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La masacre de Los Polvorines, está claro, no es un caso más
para la Policía Bonaerense: una ola de amenazas e intimidaciones
se desató sobre los testigos de la causa y sus familiares, un periodista
y el fiscal que conduce la investigación, desde hace un mes cuando
llegó a la Justicia la denuncia contra la cúpula de la fuerza
por el supuesto armado de una emboscada, en la que murieron tres ladrones
y un policía. El hecho ocurrió el 25 de agosto último
y, desde el comienzo, los investigadores trabajaron sobre la hipótesis
de que se trató de una operación para levantar la maltrecha
imagen de la policía, como informó Página/12 días
después del episodio. El propio ministro de Seguridad, Ramón
Orestes Verón, descalificó la denuncia y al denunciante,
un suboficial “arrepentido” al que calificó de “canalla”
y “estafador”. Si los investigadores dudaban de la calidad de
ese testigo, la campaña de amenazas –seis víctimas
en total– terminó de convencerlos de que estaban en el camino
correcto.
La última amenaza ocurrió este lunes. La recibió
Hugo Montenegro, el padre del policía arrepentido, según
confirmó ayer el fiscal de Cámara de San Martín,
Luis María Chichizola. Antes, había sido agredida una hermana
de Montenegro, atacada por desconocidos. También fue amenazado
el hermano del policía muerto en el enfrentamiento, quien pertenece
a la policía. Y el propio Chichizola recibió un llamado
amenazante en su celular, el sábado 14 de marzo.
“Francamente, estamos muy preocupados porque esto no se ha detenido
en un estado inicial sino que, con el correr de los días, ha ido
creciendo”, dijo el fiscal de Cámara, en declaraciones radiales.
Todo había comenzado con el simple robo a un banco, la sucursal
del BNL de El Talar a manos de tres jóvenes ladrones, que se llevaron
apenas 25 mil pesos. Y terminó con un megaoperativo, en una villa
de Los Polvorines, con el inusual despliegue de 200 policías, muchos
de los cuales llegaron desde Quilmes, en la otra punta del conurbano.
Los tres ladrones terminaron masacrados: tenían entre 50 y 75 balazos
cada uno. La desorganización fue de tal magnitud que diez policías
resultaron heridos, algunos por balas de sus propios compañeros.
Nunca se sabrá si el proyectil que mató al suboficial Julio
Sánchez fue disparada por los delincuentes o por los policías:
la bala no resultó apta para periciar.
La investigación que conducía el fiscal de San Martín,
Mario Marini, descubrió contradicciones entre la versión
que dieron los policías sobre cómo encontraron el escondite
de los ladrones y los registros del Comando Radioeléctrico, desde
donde se transmitió la información. Pero la causa no avanzó
mucho más hasta que apareció un testigo clave, miembro de
la fuerza.
Se trata del cabo Adrián Montenegro, quien primero llevó
su denuncia al productor de un programa periodístico y luego se
refugió en Paraguay porque, según dijo, temía por
su vida. Desde allí, Montenegro se conectó con los fiscales
de San Martín, a quienes pidió protección para su
familia. El policía ingresó a un programa provincial de
testigos protegidos.
A partir de entonces se desató el aluvión de amenazas. Primero
fue el turno del periodista Rolando Graña, conductor del programa
“puntodoc/2”, que había entrevistado a Montenegro aunque
el programa aún no había salido al aire. La esposa de Graña
recibió una llamada anónima en la que le advertían:
“Decile que se deje de joder con la bonaerense”. Desde entonces,
Graña está con custodia de la Policía Federal.
El sábado anterior a las Pascuas, el fiscal Chichizola recibió
un llamado en su celular: “No te metas con la bonaerense, o vas a
terminar siendo boleta”, escuchó el fiscal de Cámara,
quien no interviene directamente en la investigación sino que conduce
el equipo, integrado por todo el cuerpo de fiscales, que interviene en
la instrucción de la causa.
Seis días después fue amenazada y golpeada Graciela Montenegro,
hermana del denunciante, en la localidad de Ensenada. “Es para vos
y tu familia. Decile a tu hermano que no joda”, le advirtieron. El
mismo día, un hermanodel sargento Sánchez, que trabaja como
policía en la seccional de San Miguel denunció que había
recibido cinco amenazas telefónicas. “No cuentes nada de lo
que sabés, porque tenés mujer e hijo”, le dijeron.
El hermano de la víctima acercó a la Fiscalía “datos
sobre lo que ya es una certeza dentro de la fuerza: que el operativo de
Los Polvorines fue armado para mejorar la imagen de la bonaerense”,
dijo a este diario una fuente judicial.
El último de la serie fue el padre de Montenegro, a quien le pusieron
un arma en la cabeza en una calle de Isidro Casanova. “Le dijeron
que no avale los dichos de su hijo. Y le pidieron que le hiciera saber
a Graña que haga mejor las cosas porque para él también
va a haber algo”, afirmó la fuente.
MUJERES
POLICIAS PAGARON FIANZA PARA NO IR PRESAS
Libres para disfrutar las siliconas
Las rayas horizontales no favorecen
la silueta, y menos aún si son blancas y negras. Diez empleadas
públicas bonaerenses, varias de ellas policías, estuvieron
a punto de enfrentar ese escollo estético cuando la Justicia de
La Plata ordenó su detención, acusándolas de cometer
fraude en perjuicio de la obra social IOMA para realizarse distintas cirugías
estéticas. La medida no llegó a concretarse porque el juez
César Melazo autorizó la eximición de prisión,
previo pago de una fianza de 500 pesos por persona.
Además de la detención de las diez mujeres, los fiscales
Carlos Argüero y Esteban Lombardo –de la unidad de Investigaciones
Complejas– habían solicitado el cambio de carátula
a “presunta asociación ilícita”. El cambio fue
concedido por el magistrado, que al mismo tiempo desestimó la solicitud
de excarcelación presentada por la defensa de los tres médicos
detenidos en la causa: el comisario cirujano Guillermo Fernando Luna -dueño
de la clínica donde se hicieron las operaciones–, su colaborador
Pedro Pérez Bagnasco y el anestesiólogo Víctor Armesto.
En tanto, resultaron excarcelados bajo fianza el médico policial
Daniel Chaves –quien había otorgados los certificados de licencia
con goce de sueldo a una de las pacientes– y la sargento primero
Lidia Sicher. El fraude salió a la luz después de que Sicher
realizara una denuncia contra Luna por mala praxis, cuando la silicona
que le habían implantado se le encapsuló y produjo una infección.
La operación fue ocultada bajo una cirugía de várices,
que IOMA reintegró por completo a la sargento. Según el
dictamen fiscal, es imposible que los médicos y la mujer no supieran
del delito en el que incurrían, pues “es de público
conocimiento que las prácticas cosméticas no son reconocidas
por la obra social”.
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