Por Santiago Rodríguez

Emir Yoma tiene para largo rato en la cárcel en su condición de presunto organizador de la asociación ilícita que vendió armas a Ecuador y Croacia en forma ilegal. Pero si su suerte llegase a cambiar está a punto de hacerse de dinero más que suficiente para pagar una eventual fianza: en la sucursal Chilecito del Banco Nación, en La Rioja, hay un plazo fijo que vence el próximo viernes por casi 12 millones de dólares que el Grupo Yoma S.A. reclama en concepto de reintegros de exportaciones que no han sido verificadas. La curtiembre del ex cuñado de Carlos Menem podría llevarse ese día el efectivo gracias a una maniobra avalada por la Cámara Civil, Comercial y de Minas de Chilecito –que el Nación y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denuncian como “ilegal”– y a la inacción de la Justicia en distintas instancias, incluida la Corte Suprema. El colmo es que los Yoma le deben al mismo Nación y a los bancos Provincia y Ciudad 140 millones de dólares de créditos que se presume les fueron concedidos irregularmente durante el gobierno menemista y nunca han hecho nada por cancelar esa deuda.
Los 11,8 millones de dólares que en cuatro días estarán disponibles en la sucursal Chilecito del Nación no es todo el dinero que los Yoma pueden llegar a obtener de ese banco, al cual le deben 90 millones por los préstamos de los años del menemismo que jamás cancelaron: en discusión hay también otros 7,6 millones de dólares que la ex familia política de Menem argumenta que le adeudan por un porcentaje impago de títulos que la curtiembre emitió en el ‘94 para pagar sus deudas (ver aparte).
Ambos reclamos tienen, además de los Yoma, un denominador común: la Cámara Civil, Comercial y de Minas de Chilecito, presidida por Daniel Flores, a cuyo favor fue realizado el plazo fijo que vence el próximo viernes. Ese tribunal es el que tiene a su cargo el concurso de acreedores al que se presentó la curtiembre en agosto de 1998 ante la imposibilidad de saldar sus deudas. Los otros dos grandes acreedores del grupo son el Provincia y el Ciudad, que hasta ahora también han esperado en vano el pago de los 50 millones que les debe el Grupo Yoma S.A.
Desde que se presentó a concurso, Yoma no formuló a sus acreedores ningún plan serio para cancelar sus obligaciones. La Cámara de Chilecito nunca lo conminó tampoco a que lo hiciera y, por el contrario, aceptó cada uno de los argumentos de la curtiembre para dilatar el trámite. Aquellos con acceso al expediente aseguran, incluso, que es habitual que las resoluciones del Tribunal –que en la mayoría de los casos sólo firma Flores– sean copias textuales de los escritos presentados por los Yoma.
Es la misma Cámara de Chilecito, también, la que ordenó al Nación que embargara las cuentas de la AFIP por los reintegros a las exportaciones y recursos generados por la promoción industrial a la curtiembre que reclaman los Yoma. La historia empezó a fines de mayo del año pasado, cuando el organismo recaudador le cambió el régimen de liquidación de los reintegros a las exportaciones al Grupo Yoma S.A.
La AFIP tiene dos formas de concretar esos reintegros: los liquida entre los 120 y los 180 días posteriores a la exportación, una vez verificada la veracidad de una declaración jurada que presentan los exportadores, o a los pocos días de concretado el envío al exterior y después constata que los datos brindados por el exportador coincidan con la realidad. Esta última modalidad –conocida como “devolución anticipada”– se aplica a las empresas cuya situación patrimonial garantiza la devolución al fisco del dinero que pueda ser liquidado de más.
Al Grupo Yoma S.A. se le pagaban los reintegros de esa manera, pero en mayo del año pasado la AFIP consideró que su delicada situación financiera hacía necesario que presentara las declaraciones juradas para luego recibir los reembolsos. Entonces, la Cámara de Chilecito intimó a la AFIP a que mantuviera a la curtiembre en régimen de “devolución anticipada” yfrente a la negativa ordenó al Nación que embargara las cuentas del organismo recaudador por el monto de los reintegros que reclamaban los Yoma.
En combinación con la AFIP, el Nación se resistió a cumplir la medida con el argumento de que los fondos públicos son inembargables y de que un tribunal provincial era incompetente para inmiscuirse con el fisco nacional. La respuesta de Flores fue un oficio amenazando al banco con una multa del 4 por ciento por cada día de retraso. Con esa espada de Damocles en su cabeza y frente a la desestimación de cada una de sus presentaciones ante el tribunal de Chilecito, el directorio del Nación –encabezado en esa época por Chrystian Colombo– optó en julio por una salida negociada: aceptó salir hasta diciembre del 2000 como garante de la curtiembre en tercera instancia –primero figuraba el Estado riojano y después una compañía de seguros– ante la AFIP para que siguieran pagándole los reintegros anticipadamente a cambio del compromiso de Yoma de solicitar a Flores el levantamiento del embargo y las multas y de presentar durante ese lapso una propuesta concursal seria para cancelar sus deudas.
No sólo la curtiembre no cumplió su parte, sino que Flores suspendió el embargo y las multas en lugar de levantarlos. Y cuando el Nación le canceló los avales, Yoma solicitó a la Cámara de Chilecito que volviera a embargar las cuentas de la AFIP. En esa oportunidad, el ex cuñado de Menem pidió el embargo ya no sólo por los reintegros de los meses en curso –mensualmente el grupo recibe por esa vía algo más de 1,5 millones de dólares– sino también por 11,8 millones de dólares que argumenta que el fisco le debe por errores en sus declaraciones de exportaciones entre 1992 y 1997.
La reacción de la AFIP y el Nación fue la misma, aunque con un par de agregados: primero que por esos 11,8 millones de dólares no podían realizarse pagos por anticipado; segundo que para esa deuda regía la ley de emergencia económica y que, aún si fuera cierto que existe, debía pagarse en bonos. Flores rechazó los argumentos y volvió a la carga con la multa, pero de manera más virulenta: dispuso que los directores del Nación respondieran con su patrimonio por el pago de las mismas.
El Nación recusó a los integrantes de la Cámara de Chilecito. Sus otros dos integrantes, Sofía Nadder de Bassani y Rodolfo Rejal, se inhibieron de seguir en el caso la semana pasada, pero no así Flores, quien en particular fue cuestionado por haberse manifestado claramente en público a favor de los intereses de los Yoma (ver aparte).
La multa sobre los 13 millones de dólares que Yoma reclamaba al momento en que Flores volvió a imponerla representaba 528 mil dólares diarios. Si el Nación se demoraba un mes debía por lo tanto resarcir al ex cuñado de Menem con 16 millones de dólares. Si la tardanza llegara al año, tenía que pagarle 190 millones. O sea: en el término de 12 meses, Yoma pasaría de deberle 90 millones al Nación a ser su acreedor por 100 millones.
Frente a semejante despropósito, el banco recurrió al juez federal Claudio Bonadío –quien tiene a su cargo la causa por las presuntas irregularidades en la concesión de los préstamos de bancos oficiales a los Yoma– para que investigara la actuación de la Cámara de Chilecito. La maniobra fue presentada como posible defraudación a la administración pública y también se denunció por presunto prevaricato a Flores.
Bonadío se declaró incompetente y giró la denuncia al juez federal de La Rioja, Enrique Chumbita. El magistrado riojano se pronunció del mismo modo y remitió el caso a la justicia penal ordinaria de esa provincia.
La Corte Suprema también se lavó las manos. A esa instancia recurrió la AFIP y el Nación no sólo acompañó esa presentación, sino que además depositó los 13 millones en discordia en una cuenta a nombre del máximotribunal. En apenas cinco líneas –y sin dar siquiera vista al Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra– la Corte contestó que no era la vía procesal indicada y devolvió el dinero al banco.
Con la amenaza de Flores vigente por la inacción de las otras instancias judiciales, la AFIP recomendó al Nación que pagara a la curtiembre los reembolsos a las exportaciones correspondientes al 2001. Los 11,8 millones que Yoma reclama por reintegros adeudados del ‘92 al ‘97 están en el plazo fijo a nombre de la Cámara de Chilecito.
El Nación recurrió a la Oficina Anticorrupción en busca de alguna salida y también apeló las declaraciones de incompetencia de Chumbita y Bonadío. La resolución del riojano está sujeta al análisis de la Cámara Federal de Córdoba y la de Bonadío al de la Sala I de la Cámara Federal porteña. Este último tribunal es el que integran Horacio Vigliani y Luisa Riva Aramayo, la misma camarista que en su momento exculpó a Amira Yoma y que hace un par de semanas Página/12 vio salir de las oficinas de Carlos Corach, al mismo tiempo en que allí se desarrollaba una reunión con Mariano Cúneo Libarona en la que se discutió la estrategia para defender a Emir en el caso de la venta ilegal de armas.
Si de ninguno de esos tres ámbitos surge alguna decisión que ponga freno a la maniobra, el próximo viernes habrá 11,8 millones de dólares esperando a Yoma en la sucursal Chilecito del Banco Nación.

OTROS 7,6 MILLONES DE DOLARES
Un vuelto por el bono

Por S.R.

La posibilidad de que el Banco Nación pierda 7,6 millones de dólares a manos del Grupo Yoma SA está latente: se trata del monto que la curtiembre reclama como impagos por títulos que emitió hace siete años a través de esa entidad para saldar parte de sus deudas.
En 1994, los Yoma convinieron con sus principales acreedores –los bancos Nación, Provincia y Ciudad– emitir un bono para pagar parte de su pasivo. Las tres entidades accedieron y acordaron –como en cualquier operación de ese tipo– que los títulos no serían pagados a su valor nominal del 100 por ciento, sino al 86,6 por ciento.
En febrero de este año el presidente de la Cámara Civil, Comercial y de Minas de Chilecito, Daniel Flores, dispuso de oficio –o sea sin que los Yoma lo pidieran– y sin correr vista al Nación que el banco pagara a la curtiembre 7,6 millones. Ese es el monto correspondiente al 14,4 por ciento del valor de los bonos, que según el magistrado el Nación retuvo indebidamente al pagarlos sólo al 86,6 por ciento de su valor.
Flores también hizo extensiva la medida al Provincia y al Ciudad, con lo cual lo que los tres bancos tendrían que reponerle a la ex familia política de Carlos Menem asciende a 14 millones de dólares; o sea, el 10 por ciento de los 140 millones que los Yoma les deben a esas entidades.
Curiosamente, Flores ordenó que se le pagara esa suma a los Yoma una semana después de que Emir pidiera al Nación un acuerdo que le asegurara los ingresos necesarios para mantener el equilibrio financiero del grupo. El banco presentó un recurso ante la misma Cámara de Chilecito –por una cuestión procesal de La Rioja el mismo tribunal actúa en una suerte de segunda instancia– y dejó abierta la puerta para recurrir en casación ante la Corte riojana y la Corte Suprema de Justicia.
Flores todavía no respondió la apelación, pero con sólo repasar sus actuaciones los abogados del Nación tienen más de una razón para suponer que en cualquier momento puede volver a reclamar el dinero para los Yoma.

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