Zafaron de la Justicia en la década del ochenta, cuando la democracia argentina apenas caminaba; ahora, comienzan a pagar sus crímenes. Se trata del ex médico policial Jorge Bergés y del ex comisario Miguel Etchecolatz, quienes ayer fueron procesados con prisión preventiva, en una causa que investiga el robo de la hija de dos desaparecidos. Por si cabía alguna duda, este procesamiento indica que la Policía Bonaerense, a la que pertenecían Bergés y Etchecolatz, no debutó como “maldita” en la década del noventa, cuando parte de esa fuerza se dedicaba al robo de autos, al “gatillo fácil” y a la protección de narcotraficantes. En los 70 integraron los grupos de tareas de la represión ilegal.
Carmen Sanz nació en noviembre de 1977 en el campo de concentración conocido como “El pozo de Banfield”, en donde estaban detenidos ilegalmente sus padres Eduardo Gallo y Aída Sanz Fernández, actualmente desaparecidos. Ese centro clandestino estaba bajo la responsabilidad de Etchecolatz, en ese entonces Director de Investigaciones de la Bonaerense, y allí también “trabajaba” Bergés, que se había especializado en obstetricia y atendía a las detenidas embarazadas cuando daban a luz.
Precisamente, la situación del ex médico y de Etchecolatz se complicó el último viernes, cuando la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Plata aportó como prueba el certificado de nacimiento de Carmen Sanz firmado por el propio Bergés, y que le asignaba otro nombre a la menor. En ese sentido, la abogada Marta Vedio, de la APDH platense, destacó que el hallazgo del documento “fue central en el avance de la causa”. De todos modos, los dos procesados ya estaban detenidos aún antes de que se conociera la resolución de Corazza.
Por su parte, los testimonios de los dos procesados reforzaron las sospechas; “Bergés admitió que él se encargaba de revisar a las detenidas embarazadas, mientras que Etchecolatz confirmó lo mismo”, dijo Vedio. El ex comisario fue procesado por ser el superior de Bergés, por lo que sería “autor mediato” del delito de sustracción de identidad. “Seguramente las defensas apelarán”, señaló Vedio, pero consideró que “los fundamentos de las prisiones preventivas son muy sólidos”.
Etchecolatz ya había sido condenado en 1987 a 23 años de prisión por los crímenes que cometió durante la última dictadura, pero gracias a la Ley de Obediencia Debida pudo salir de la cárcel. Por su parte, Bergés también se había beneficiado con esa ley, pese a que muchos sobrevivientes de los centros de detención lo identificaron como responsable de la falsificación de certificados de nacimiento y hasta de supervisar sesiones de tortura.
Actualmente, Carmen Sanz vive con sus padres “adoptivos”, pero con su verdadera identidad ya recuperada, y mantiene contacto con su familia biológica. El matrimonio que la adoptó no estaría vinculado a las fuerzas de seguridad, y según estiman fuentes judiciales “no habrían actuado de mala fe”. Inclusive, el juez Corazza los indagó en la causa, pero les dictó la falta de mérito.
Por otro lado, los organismos de derechos humanos, entusiasmados por el fallo del juez Gabriel Cavallo que declaró nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, evalúan si pedirán el inicio de una causa por el secuestro del matrimonio Gallo-Sanz. “Además, en el Juicio por la Verdad que lleva adelante la Cámara platense surgieron varios casos por los que podríamos pensar en solicitar la apertura de otras causas penales”, anticipó Vedio, aunque recalcó que “no hay nada definido”.
Informe: Alejandro Cánepa

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