Teléfono descompuesto

Por Horacio Verbitsky

Toda la prensa nacional y parte de la internacional reprodujo las acusaciones del diario español El Mundo y del contador mendocino Luis Balaguer contra el ministro de la Corte Suprema de Justicia Enrique Petracchi, de haber recibido pagos de Telefónica de Argentina para votar en favor del rebalanceo telefónico. Balaguer declaró el viernes en tribunales que Petracchi cobró ese dinero. La diputada Elisa Carrió sólo confirma que vio su nombre en los papeles. Es útil cotejar esas afirmaciones con datos objetivos.
En 1997 el Poder Ejecutivo firmó el decreto 92, cuyo artículo 2º modificó la estructura tarifaria telefónica. La Asociación de Protección del Consumidor y el Defensor del Pueblo de la Nación adujeron que implicaba un aumento injustificado, contrario a la Constitución, a la ley de convertibilidad y al pliego de la licitación del servicio. Dos jueces de primera instancia, la Cámara Federal de Mendoza y la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal concedieron los recursos de amparo presentados por Prodelco y el Defensor del Pueblo. Telefónica y el Estado Nacional recurrieron a la Corte Suprema. La mayoría automática (Julio Nazareno, Eduardo Moliné, Adolfo Vázquez, Guillermo López y Antonio Boggiano) dijo que el aumento no violaba la constitución ni las leyes, incluida la de convertibilidad. En cambio Petracchi, Carlos Fayt, Augusto Belluscio y Gustavo Bossert dijeron que la complejidad del tema y la falta de información hacían imposible resolverlo en un recurso de amparo, que según el artículo 43 de la Constitución es una .acción expedita y rápida., sólo admisible cuando “no exista otro medio judicial más idóneo”. Es decir que dejaban en pie los fallos de Cámara contrarios a Telefónica que suspendieron el aumento. Aparte de rechazar la apelación, el voto de Petracchi fue el único que en forma explícita rechazó la solicitud de Telefónica de que se acumularan en el mismo expediente otros 64 pleitos similares de distintos tribunales del país, que le eran desfavorables.
El mismo decreto 92/97 autorizó en otros artículos a las empresas de telefonía celular del interior del país a transmitir por vía satelital, sin pasar por las redes de Telefónica y Telecom. Telefónica presentó un recurso de amparo y un pedido de no innovar, que fueron concedidos por el juez federal de La Plata Julio César Miralles y por los jueces de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata Héctor Umaschi y Antonio Pacilio con la disidencia de su colega Carlos Alberto Nogueira. De este modo, las compañías del interior (entre ellas la del grupo Clarín) fueron obligadas a seguir usando la red de Telefónica, y a pagar por ello. Cuando el caso llegó a la Corte Suprema, un proyecto de los jueces López, Belluscio y Boggiano propuso negarse a tratar el recurso, en uso de las facultades discrecionales del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que no obliga a expresar motivos. Esto equivalía a confirmar el fallo de Cámara, en favor de Telefónica. Petracchi, por el contrario, firmó un proyecto que revocaba la sentencia de Cámara y obligaba a Telefónica a iniciar también en este caso un juicio ordinario. Belluscio cambió su voto y adhirió al de Petracchi. A los pocos días recibió la visita de un emisario del ex ministro y asesor de Telefónica, Roberto Dromi, que le reprochó el cambio de posición. En un artículo publicado en esta página el 15 de febrero de 1998 se afirmó que según colegas de Belluscio “ello obedece a que alguien cobró una suma millonaria por el voto original, sin que el juez de la Corte lo supiera”. Es decir, Telefónica habría pagado por el voto suscripto por Belluscio con López y Boggiano, no por el de Petracchi. En el Acuerdo del 12 de febrero, la Corte iba a resolver la cuestión, según versiones de prensa en contra de Telefónica. Pero poco después de las 8 de la mañana de ese día Telefónica y la Secretaría de Comunicaciones solicitaron en dos escritos idénticos, con la misma máquina y los mismos errores, la suspensión de los plazos. Ellitigio se resolvió en marzo con un nuevo decreto presidencial, el 266, al gusto de todas las empresas involucradas. Telefónica y el Estado Nacional pidieron el archivo de la causa y la Corte lo dispuso el 7 de mayo de 1998. En un voto propio, Petracchi fue el único de los nueve miembros de la Corte que, pese a ello, insistió en revocar el fallo de Cámara favorable a Telefónica, que en el futuro podría perjudicar a las empresas del interior. En este momento, la Corte tiene a consideración un recurso de Impsat contra el Estado Nacional, que autorizó a Telefónica y Telecom a arrendar sus enlaces fijos a su subsidiaria Startel para que preste servicios de transmisión de datos en régimen de competencia. Petracchi firmó un proyecto sobre el caso, el 11 de marzo de 1998. Tres años después sus colegas aún no han tomado una decisión. Mientras tanto, Telefónica continúa con la rentable actividad impugnada.
La pregunta es entonces ¿por qué en los papeles del Federal Bank que el Citibank entregó al Senado de los Estados Unidos figura una transferencia de 580.000 dólares a nombre de Enrique Petracchi? El juez de la Corte sostiene que nunca operó con Federal Bank , del escribano Raúl Juan Pedro Moneta, y que su cuenta en el Citibank nunca tuvo más de 150.000 dólares, que no es un ahorro inalcanzable para un funcionario con cuatro décadas en el Poder Judicial. Dispuesto a rastrear quién cobró ese dinero, Petracchi se autodenunció a la justicia, pidió su juicio político a la Cámara de Diputados y solicitó información a tres fuentes. La embajada de los Estados Unidos le respondió que el Poder Ejecutivo no podía interferir en una actividad del Senado. El Citibank dijo que aunque la transferencia estuviera a nombre de Petracchi, la cuenta era del Federal Bank por lo que no podía informarle nada. La cáscara vacía del Federal Bank no contestó. Nada más llamativo que ese silencio, dado que el principal colaborador del escribano Moneta es un primo del juez, el abogado Alberto Petracchi, a favor de quien figura otra transferencia similar.
Dirigente justicialista que militó con José Octavio Bordón y Nicolás Becerra pero luego rompió con ellos y los denunció por hechos de corrupción, el contador Balaguer fue identificado como uno de los diputruchos sentados en las bancas del Congreso cuando debía votarse la privatización del gas. En 1997 un juez provincial le dictó la prisión preventiva y lo procesó por coacción, a raíz de un incidente ocurrido durante el secuestro de documentación de un juicio, en el que amenazó a médicos y empleadas del Hospital Italiano. En 1998 el productor mendocino Eduardo Peñafiel presentó una grabación de audio en la que se oye un diálogo con el contador Balaguer. Peñafiel no había pagado un crédito del Banco Nación y fue a la quiebra, de la que Balaguer fue designado síndico. Según Peñafiel, Balaguer le pidió 20.000 pesos para no investigar si había transferido otros bienes para sustraerlos de la quiebra. Contra ese pago “yo me hago el boludo, miro para el cielo”, dice en la cinta, difundida en Mendoza por el Canal 7 y el Diario Uno, de los amigos del escribano Moneta –Daniel Vila y José Manzano–. Que las afirmaciones sobre Petracchi se hayan difundido sin ser sometidas al más elemental análisis de razonabilidad, testimonia el descrédito en que ha caído todo servicio público luego de la devastadora década menemista. Reaccionar contra ese deslizamiento cínico también es defender la República. A ello apuntaron el jueves los diputados Carrió y Gutiérrez al insistir en que es necesaria
la mayor prudencia en el señalamiento de nombres en la investigación por lavado de dinero, mientras no se cuente con pruebas concluyentes, para que todo no se agote en una sucesión de escándalos que salpiquen a inocentes y dificulten el establecimiento de los mecanismos del Estado mafioso.