Por Eduardo Tagliaferro

¿Quién es el jefe de la asociación ilícita que favoreció la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador?, es la pregunta que todos se hacen después de la detención de Emir Yoma. Para el fiscal federal Carlos Stornelli no hay dudas: “el Jefe” es Carlos Menem. Así lo expresó en un dictamen de 33 carillas en el que le reclamó al juez federal Jorge Urso la indagatoria del ex presidente. Para Stornelli, el ex ministro de Defensa, Antonio Erman González, y el ex jefe del Ejército, Martín Balza, también integraban la banda, pero en calidad de “organizadores”. Los acusados enfrentan penas que van de los cinco a los diez años de prisión y que no son excarcelables. La posibilidad de que un ex presidente sea citado judicialmente y eventualmente detenido conmovió a todo el arco político.
Fuentes cercanas al magistrado reconocían la preocupación de Usía “porque la eventual citación implicaría la detención de los involucrados”(ver aparte). La premura con la que Urso ordenó el apresamiento del empresario riojano no deja dudas acerca de la importancia de los cargos judiciales. De aceptar el dictamen del fiscal sería muy improbable que el juez no ordenara la detención de Menem, González y Balza.
Uno de los argumentos centrales de Stornelli es la coincidencia de todos los responsables estatales en no cumplir los controles mínimos para impedir el desvío del material bélico. Así sostiene que en los trámites previos a la firma de los decretos “no eran demasiados los esfuerzos que se destinaban a verificar qué destino” tendrían. “Tal estado de situación no puede sino sustentarse en la intervención de personas con el nivel de influencia necesaria para generar en las instancias gubernamentales un cumplimiento disciplinado de los pasos burocráticos con la clara premisa de obviarse cualquier tipo de control que pusiera en peligro el éxito de la operatoria”, afirma Stornelli.
La disciplina a la que se refiere el fiscal es uno de los pilares en los que se asentaría la asociación ilícita. Por eso no duda en reconocer la existencia de “un acuerdo de voluntades entre los máximos responsables de la maniobra”. Así también explica la larga “cadena de silencios” mantenida por los involucrados a lo largo de estos años. Claro que los silencios también incluyeron suicidios más que sospechosos, como el del ex capitán de la marina Horacio Estrada. Por considerarla conexa a la venta ilegal de armas, Stornelli le pidió a Urso que reclame la instrucción de esta causa, hoy en manos del juez Facundo Cubas.
En verdad los argumentos son concordantes con las propias afirmaciones que vino realizando la defensa de Emir Yoma, que desde su detención sostuvo que difícilmente el empresario riojano hubiera podido nuclear la voluntad de todos los poderes del Estado. Por eso desde que el ex cuñado fue detenido se afirmó que dentro del casillero de la asociación ilícita faltaba un lugar: el de quien ofició de jefe y tuvo la capacidad de utilizar todos los resortes públicos para que se concrete el hecho.
Stornelli realiza una detallada cronología de los hechos. Así recuerda que luego de firmados los primeros dos decretos, los cables diplomáticos que advertían sobre la aparición de armas argentinas en los Balcanes convirtieron la denuncia en un tema, que por lo menos para los funcionarios, era vox populi. Según el dictamen este hecho llevó no sólo a la suspensión de los embarques sino también a que la organización se llamara a “una calma inactividad”.
A la hora de explicar el affaire, investigadores cercanos al expediente judicial suelen señalar que “sin la utilización del armamento del Ejército el ardid hubiera sido imposible de realizar”. Dato también reconocido por Sarlenga en su confesión. El fiscal describe la magnitud que tuvo la venta ilegal de armamento, “con la intervención de casi todas las fábricas militares, y ya para esa época, de numerosas unidades del Ejército, adunando a los traslados de materiales hacia Buenos Aires en distintas empresas de transporte, iba haciendo más dificultosa la tarea de manteneren la oscuridad las maniobras desplegadas”. Esta afirmación induce a Stornelli a concluir que el ex jefe del Ejército, Martín Balza, que durante casi nueve años estuvo al frente de la fuerza, fue uno de los “organizadores de la asociación ilícita” que pergeñó la movida. Incluso recuerda cuando Sarlenga testimonió que Balza lo habría reconvenido por haber conversado con Menem algo que podía hablar con él. “Todo el material que necesites está disponible siempre que sea beneficioso para la fuerza”, habría sido según Sarlenga el comentario de Balza. Este tramo de la confesión no sólo complica al general sino también al propio Menem. Aunque Sarlenga negó haber hablado con el ex presidente, la fiscalía concluye que hubo un “interlocutor válido” que ofició de gestor.
Stornelli considera que los hechos investigados toman otra importancia luego del fallo de la Sala II de la Cámara Federal que sostenía que “las decisiones relativas a las maniobras habrían partido desde niveles superiores del Estado hacia los distintos ámbitos encargados de su ejecución”. Además de apuntar hacia los máximos responsables del poder político los camaristas afirman que se está frente a una asociación ilícita.”Los caminos conducirían al entonces Presidente de la Nación si se advierte la estrecha vinculación que existía entre este último y su ex cuñado”, afirma Stornelli, cuando analiza quién estaba detrás del pedido telefónico que Esteban Caselli, por aquel momento Subsecretario de la Presidencia, le realizó al ministro de Defensa, Oscar Camilión para que Luis Sarlenga continuara al frente de la Intervención en Fabricaciones Militares. Cuando a Camilión se le preguntó en sede judicial quién estaba detrás del respaldo de Sarlenga, el ex ministro simplemente apuntó hacia “la interna riojana”. El fiscal considera que, a la luz de la confesión de Sarlenga, los dichos de Camilión cobran otra envergadura.
“Quiero aclarar que nunca hablé con Menem de la venta de armas” había reconocido Sarlenga el pasado viernes 6 de abril. Claro que luego de esto reafirmó que “todos sabían que las armas iban para Croacia”. “Todos sabían que el destino de las armas era aquel país y no Panamá como figuraba en los dos primeros decretos”, sostiene Stornelli. El fiscal no lo afirma pero es innegable que el ex Presidente no podía desconocer que al momento de estampar su firma Panamá no contaba con fuerzas armadas.
El impacto de la acusación del fiscal fue inmediato. El peronismo parlamentario se declaró “en estado de alerta” y el círculo áulico que rodea al ex presidente Menem reconocía la preocupación del Jefe. También el gobierno dio cuenta de la importancia de los cargos realizados por Stornelli. “Es grave y preocupa que se cite a un ex presidente”, admitió ayer Fernando de la Rúa (ver recuadro aparte).

URSO NO ESPERABA ESE DICTAMEN Y DUDA QUE DECIDIR
Silencio de radio del juez

Por Adriana Meyer

En la fiscalía de Carlos Stornelli ayer a la tarde se escuchaban gritos de euforia, pero un piso más abajo todo era silencio. En el juzgado de Jorge Urso recibieron con cautela el pedido de indagatoria de Carlos Menem como jefe de la banda que vendió armas a Croacia y Ecuador. El magistrado leyó el dictamen y decidió estudiar con detenimiento los fundamentos que llevarían al ex presidente a la cárcel porque a su criterio, en principio, no serían lo suficientemente sólidos como para tomar una decisión de tal relevancia. Así lo comentó a Página/12 un alto funcionario judicial cercano al juez. Urso abandonó el juzgado dejando el pedido de Stornelli sobre su escritorio y postergó para hoy la histórica decisión sobre el posible encarcelamiento de Menem, el ex ministro de Defensa Erman González y el ex jefe del Ejército Martín Balza.
“El juez estaba dispuesto a llamar a indagatoria a Menem pero no a meterlo preso ahora”, resumió la fuente. Los colaboradores de Urso estaban sorprendidos porque en esta última etapa de la causa –a partir de la resolución de la Cámara Federal en la que indicó la necesidad de ampliar las acusaciones por asociación ilícita a los ministros menemistas imputados y de investigar la ruta del dinero– el juzgado y la fiscalía fueron dando cada paso en forma conjunta. “No alcanza con los dichos de Sarlenga”, se quejaban los funcionarios del juzgado federal 8 que tienen la pelota en su cancha. Stornelli pidió la indagatoria de Menem, González y Balza como jefe y organizadores, respectivamente, lo cual implica que antes de interrogarlos tiene que detenerlos. “Si bien esto se deduce de la calificación penal que estableció, el fiscal no se animó a ponerlo en blanco sobre negro, es decir, no escribió ‘ordénese su detención’”, criticaron en el entorno de Urso. En el cuarto piso de Comodoro Py 2002 todo indicaba que se había roto aquel pacto de no agresión que supieron sellar el juez y el fiscal hace tres años, en otro momento ríspido de la causa.
En 1996 Menem declaró como testigo por escrito pero sólo respondió sobre una reunión de gabinete del 18 de marzo de 1995, en la que le habría ordenado al Procurador de la Nación averiguar sobre los cables que alertaron de la presunta venta de armas a Ecuador. En setiembre de 2000 hizo lo mismo ante el juez Julio Speroni.
El juez sólo admitió que estudia “con preocupación” el dictamen por sus implicancias institucionales. Los investigadores del caso sostienen que “hace falta algo más para detener a Menem que la deducción de que él era el jefe de la banda por ser el presidente de la República”. Habían especulado con que las próximas ampliaciones de las indagatorias de los ministros González, Guido Di Tella y Oscar Camilión arrojaran algún elemento más fuerte contra Menem o Domingo Cavallo que sus firmas en los decretos. Pero el dictamen de Stornelli les cambió y aceleró los planes. En una entrevista concedida en 1998 a trespuntos, Urso había dicho que no le temblaría “el pulso” para investigar a Menem, pero en esa misma nota había aclarado que su límite eran las pruebas. Las mismas que ahora vuelven a parecer insuficientes.

Los legisladores del PJ en clima de guerra civil

Dicen que el clima fue de “guerra civil”. Calificaron el hecho como “una tocada de culo monumental”. Llamaron a una “asamblea en defensa del peronismo”. Juraban que el estado de alerta se extendía más allá de los límites del menemismo. Los mensajes emanados ayer del bloque de senadores nacionales del PJ –donde los leales a Carlos Menem conservan su mayoría– tenían un contenido tan dramático como la trama conspirativa que creyeron encontrar en el dictamen del fiscal Carlos Stornelli, que ayer citó a indagatoria al ex presidente en condición de jefe de la asociación ilícita (ver página 3). Tal conspiración los llevó –tras un día de crispadas reuniones– a convocar a una jornada de “defensa del peronismo y contra la persecución” para mañana, amenazando paralizar al Senado. “El euro está muerto”, dijo un legislador a Página/12, en referencia a la ley de ampliación de la convertibilidad a la moneda europea. “¿Cómo pueden explicar (en el Gobierno) que no hayan citado a (Domingo) Cavallo?”, fue el curioso argumento esgrimido por un senador a este diario para justificar la conspiración.
La determinación del fiscal fue leída como “una declaración de guerra” por la mayoría de los senadores justicialistas. Algo similar ocurrió entre varios diputados de ese partido que, rápidamente, se reunieron con el jefe de la bancada, Humberto Roggero, para tratar la situación. Roggero conversó con los menemistas y con algunos duhaldistas puros, como José María Díaz Bancalari y Eduardo Camaño, y con su visto bueno –según aseguraron voceros de la Cámara baja– se sumó a un nervioso encuentro el despacho José Luis Gioja, titular del bloque de senadores peronistas.
Allí estaban apoltronados los senadores Eduardo Menem, Eduardo Bauzá, Carlos Corach, Carlos de la Rosa y Beatriz Raijer. Con Roggero llegaron, también, los menemistas puros de Diputados Miguel Angel Pichetto, Marta Alarcia, Claudio Sebastiani, Laila Chaya y Javier Mouriño.
Los legisladores se dieron a la faena de analizar el escrito de Stornelli. La lectura recayó en los abogados del bloque especializados en derecho penal. “La endeblez de los argumentos es increíble”, dijo uno de los presentes a este diario, reflexión que abonó su convencimiento de la existencia de un complot. Conjura que pudo definir sólo por la ausencia del ministro Cavallo en la nómina de citados por el fiscal federal.
Al promediar la tarde, en una conferencia de prensa, los legisladores denunciaron “una campaña sucia que llevan adelante aquellos que no son capaces de gobernar”. “¿Operación? ¿De qué operación me hablan? ¿Si este gobierno no puede operar ni a Inés Pertiné? Esto es una locura”, se indignó otro senador del PJ que no participó del encuentro.
“Nosotros sabíamos que lo querían encanar al Turco, pero pensamos que no se iban a animar”, confesó otro legislador a Página/12. Lanzados a defender al ex presidente, los legisladores comenzaron a sondear a los hombres fuertes de su partido. Dos de ellos dijeron a este diario que “hablamos con la mayoría de los gobernadores, empezando por (José Manuel) De la Sota y (Carlos) Reutemann. También hablamos con (Eduardo) Duhalde, que a pesar que lo odie a Menem sabe el daño que esto significa para el peronismo”. Federico Azzarini, vocero del ex presidente, dijo que De la Sota, Rubén Marín, Angel Mazza y Carlos Ruckauf fueron los gobernadores que le hicieron llegar su solidaridad a Menem. Pero voceros del gobernador bonaerense tomaron distancia de esa supuesta solidaridad. “Ruckauf no se solidariza ni se deja de solidarizar. El gobernador quiere diferenciar los asuntos: uno es el enfrentamiento político que mantiene con Menem, donde todo está claro; el otro es el plano judicial, sobre lo que (Ruckauf) no opina, sino que deja que actúe la Justicia. Ahora bien –continuó el funcionario–, debido a la inquietud manifestada por varios legisladores peronistas, Ruckauf va a participar de la reunión del jueves.” La reunión a la que hizo referencia es la del Consejo Nacional del PJ, convocada para mañana, cuyo titular es el ex Presidente citado por el fiscal.
Hoy el Senado no sesionará. Esa Cámara es el bastión institucional con que cuenta el menemismo para ejercer más presión sobre el Gobierno, aquien considera parte de una conjura para encarcelar al riojano. No es poco, si se tienen en cuenta las leyes que imperiosamente necesita el oficialismo para enfrentar la crisis económica y, por si fuera poco, el acuerdo para nombrar al sucesor de Pedro Pou, en cuanto termine de ser destituido.

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