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La
suerte de Emilio Alí comenzará a decidirse hoy. A las 9,
los jueces Reinaldo Fortunato, Enrique Aníbal Ferraris y Rodolfo
Guimarey abrirán en Mar del Plata la primera audiencia del juicio
oral por los cargos de “coacción y extorsión”
que pesan sobre el dirigente barrial de 25 años. El juicio empezará
casi un año después del 5 de mayo de 2000, cuando más
de cien personas –en el marco de un paro general decretado por la
Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la CGT Rebelde– ocuparon
una filial marplatense de Casa Tía en reclamo de alimentos. Por
ese episodio, Alí fue querellado de oficio por el fiscal Alfredo
Deleonardis y posteriormente detenido por orden del juez de garantías
Marcelo Riquert. Desde hace 10 meses, se encuentra preso en la celda 15
del pabellón 9 de la Unidad Penal XV de la cárcel de máxima
seguridad de Batán.
El proceso empezará con protestas y expresiones de solidaridad
con el titular de la Unión de Vecinos Organizados (UVO), una organización
adherida a CTA. Durante toda la jornada de hoy, por ejemplo, el edificio
de Tribunales, en Almirante Brown y Tucumán, estará rodeado
por manifestantes de la CTA, ATE, Federación Agraria, Actores,
Asociación Bancaria, Suteba, entre otros. A ellos se les sumarán
los vecinos de Alí, que organizarán una radio abierta, y
200 desocupados liderados por Raúl Castells, que estuvo preso por
los mismos cargos que Alí.
El juicio oral durará cinco días y puede terminar con la
absolución de Alí, o con su regreso definitivo a prisión
con una condena de entre 5 y 15 años. Noventa testigos declararán
en una semana. Los primeros serán los empleados y el gerente de
Casa Tía que estaban trabajando el día de la toma del local.
Además de ellos, serán citados como testigos trabajadores,
desocupados, dirigentes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y del
movimiento Teresa Rodríguez, los diputados socialistas Alfredo
Bravo y Jorge Rivas, y el periodista Jorge Alfieri.
Hace un mes, el preso hizo pública una carta en la que se definió
como “un luchador de los derechos humanos”, manifestó
estar orgulloso de que lo llamen “piquetero” y acusó
a quien ordenó su detención de ser un “puntero político
del Partido Justicialista”. Mientras tanto, su situación es
seguida con atención por dirigentes sindicales, políticos,
intelectuales y miembros de organismos de derechos humanos, que consideran
que su caso es una muestra de la “judicialización del conflicto
social”. Al respecto, Víctor De Gennaro, secretario general
de la CTA, afirmó ayer en diálogo con Página/12 que
a Alí “tratan de usarlo como un chivo expiatorio para mostrar
como se castiga a los luchadores sociales”.
Informe: Martín Piqué.
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