Por Eduardo Febbro
Desde Quebec

En el cierre de la tercera Cumbre de las Américas, la Argentina oficializó su estatuto de sede de la próxima cumbre, al tiempo que pareció liderar la corriente filosófica que recorre la cláusula democrática que figura como broche de oro en la declaración final. Las 50 páginas de texto y los 34 párrafos de la declaración de Quebec, que comprende un plan de acción con 241 mandatos para fortalecer la democracia y los derechos humanos, aliviar la pobreza, promover el comercio y proteger el medio ambiente, están empapadas en una sólida demanda, no ya de democracia sino de “calidad democrática”.
El texto no brilla por su originalidad pero al menos se destaca una voluntad de corregir las claras falencia de los sistemas democráticos latinoamericanos, al tiempo que incluye un claro apoyo al proceso de paz en Colombia. Igual que en el viejo continente durante la extensa fase de la construcción europea, la declaración ratifica y amplia la ambición de respetar “las personas y las libertades”. En ese contexto, los 34 se comprometen a reforzar el “sistema interamericano de derechos de la persona”, el cual incluye la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En Quebec, los jefes de Estado y gobierno condenaron la utilización de los niños “por las fuerzas irregulares” y recalcaron la subordinación “constitucional de las fuerzas armadas y de seguridad a las autoridades civiles”. Terrorismo, medio ambiente y droga figuraron en el menú de una declaración donde se recalca el apoyo a los “programas de desarrollo alternativo eficaces que apuntan a erradicar los cultivos ilícitos” y el compromiso para facilitar el acceso a los mercados para los productos “derivados de esos programas”.
En un plano más global, la Tercera Cumbre de las Américas insiste sobre el hecho de que las “economías libres y abiertas, el acceso a los mercados, de los movimientos de inversiones sostenidas, la formación del capital y la estabilidad financiera, las políticas públicas apropiadas, el acceso a la tecnología así como el desarrollo y la capacitación de los recursos humanos son esenciales para reducir las desigualdades”. En algunos párrafos, el documento recuerda ciertas corrientes de los anos 80 que parecen haber tardado 20 anos en imponerse. Así, los 34 aseguran que “la democracia y el desarrollo económico y social son interdependientes y se apoyan mutuamente”. En ese sentido, se compromete a reducir de aquí al 2015 en un 50% la proporción de las “personas que viven en la pobreza absoluta”.
El primer punto del plan de acción se refiere al mejor funcionamiento de la democracia. Allí se propone mejorar de manera considerable los mecanismos electorales en su conjunto, incluido el acceso a los medios de comunicación y los sistemas de supervisión internacionales. Sin lugar a dudas, la cláusula democrática constituye el elemento más novedoso de la declaración de Quebec: cualquier “ruptura inconstitucional del orden democrático” en un país del continente constituirá un “obstáculo insuperable” para su participación en el proceso de Cumbres de las Américas, dice el texto donde además se establece que “el mantenimiento y fortalecimiento del Estado de Derecho y el respeto estricto al sistema democrático son, al mismo tiempo, un propósito y un compromiso compartido, así como una condición esencial de nuestra presencia en ésta y futuras Cumbres”. Según dijo el presidente De la Rúa, “la cláusula democrática incorporada se dirige a consolidar la estabilidad de los gobiernos que surjan de la voluntad popular, en el convencimiento que la democracia es donde se realiza en plenitud la persona humana”.
Hubo no obstante una voz discordante. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, firmó la declaración con dos reservas anotadas en el textooficial. Chávez se opuso al término “democracia representativa”, al que quiso reemplazar por “democracia participativa”. El mandatario venezolano explicó a la prensa que la democracia representativa había sido en su país “una trampa” que permitió a los políticos corruptos robar fondos públicos.
Chávez también objetó el plazo máximo de diciembre del 2005 para la entrada en vigencia del ALCA porque, afirmó, necesita someter el tratado a un referendo bajo su nueva constitución. Con todo, los presidentes dieron un impulso a las negociaciones del ALCA con la fecha de en enero del 2005 a más tardar para el inicio de las negociaciones. Hecho sorprendente, los responsables políticos de la Cumbre acordaron mejorar la transparencia de las negociaciones del ALCA publicando el borrador de los trabajos. De la Rúa dijo en su discurso de clausura que hacía falta una mayor explicación del acuerdo a los pueblos americanos. No sin humor, el presidente declaró que “la próxima cumbre en Argentina seguramente no precisará vallas para detener a los que vengan a protestar, sino espacios para quienes vengan a aplaudir cuando se está trabajando para el beneficio y el progreso de los pobres”.
Mucho más drástico, el mexicano Vicente Fox aseguró que “entramos al siglo XXI con el pie derecho. Estamos reconociendo errores que quizás cometimos en el siglo XX”. Fox puso de relieve el apoyo dado por la Cumbre al Plan Colombia y el presidente colombiano Andrés Pastrana aprovechó una de las menciones de la declaración de Quebec para pedir a las “fuerzas irregulares” que cumplan con los compromisos adquiridos en las negociaciones de Los Pozos.
En el plano de la financiación, el presidente del BID adelantó que el banco disponía de 40.000 millones de dólares para financiar el desarrollo de América Latina en los próximos cinco años. El presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, ofreció entre 12.000 y 16.000 millones de dólares para los próximos tres años. Pero esas sumas no conforman a quienes recuerdan que entre las cumbres de Miami, Santiago y ésta se han acumulado más de 500 mandatos que duermen el sueño de la falta de presupuesto.

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