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Por Irina Hauser
 El poder de Raúl Moneta
no tuvo suficiente eco en la Corte Suprema de Justicia. En contra de lo
que habían planteado los propios auditores del alto tribunal, los
ministros resolvieron no aplicarle ninguna sanción administrativa
al juez federal de Mendoza Luis Leiva, el mismo que investigó y
ordenó la captura del banquero menemista. La Corte tuvo que resolver
un sumario administrativo contra el magistrado en que se lo acusaba de
haber ingresado 52 maletines de contrabando desde Chile para un encuentro
nacional de jueces. La mayoría de los supremos estuvieron de acuerdo
en remitir una copia del fallo al Consejo de la Magistratura y otra a
la Justicia para que investigue si alguien cometió algún
delito.
La Magistratura, que desde noviembre de 1998 se encarga de resolver los
pedidos de remoción y sanción contra jueces, analiza uno
contra Leiva en el que se lo acusa, entre otras cosas, de escriturar un
terreno por un valor menor al real, beneficiar a imputados y mantener
detenido a un menor en una cárcel de adultos. La Corte tenía
en sus manos una denuncia –previa al funcionamiento del Consejo–
en que se lo culpaba del ingreso de 52 maletines sin pagar impuestos aduaneros.
Los auditores dieron por hecho el contrabando y cuestionaron el destino
que Leiva le dio a los 50 mil pesos que recibió del Ministerio
del Interior para organizar, en 1995, el “VII Encuentro Nacional
de Jueces Federales con Competencia Penal”.
Los siete ministros de la Corte que votaron coincidieron en no imponer
ninguna sanción a Leiva y en remitir las actuaciones al Consejo.
Todos menos Petracchi solicitaron girarlo a la Justicia. Julio Nazareno
y Eduardo Moliné O’Connor se abstuvieron por tener cargos
en el Consejo. Los argumentos que utilizaron los supremos tuvieron muchos
matices:
 Sólo Augusto Belluscio
y Adolfo Vázquez avalaron el dictamen de los auditores, que acusaba
a Leiva de haber hecho un gasto excesivo en, por ejemplo, bebidas y comida.
También dan por cierto el contrabando. “Se encuentra acreditada
una irregularidad que contraría la conducta intachable con que
debe conducirse un magistrado”, dicen.
Para Guillermo López
y Antonio Boggiano, el tema excede “la competencia de la Corte”.
Gustavo Bossert y Carlos Fayt
descalificaron la auditoría y dijeron que no hay irregularidades
probadas. Que de la rendición de cuentas de Leiva surge que sólo
utilizó el dinero el congreso en cuestión; que los gastos
no fueron cuestionados ni por la cartera de Interior ni por el Ministerio
de Gobierno de Mendoza; “el informe no afirma concretamente que los
gastos no se realizaron, ni arguye la falsedad de los recibos, ni cuestiona
la rendición de cuentas, lo que implica reconocer que los organizadores
no se han apoderado de suma alguna”, dijeron. Y cuestionaron que
en el sumario se utilizó “un criterio de conveniencia fundado
en estimaciones gastronómicas”. El contrabando, señalaron,
no está probado.
Petracchi coincidió
con Bossert y Fayt, pero dijo que el caso debe ser estudiado por la Magistratura,
que ejerce la “potestad disciplinaria sobre los jueces”, algo
que tiempo atrás le cuestionó la propia Corte.
Moneta es el principal impulsor de la remoción de Leiva, a quien
la Justicia porteña le arrancó finalmente la causa por el
vaciamiento de los bancos República y Mendoza. El sumario contra
Leiva sobre el que falló la Corte ayer, fue la excusa que usaron
los miembros de la Magistratura que alentaban la destitución de
Leiva –entre ellos los ultramenemistas Lelia Chaya y Miguel Pichetto–
para posponer una votación en el plenario del 28 de febrero que
lo hubiera absuelto. El expediente volvió a Acusación, que
ahora debe analizar el fallo de los supremos que, en realidad, no agregó
nada nuevo sino que quitó contundencia a las acusaciones previas.
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