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Por
Santiago Rodríguez
 El
presidente del Banco Nación, Enrique Olivera, y el titular de la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Héctor
Rodríguez, se presentaron ante la Justicia en un último
intento por evitar que, gracias a una maniobra considerada “ilegal”,
el Grupo Yoma S.A. cobre el próximo viernes 12 millones de dólares
que reclama por reintegros a exportaciones que no han sido verificadas.
El caso quedó en manos de la jueza María Romilda Servini
de Cubría, quien ayer mismo solicitó a Olivera y Rodríguez
que ratificaran su denuncia. Los denunciantes se sorprendieron de la celeridad
que demostró la magistrada, una actitud que no tuvieron hasta ahora
otros jueces y posibilitó que los Yoma quedaran a un paso de recibir
ese dinero, a pesar de deber 90 millones de dólares al mismo Banco
Nación.
El Nación y la AFIP solicitaron a Servini de Cubría que
dicte una medida cautelar que impida a los Yoma hacerse de la plata que
reclaman por supuestos errores en sus declaraciones de exportaciones entre
1992 y 1997. Se trata de 11,8 millones de dólares que están
en un plazo fijo que vence este fin de semana en la sucursal Chilecito
del Nación.
Olivera se presentó en el juzgado de Servini de Cubría junto
con otro director del banco, Eduardo Gabardini, y el asesor legal de la
entidad, el ex ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra. Rodríguez
fue acompañado de los abogados de la AFIP.
“La jueza se mostró muy activa”, declaró Olivera,
quien explicó a Página/12 que “estamos actuando con
firmeza para defender el patrimonio del banco y los recursos públicos
ante la posibilidad de eventuales ilícitos”.
Detrás del reclamo de la ex familia política de Carlos Menem
está la Cámara Civil, Comercial y de Minas de Chilecito
–presidida por Daniel Flores–, a cuyo favor fue realizado el
plazo fijo que vence el viernes que viene. Se trata del tribunal donde
se tramita el concurso de acreedores al que se presentó el Grupo
Yoma S.A. en agosto de 1998 ante la imposibilidad de pagar sus deudas.
Además de los 90 millones de dólares que debe al Nación,
la curtiembre le adeuda otros 50 millones al Provincia y al Ciudad. La
deuda con la tres entidades totaliza 140 millones de dólares y
tiene su origen en créditos que se sospecha le fueron concedidos
de manera irregular durante el gobierno menemista.
En todo el trámite del concurso de acreedores, Flores ha amparado
los intereses de los Yoma y fue el mismo magistrado el que ordenó
al Nación que embargara las cuentas de la AFIP por el monto reclamado
por la curtiembre. Tanto el banco como la AFIP consideran que el juez
no tenía competencia ni atribuciones para disponer esa medida e
hicieron la denuncia por presunta defraudación al Estado y prevaricato.
El juez federal porteño, Claudio Bonadío, y su par de La
Rioja, Enrique Chumbita, se declararon incompetentes para investigar el
caso y la Corte Suprema argumentó que recurrir a ese tribunal no
era la vía procesal adecuada. El Nación hizo entonces el
plazo fijo que los Yoma podrán hacer efectivo en cuatro días,
salvo que Servini de Cubría lo impida.
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