|
Por Oscar Guisoni
Desde
La Paz
 El gobierno del general Hugo
Bánzer no gana para sustos. La cara de satisfacción que
tenían muchos ministros el lunes, cuando comprobaron que la represión
policial había sido efectiva a la hora de desarticular las manifestaciones
de cocaleros y campesinos que hicieron su entrada a la ciudad en la madrugada
se esfumó ayer por la tarde, cuando la policía, en su intento
de reprimir una marcha de transportistas en la ciudad de El Alto, vecina
a La Paz, mató a Juan Daniel Vela, un afiliado a la Subfederación
de Transportistas de esa ciudad. Una anciana de 85 años, residente
también de la ciudad de El Alto, murió asfixiada por la
explosión de una granada de gas que la policía arrojó
dentro de su precaria vivienda.
Los conductores de medios de transporte público habían comenzado
en la mañana una huelga general en todo el país que gozó
de un masivo acatamiento. Mientras las principales ciudades del país
se vieron paralizadas por la medida, los gremialistas aprovecharon las
calles vacías para organizar masivas manifestaciones de protesta,
en protesta por el mal estado de las carreteras y calles de todo el país.
Sólo en el centro de la ciudad de La Paz se congregaron en horas
de la mañana más de 15.000 personas, que marcharon por las
calles principales, en compañía del grupo de cocaleros que
responden al dirigente Evo Morales y que en la noche de ayer se disponían
a regresar al trópico cochabambino, con la intención de
iniciar desde las 0 horas de hoy un bloqueo nacional de caminos.
A mediodía, en la ciudad vecina de El Alto, se organizó
otra manifestación de transportistas, que fue reprimida por la
policía con virulencia. A las 13.15 una granada de gas arrojada
por los uniformados explotó en la cabeza de Juan Daniel Vela, que
perdió la vida en el acto. Esa granada también causó
un gran impacto en el gobierno, que en ese momento estaba negociando con
los transportistas el fin de la huelga. Al conocer el hecho, los dirigentes
gremiales amenazaron con prolongar el paro de forma indefinida. Al cierre
de esta edición todavía no se había confirmado la
radicalización de la medida.
Mientras tanto, en el interior del país, crecen los preparativos
para comenzar a bloquear, en principio, la carretera que une la ciudad
de Cochabamba con Santa Cruz de la Sierra. La estratégica vía
atraviesa la región del Chapare, la zona donde el año pasado
se dieron los mayores enfrentamientos entre los bloqueadores y las fuerzas
de seguridad, ya que allí se concentró durante el 2000 la
política de erradicación de cultivos de coca del gobierno.
Al tiempo que la Iglesia se pronunciaba a media tarde sobre la preocupante
situación social, agravada con la muerte del chofer alteño,
en el parlamento el principal partido de la oposición, el Movimiento
Nacionalista Revolucionario, se disponía a tratar sobre tablas
el pedido de renuncia del Presidente de la Nación. El oficialismo
respondió a esta iniciativa opositora presentando en el Senado
un pedido de sanción al MNR, por considerar que con su reclamo
contribuía a desestabilizar el gobierno. Los senadores más
radicales pedían incluso que se le quitara al MNR la personería
jurídica, para que no pueda participar en las próximas elecciones
presidenciales. Aunque era dudoso que se tomara semejante represalia contra
la oposición, el hecho sirve para demostrar en encrespado clima
político que acompaña a la crisis social que vive el país
desde el 9 de abril pasado, en una dramática situación social
en que el 70 por ciento de la población boliviana de 8.4 millones
de habitantes vive en la pobreza, y donde el gobierno no cuenta con los
recursos para atender las diversas demandas. A todo esto, la Confederación
Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) se debate
entre negociar con el gobierno o comenzar el 1 de mayo el bloqueo nacional
de caminos anunciado por su máximo dirigente Felipe Quispe, que
fue reelegido al frente de la poderosa central, en un congreso que culminó
el pasado sábado. Si el “Mallku”, como se lo conoce popularmente
a Quispe, se decide a llevar adelante el bloqueo, los principales analistas
políticos del país coinciden en pensar que los días
del gobierno pueden estar contados. Nadie se explica, a estas alturas,
cómo el Ejecutivo ha retardado tanto la declaración del
estado de sitio, una medida que le serviría para contener la convulsionada
situación que se vive en el país.
POR
LA CANDIDATURA PRESIDENCIAL DE ALEJANDRO TOLEDO
La guerra de los Vargas Llosa
Por Laura Puertas
Desde
Lima
El novelista Mario Vargas Llosa
reiteró su respaldo a Alejandro Toledo y declaró encontrarse
perplejo y apenado por las explosivas declaraciones de su hijo Alvaro,
en contra del candidato a la presidencia de Perú. “Me encuentro
perplejo y apenado por lo ocurrido. Alvaro no me consultó y tampoco
me informó de antemano de lo que iba a hacer. Si lo hubiera hecho,
yo hubiera tratado de disuadirlo”, dijo el escritor desde Madrid,
en declaraciones a Radio Programas del Perú.
“Yo lamento que por primera vez no pueda apoyar una opinión
política de Alvaro. Creo que ha actuado en forma precipitada. (...)Nada
de lo ocurrido me lleva a revisar mi apoyo a Toledo, a quien sigo considerando
como la mejor opción para el Perú”, manifestó.
Luego, acusó al periodista Jaime Bayly de ser el responsable de
iniciar una campaña contra Toledo. “Son parte de una serie
de chismografías imaginarias de Bayly”, sostuvo. Del otro
lado, el candidato presidencial por el partido aprista Alan García
lanzó sus redes para pescar los votos que, supone, Alejandro Toledo
perderá, tras las explosivas declaraciones de uno de sus más
estrechos colaboradores.Después de decir que no hablaría
del tema, hizo exactamente eso. Primero lamentó el alejamiento
del hijo del escritor Vargas Llosa de las filas del toledismo, pues considera
que jugó un papel importante en la lucha contra la dictadura. Luego
ironizó que “una noticia así demuestra que no hay capacidad
de unión en este grupo, justo cuando el país está
pidiendo un gobierno de concertación nacional. Es como si hubiera
una crisis ministerial antes de llegar al gobierno”. Y sobre el tema
del millón de dólares que George Soros, inversionista búlgaro
afincado en Estados Unidos, entregó para la llamada Marcha de los
Cuatro Suyos, disparó que “toda mi campaña costó
400 mil dólares; yo no entiendo cómo para una sola marcha
o desfile se pueda usar un millón”, se preguntó García.
Dispare
primero, avise luego
El incidente de la avioneta
en que perdieron la vida dos ciudadanas norteamericanas la semana pasada
dio lugar a que ni Washington ni Lima se responsabilizaran del mismo,
pero sí acordaran investigar qué sucedió. Ayer la
Fuerza Aérea del Perú acordó con la embajada de Estados
Unidos en Lima realizar conjuntamente una investigación sobre las
causas del incidente del viernes pasado en que murieron Verónica
Bowers de 36 años y su hija de 7 meses, que viajaban en una aeronave
que fue derribada por los disparos de un avión de combate peruano
en misión antidroga. Desde Washington se insistió con que
el personal estadounidense que controlaba los vuelos en territorio peruano
siguió los procedimientos acordados con las autoridades peruanas,
y se criticó la política peruana de disparar contra aeronaves
sospechadas de narcotráfico; en Lima, por su parte, se reiteró
que se mantuvieron las normas que se emplean habitualmente para el control
aéreo, como ser que se hicieron las llamadas de atención
reglamentarias para que el piloto de la aeronave aterrizara –aunque
éste y otros testigos niegan haberlas visto–. Washington dispuso
suspender las operaciones de cooperación con las autoridades militares
y antinarcóticos de Perú hasta que se termine la investigación.
|
