 267.000 dólares contra 1.855.000 en los mismos meses del año anterior, �lo que significa una reducción de un 86 por ciento�. A pesar de esta crítica situación, el Banco Central aprobó la operación, con unas pocas líneas manuscritas que se agregaron al informe del analista de riesgo. Sus argumentos: �la empresa ha demostrado buen cumplimiento de sus obligaciones y llegado el plazo de vencimiento del capital sus bienes de cambio, que en definitiva son un comoditie (sic) cubrirían la totalidad de su pasivo�. Un commodity es un bien útil que puede venderse. Cuando se otorga un crédito se supone que será pagado con el producto de la actividad, no liquidando los activos.
El análisis de riesgo realizado por el Banco Río no era tampoco alentador. �Las cifras de la compañía no ameritan el monto en que se encuentra atendida y no cuenta con otros activos para ofrecer en garantía. Somos el único banco que le presta apoyo�, decía. Tanto los ingresos como las utilidades fueron considerados �pobres respecto a ventas y patrimonio�. La compañía �no genera los fondos suficientes para considerar el repago de su deuda financiera�. Las conclusiones, firmadas por el oficial de crédito Santiago Nemiña y el supervisor de riesgos Roberto De Maio decían que el negocio no permitiría pagar, por lo que recomendaba no incrementar el riesgo y mantener a la empresa bajo vigilancia. Perotambién la documentación del Banco Río exhibe una tachadura manuscrita, que deja en pie el análisis pero anula sus conclusiones. La única explicación debe buscarse en la primera fortaleza del cliente, consignada en el análisis: �Su principal accionista es el señor Juan Pou, de reconocida trayectoria y conocimiento en el mercado�. Como todos ya podían sospechar entonces, en realidad Juan era Pedro.
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