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Por
Horacio Cecchi
 El
abogado Carlos Alejandro Casas, un reconocido defensor de presos de La
Matanza, desapareció el miércoles 18 de abril, después
de una visita a un cliente, en una comisaría de González
Catán. A partir de entonces, nadie supo nada más de él
hasta que una llamada telefónica alertó sobre el mal tan
temido: “Queremos 250 lucas para que lo devolvamos vivo”, dijo
la voz a la esposa del abogado. Dos días más tarde, los
investigadores, después de cruzar llamadas, descubrieron que el
rescate iría al bolsillo del mismo Casas, que el secuestrado era
en realidad un autorrehén, que se ocultaba en casa de una amiga
en el Abasto porteño, que los llamados los hacía un amigo
y que el viernes por la noche se estaba por autoentregar después
de tres días de autosuplicio. Apenas pisó la calle lo esposaron
junto a su amigo. No se trató de una autodetención porque
intervinieron 40 policías autodisimulados como vecinos. Como broche
de oro, el prestigioso doctor, oriundo de Uruguay, confesó que
se había autotitulado abogado y que en su tierra natal había
sido remisero, taxista y colectivero.
Casas, de 36 años, había ganado su prestigio en los tribunales
de La Matanza. Desde hacía tiempo, asociado a varios abogados de
la zona de González Catán y Laferrere, había instalado
su nombre en causas penales. El miércoles pasado, salió
de su casa de la calle Zeppelin 480, de González Catán.
Supuestamente realizó su gira por los tribunales. Por la tarde
visitó un cliente detenido en la comisaría de González
Catán. Después de eso, desapareció misteriosamente.
Alrededor de las 18, un llamado al estudio de su hija, en Laferrere, aclaró
la situación: Casas estaba secuestrado. “No hagas la denuncia
o es boleta”, amenazó la voz del otro lado del teléfono.
Una hora más tarde, cuando la familia del desaparecido entraba
en el último tramo de la desesperación, un nuevo llamado,
atendido por su esposa, aclaró: “Queremos 250 luquitas”,
además de sugerir que el doctor abandonara una causa de narcotráfico.
La mujer apenas si pudo reaccionar para presentar una denuncia por secuestro
extorsivo ante la comisaría de González Catán. Intervino
el fiscal Sergio Fernández Carrera. El drama golpeó a la
familia: el hijo menor, de 5 años, fue internado por el estado
de nerviosismo y la mujer intentó infructuosamente revolver cielo
y tierra para obtener el rescate.
Un equipo de la DDI de La Matanza y otro de la Side comenzaron a cruzar
datos, previa intervención del teléfono de la casa de los
Casas. Las escuchas fueron localizadas en un teléfono público
de la zona del Abasto. Más precisamente en Valentín Gómez
al 3800. Alrededor de 40 investigadores, disfrazados de vecinos, rodearon
la zona, siguieron los pasos del autor de los llamados y observaron que
se internaba en el edificio de Valentín Gómez 3438. La vivienda
era propiedad de una amiga de Casas. Desde un edificio lindero se estableció
una discreta vigilancia. Fotos mediante, se determinó que el autor
de las llamadas era Marcos Alberto Domínguez, también vecino
de González Catán y, curiosamente, también amigo
de Casas. “Se notaba que estaban en buenas relaciones”, señaló
un investigador a este diario. La carátula de secuestro extorsivo
comenzaba a tambalear.
El viernes por la noche, después de que la mujer, desgarrada, sostuvo
que no podía reunir el rescate, la voz llamó nuevamente
para asegurar que en pocas horas más Casas sería devuelto
a su familia. Todo se terminó por desmoronar cuando los policías
detectaron que el secuestrado, vestido con jeans y camisa, se cambiaba
de ropa para colocarse el sufrido saco y corbata que vestía a la
hora del secuestro. Y luego, acompañado por su amigo de la misteriosa
voz, salía para cumplir con la autoentrega. El dúo trucho
no tuvo tiempo de nada. Los 40 policías les cayeron encima. Después
se comprobó que, antes del autosecuestro, había cobrado
a los clientes de sus socios 50 mil pesos por servicios que él
no había realizado. Fue más tarde que se determinó
que Casas no sólo había cometido un falso secuestro sino
que, además, era abogado trucho: no figuraba en ningún registro
de abogados del país. El único registro que tenía
era uruguayo, de conductor: había sido remisero, taxista y colectivero.
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