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El Centro de Estudios Legales y Sociales informó ayer que sólo
posee información por la posible participación en delitos
atroces y aberrantes sobre 9 de los 663 oficiales del Ejército
que presentaron solicitudes de hábeas data, es decir menos del
1,5 por ciento. Pero uno de ellos es el general Ricardo Brinzoni, jefe
de Estado Mayor. Otros 10 peticionantes participaron en los alzamientos
carapintada contra los gobiernos constitucionales, 2 están vinculados
con otros hechos presuntamente ilícitos y 9 cursaron estudios en
la Escuela para torturadores de las Américas, dice la presentación
que el presidente y el director ejecutivo del CELS, Horacio Verbitsky
y Víctor Abramovich entregaron ayer en el estudio del abogado,
Juan Torres Bande, que patrocinó los pedidos. El abogado de Brinzoni
es al mismo tiempo apoderado y dirigente de la organización neonazi
de Alejandro Biondini (ver aparte).
Al terminar la reunión en el estudio del abogado, en Marcelo T.
de Alvear 777, Verbitsky dijo que el ínfimo porcentaje de oficiales
comprometidos y la presencia dentro de esa breve lista de la máxima
conducción castrense explican las presiones que se ejercen sobre
el conjunto de los oficiales en favor de un emblocamiento corporativo.
“Con los datos en la mano, el CELS sostiene que colocar al conjunto
bajo sospecha es contraproducente para el Ejército e injusto con
el grueso de sus actuales integrantes, ajenos a los hechos de otra época.
Las leyes de impunidad impidieron la comprobación judicial que
hubiera esclarecido la verdad de los hechos en cada caso. Su nulidad,
dispuesta ahora por el juez Gabriel Cavallo a solicitud del CELS, permitirá
completar esa tarea interrumpida. Si los porcentajes de esta presentación
pudieran proyectarse al conjunto institucional, más de 98 de cada
cien oficiales en actividad, no tendrían nada que temer”,
dijo. El CELS reiteró que está preparando una presentación
judicial por la masacre de Margarita Belén, que se produjo en diciembre
de 1976 en El Chaco, mientras Brinzoni era Secretario General de la intervención
de la dictadura militar en esa provincia. Los directivos del CELS también
difundieron un artículo publicado el 28 de diciembre de 1984 por
el diario La Razón, en el que el presidente fundador del organismo,
Emilio Mignone, denunció a Brinzoni como uno de los participantes
en la masacre. “Esto desmiente tanto la afirmación del ministro
Jaunarena sobre la supuesta extemporaneidad de nuestro cuestionamiento,
cuanto la atribución castrense de intencionalidad política
a la actual mención de Brinzoni”, dijo Verbitsky.
Los 663 recursos de hábeas data fueron presentados el 2 de marzo
al CELS, a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y a la Subsecretaría
de Derechos Humanos del gobierno nacional. Pese a las presiones de la
jefatura de Estado Mayor, cuyo secretario general Eduardo Alfonso recorrió
las guarniciones invocando cuestiones de lealtad a Brinzoni, sólo
accedió a firmar el pedido poco más del diez por ciento
del cuadro en actividad. “Esto demuestra la reticencia de la oficialidad
joven a dejarse arrastrar en defensa de un pasado horroroso en el que
no tuvieron responsabilidad”, explicó Verbitsky. El CELS dijo
que consideraba el pedido de los oficiales, invocando la Constitución
y la ley de hábeas data, como “un paso adelante en el respeto
de los procedimientos del Estado de Derecho y un involuntario reconocimiento
a las organizaciones de la sociedad civil. Siendo uno de nuestros objetivos
institucionales la pedagogía en el respeto a los valores democráticos
y los derechos humanos no podemos menos que estimular este avance, no
por tardío menos alentador”.
Como el archivo del CELS no posee una lista de datos personales en orden
alfabético, el 12 de marzo solicitó a cada uno de los peticionantes
su situación de revista y grado entre los años 1974 a 1983
y la función que desempeñaba y dependencia, año por
año. Estos datos elementales para facilitar la búsqueda
de la información dispersa en miles de causas judiciales, testimonios
de víctimas, familiares y testigos, fotografías, recortes
periodísticos, libros, videos, casetes, microfilmaciones, diskettes,
etc, no fueron suministrados por el Ejército. Ante esta falta de
colaboración, el CELS entregó ayer la información
parcial e incompleta que pudo reunir. “Nosotros no tenemos nada que
ocultar. Mientras una pequeña organización de la sociedad
civil proporciona la información de que dispone, aquellos que tienen
tanto más que contribuir al esclarecimiento de la suerte y el paradero
de miles de desaparecidos mantienen un empecinado silencio. Esto califica
la clase de diálogo que Brinzoni propone a la sociedad”, dijo
Verbitsky. El documento del organismo dice que “el CELS no entrega
certificados de inocencia” y que dada la falta de colaboración
del Ejército no es posible descartar que el gradual procesamiento
de las bases de datos y/o la presentación de nuevas denuncias o
testimonios arroje nuevos elementos de interés sobre los firmantes
de los pedidos. También sostuvo que si los peticionantes descubrieran
algún dato erróneo y suministraran elementos convincentes
y veraces, el CELS procederá a rectificarlos.
La respuesta agrupa a los oficiales peticionantes en cuatro categorías:
1 Denunciados por actos ilegales durante la guerra sucia y/o su extensión
a otros países. Entre ellos figuran el general Brinzoni y los oficiales
Luis Urbano Acuña, Rafael Mariano Braga, Javier Jorge Costas, Juan
Francisco Del Torchio, Aldo Héctor Martínez Segón,
Gonzalo Angel Palacios, Alfonso Oscar Vaquero y Guillermo César
Viola, quienes han sido señalados en distintos testimonios y causas
judiciales. En los casos de Acuña, Costas y Del Torchio, el CELS
informó que las denuncias mencionan a oficiales de esos apellidos,
pero que la falta de colaboración del Ejército impide asegurar
que ellos sean los peticionantes. En los casos de Palacios y Vaquero,
las fuentes son militares que brindaron testimonio bajo condiciones de
confidencialidad, por razones de seguridad. Sobre Brinzoni y Martínez
Segón el CELS “se reserva por ahora una serie de datos, al
amparo del secreto profesional, al encontrarse bajo estudio de nuestros
abogados la presentación de acciones judiciales por la masacre
de Margarita Belén, en las que esa información podría
resultar relevante”.
2 Participantes en los alzamientos contra el orden constitucional: Jorge
Omar Alfonso, José Martiniano Duarte, Luis Alfredo Escudero, Enrique
Alfredo Ferraris, Carlos Andrés Freites, Eduardo Pablo Garbini,
Miguel Angel Macchi, Marcelo Ricardo Navarro, Enrique Guillermo Rivas
y Juan Carlos Yorio. Macchi es uno de los principales asesores del Jefe
de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, general Juan Carlos Mugnolo. Macchi,
Garbini, Navarro, Yorio, Escudero, Navarro y Freites fueron indultados
por el ex presidente Carlos Menem. En el caso de Alfonso hay dos oficiales
del mismo grado y el mismo nombre, por lo que el CELS no puede asegurar
que el peticionante sea quien acompañó a Aldo Rico en la
Escuela de Infantería.
3 Vinculados con otros hechos presuntamente ilícitos. En esta categoría
el CELS incluyó al teniente coronel Andrés Ferrero y al
subjefe del Estado Mayor del Ejército, general Eusebio Jurczyszyn,
quien antes había sido segundo comandante del Cuerpo III, con sede
en Córdoba. En un sumario castrense instruido al descubrirse escuchas
telefónicas y colocación de micrófonos a la jueza
federal Cristina Garzón de Lascano que investigaba el robo de bebés,
Jurczyszyn declaró que había autorizado personalmente al
teniente coronel Abel José Guillamondegui otras tareas de inteligencia
sobre el juzgado. Durante su indagatoria, el coronel Guillamondegui dijo
que “todo lo que hace a derechos humanos nos interesa porque ésa
es una forma de atacar al Ejército”.
4 Instruidos en la Escuela de torturadores de las Américas. El
CELS aclara que esto no implica una acusación específica
contra cada uno de los cursantes. No obstante en algunos casos, la información
demuestra que las mismas personas estarían vinculadas con violaciones
a los derechos humanosdurante la dictadura militar. La nómina incluye
a los oficiales Acuña, Braga, Carlos Oscar García, Horacio
Guglielmone, Hugo Víctor Magnotta, Eduardo César Marion,
Javier Ignacio Osacar, Héctor Roberto Ranfagni y Javier Scinardo.
LA
CAMARA DE LA PLATA CITO A DOS COMISARIOS ACUSADOS DE TORTURA
Jaime y Del Arco, perseguidos por su pasado
La Cámara Federal de
La Plata citó a dos comisarios inspectores en actividad de la Policía
de Buenos Aires a declarar por la desaparición de una persona durante
la dictadura militar. Se trata del titular de la comisaría 5ª
de Florencio Varela, Mario Alberto Jaime, y del jefe de Traslado Interprovincial
de Detenidos, Daniel Omar Del Arco, quienes fueron convocados para que
aporten datos que permitan establecer el destino del desaparecido Juan
Miguel Iglesias. Como reveló hace unos días Página/12,
ambos policías fueron ascendidos a principios de este año
por el ministro de Seguridad bonaerense, Ramón Verón, a
pesar de su participación en algunos de los casos más aberrantes
de la represión.
Jaime y Del Arco fueron citados a declarar en el marco del “Juicio
por la Verdad” que instruye la Cámara Federal platense. Iglesias
permanece desaparecido después de haber estado alojado durante
la dictadura en la comisaría 5ª de la capital bonaerense,
ubicada en las calles 74 y 24. Jaime trabajaba en esa misma seccional
en la época en que desapareció Iglesias. Del Arco también
tiene antecedentes de haber intervenido en hechos de represión
ilegal, que no fueron un obstáculo para que Verón dispusiera
su ascenso el pasado 1º de enero.
Por tratarse de una declaración de carácter informativo,
Jaime y Del Arco pueden negarse a responder las preguntas de los jueces.
La experiencia no les resultará desconocida porque ambos comisarios
ya fueron una vez convocados a declarar ante la Cámara Federal
de La Plata. El juicio que tramita ese tribunal no tiene efectos penales,
sino que apunta a conocer la suerte de unos 2000 desaparecidos en jurisdicción
de esa ciudad y otras localidades aledañas. De todos modos, frente
a la posibilidad de que la anulación de las leyes de Obediencia
Debida y Punto Final quede en firme, los antecedentes recopilados en todas
las causas del estilo que están en curso en diferentes lugares
del país podrían convertirse en el eje de futuros procesos
penales contra los represores.
Jaime declaró ante la Cámara Federal platense el 15 de marzo
del año pasado y su nombre fue mencionado por 22 testigos al cabo
del juicio, varios de los cuales lo señalaron como personal de
guardia de la comisaría 5ª de La Plata. En su primera declaración,
el comisario reconoció que por los portones del fondo de esa seccional
ingresaban “camiones del Ejército”, aunque aclaró
que nunca vio a ninguna persona detenida ilegalmente en el lugar. Además,
negó haber escuchado gritos de tortura o haber visto sacerdotes
o médicos de la Policía, tal como denunciaron varios de
los que estuvieron detenidos en esa comisaría durante la dictadura
y como admitieron otros policías.
Del Arco se presentó como testigo el 2 de junio de 1999 en la causa
por la desaparición de la niña Clara Anahí Mariani,
el asesinato de su madre, Diana Teruggi, y el de otras tres personas,
pero se negó a declarar. Clara Anahí fue secuestrada el
24 de noviembre de 1976 en un operativo conjunto de la policía
y el Ejército. La abuela de la menor, María Isabel Chorobik
de Mariani, ex presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, afirmó en
ante los jueces de la Cámara Federal de La Plata que Del Arco “sabía
que la beba estaba viva” y que “pidió todo lo que yo
tenía para entregarme a mi nieta”. El policía nunca
la entregó.
La Cámara Federal platense también citó para hoy
a la madre de Plaza de Mayo Edna Coparoni de Ricetti, cuyo hijo Ariel
Ricetti permanece desaparecido tras haber sido secuestrado el 1º
de febrero de 1978. Además, fue convocada a declarar Clara Petraka,
por la detención ilegal de Adriana Calvo, con quien habría
compartido una celda en un centro de detención clandestino.
LA
NULIDAD DE LAS LEYES DE OLVIDO
Moldes no quiso opinar
El fiscal de Cámara Germán
Moldes se excusó de intervenir en la causa Poblete, en la que el
juez federal Gabriel Cavallo determinó la nulidad de las leyes
de obediencia debida y punto final. El funcionario aseguró que
fue “víctima de la represión ilegal” y ese hecho
lo ubica en una situación de “violencia moral” que le
“resta entereza” para expedirse sobre la constitucionalidad
de “leyes que favorecieron con la impunidad crímenes cuya
crueldad y magnitud no registra precedentes en nuestra historia”.
En el escrito al que accedió Página/12, Moldes relató
que sufrió en persona la cárcel y la tortura durante el
año 1976, cuando se desempeñaba como secretario de juzgado
de instrucción 20 de la Capital. El fiscal desistió de actuar
en la resolución de las apelaciones de los procesamientos de los
represores Julio Simón, alias “el turco Julián”,
y Juan Antonio del Cerro, alias “Colores”. “Los imputados
que acuden a esta instancia son ex oficiales de la Policía Federal
y fue precisamente en los calabozos de Moreno 1447 (entonces Superintendencia
de Seguridad) donde pasé los primeros y peores días de mi
detención”, recordó Moldes. Y agregó que si
se tratase de juzgar la responsabilidad penal de los imputados “no
tendría dificultad en mantener el ánimo sereno, aún
cuando no pudiere descartar que los recurrentes integraran el grupo de
mis torturadores”. Pero no sintió lo mismo para expedirse
sobre la nulidad de las leyes de impunidad que dictaminó el juez
Cavallo. La ratificación de ese fallo abriría el camino
para juzgar a los represores exculpados.
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