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Por Adriana Meyer
 ”Nadie me ha presionado,
no me siento presionado. Estoy trabajando en un tema que considero de
una delicadeza muy importante”, aseguró ayer el juez federal
Jorge Urso en las escalinatas de los tribunales de Retiro. Este magistrado,
que debe decidir si ordena la detención del ex presidente Carlos
Menem para indagarlo como jefe de la asociación ilícita
que vendió armas a Croacia y Ecuador, tal como solicitó
el fiscal Carlos Stornelli, aclaró que no hay plazos establecidos
para resolver la cuestión. Pero adelantó que se tomará
el tiempo “necesario” para hacerlo con “mucha paciencia
y tranquilidad por la gran trascendencia institucional” de la medida.
Una fuente cercana al magistrado precisó a Página/12 que
“ese plazo no será de dos meses pero tampoco de tres días”.
Y agregó que Menem sería convocado, aunque quizá
no sea el primero de la lista ni bajo los cargos que le imputa el fiscal.
Los dos protagonistas centrales de la causa trataron de mostrar naturalidad
y ayer actuaron sin modificar sus rutinas. Al mediodía Stornelli
conversaba distendido en el comedor del noveno piso de los tribunales
de Retiro, mientras que Urso abandonó un rato el juzgado para acudir
al oculista. Y se defendieron mutuamente. “Es un profesional competente
y ha trabajado muchísimo en la causa”, dijo el juez sobre
el fiscal, que fue duramente cuestionado por un sector del justicialismo
que lo acusó de querer “destruir las instituciones”.
Stornelli replicó que “destruir las instituciones es pretender
destruir a los que investigan”. Y aseguró que, en realidad,
el embate en su contra es un intento de presionar a Urso. “Creo que
ahora van a existir andanadas de presiones públicas para tratar
de influir sobre el ánimo del juez, que es el que tiene que decidir”,
señaló al tiempo que exhortaba a “dejarlo tranquilo”.
Urso y Stornelli cerraron filas para resistir juntos las repercusiones
de las decisiones tomadas y las que vendrán. Este diario había
dado cuenta de cierta irritación que había causado la decisión
del fiscal en el juzgado de Urso. Si bien el juez sabía que Stornelli
tenía la idea de apuntar contra Menem habría sido sorprendido
porque no esperaba que la medida se produjera anteayer ni con esa magnitud.
Sin embargo, un funcionario que frecuenta el despacho del magistrado transmitió
a Página/12 que “le tiene mucho respeto y piensa que es un
fiscal serio aunque a veces pueda disentir”. Y enfatizó que
la reciente solicitud de Stornelli no había empañado la
buena relación que mantienen.
Ambos negaron en público haber recibido presiones en las últimas
horas. Sin embargo, uno de ellos tomó el consejo de un amigo que
le sugirió mantenerse lo más lejos posible del teléfono.
La fuente consultada aseguró que el juez prefiere dejar pasar unos
días mientras se expanden las reacciones adversas del menemismo
y parte del justicialismo en defensa del ex presidente. Pero aclaró
que es consciente de que “ese ruido” es una forma de presión
por lo cual se tomará un plazo suficiente como para no actuar en
caliente y para “estar a la altura de una decisión histórica”,
pero esa presión no le deja margen para dilatar demasiado la cuestión.
En declaraciones a los cronistas de guardia en Comodoro Py, Stornelli
justificó su decisión de solicitar la indagatoria de Menem
como supuesto jefe de una asociación ilícita al reafirmar
que “no queda otro camino”. Afirmó que no se sintió
presionado “en absoluto” y que tomó su decisión
“con total libertad”. Agregó que pidió la citación
del ex presidente por su “convicción” y sus “sospechas”
basadas en elementos y pruebas que figuran en el expediente. “Es
una causa penal y estoy descubriendo la verdad, solamente eso”, declaró
el fiscal. Y explicó que su requerimiento se basó en la
resolución de la Cámara Federal que ordenó avanzar
sobre las máximas autoridades de la asociación ilícita.
Consultado en el mismo lugar pero en distinto momento, el juez Urso minimizó
la reacción de los legisladores justicialistas que amenazaron con
paralizar la actividad parlamentaria. “Yo trabajo para el Poder Judicial,
no resuelvo bombas políticas sino penales”, advirtió.
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¿Qué
pasa con Cavallo?
El ministro de Economía Domingo Cavallo no fue mencionado
en la resolución del fiscal Carlos Stornelli, pero este funcionario
admitió ayer la posibilidad de pedir su declaración
indagatoria. Cuando le preguntaron si había descartado esa
medida respondió con un escueto pero contundente “no”.
Cavallo estampó su firma en los decretos secretos que posibilitaron
la maniobra pero sólo declaró una vez como testigo
por escrito en 1999. Si bien la Aduana depende de Economía
no habría tenido responsabilidad de controlar el contenido
de los contenedores con las armas. Sin embargo esa cartera interviene
en el sistema de cobros por reintegros a las exportaciones y en
el otorgamiento de las cartas de crédito y en la posición
arancelaria. Los investigadores hasta ahora habían considerado
que Economía “tocó sólo en la puerta de
salida”. Y Stornelli destacó en su dictamen que fue
Cavallo quien se opuso a la venta de armas y municiones a Bolivia.
Pero el juez estaría dispuesto a llamar a indagatoria a todos
los firmantes de los decretos, por lo cual podría acusar
al ministro de haber participado de los hechos sin imputarle ningún
lugar preciso en la asociación ilícita. De todos modos,
sus allegados comentan que antes de tomar esta decisión meditará
sobre los aspectos institucionales, incluso de mayor relevancia
que en el caso de Menem dada la delicada situación económica
que atraviesa el país.
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Las opciones del juez
El juez Jorge Urso no tiene plazos para decidir sobre la detención
de Carlos Menem para indagarlo como jefe de una banda ilegal que
vendió armas en forma clandestina, y la de Erman González
y Martín Balza como organizadores del grupo. El fiscal es
una de las partes de la causa y el magistrado podría escribir
“téngase presente” y no hacer nada al respecto.
Pero ayer sugirió que no será así al expresar
que la presentación del fiscal Carlos Stornelli “deberá
ser contestada por la afirmativa o la negativa”. La idea de
Urso era escuchar en indagatoria a los ex ministros Erman González,
Oscar Camilión y Guido Di Tella y recién después
abordar la situación de Menem, pero sus allegados admitieron
ayer que ante el cambio de escenario podría cambiar los planes.
Sin embargo afirmaron que son seis los ex altos funcionarios que
desfilarán por el juzgado: además de Di Tella, Camilión
y González serían convocados Martín Balza,
Menem y Domingo Cavallo. El enigma es en qué orden irán
pasando, bajo qué cargos y grados de responsabilidad lo harán
y quiénes perderán su libertad.
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ROGER
SE OFRECE COMO DFENSOR
“Sería un altísimo honor”
Por E.T.
“Para mí sería
un altísimo honor participar en la defensa del ex presidente, Carlos
Menem” en la causa por la venta de armas, dijo a este diario el ex
Procurador General de la Nación, el penalista cordobés Oscar
Roger. Luego de criticar con dureza el dictamen del fiscal Carlos Stornelli,
al que basándose en los trascendidos periodísticos calificó
como “frágil”.
–¿Asumiría la defensa del ex presidente Menem?, preguntó
este diario.
–Yo estoy a su disposición. Soy su amigo y lo haría
por lealtad hacia quien me designó en su momento Procurador General
de la Nación y luego embajador en Grecia.
–¿Por qué afirma que la acusación de Stornelli
es endeble?
–En base a los trascendidos periodísticos, es la declaración
de Sarlenga la que fundamenta el dictamen. Pero se olvida que éste
era un procesado.
–Pero todas las informaciones también sostuvieron que los
dichos de Sarlenga le daban fuerza a muchas pruebas existentes.
–La causa tuvo un fuerte viraje luego de los testimonios de Sarlenga.
No es posible involucrar a quien ha ocupado tan altas funciones, como
así también a sus ministros, por simples sospechas. Decir
que un ex presidente y ex ministro han organizado una banda no es una
situación que tenga un sólido sustento.
Roger fue jefe de los fiscales en los primeros meses de Menem en la Casa
Rosada. Ocupó el cargo luego de la renuncia de Andrés D’Alessio.
Su amistad con Menem se remonta a 1952, cuando el abogado estaba al frente
de la cátedra de Derecho Penal y el ex presidente era uno de sus
alumnos. En sus tiempos de estudiante, Roger supo militar en el Movimiento
Nacional Estudiantil. “Siempre fui un peronista ortodoxo”, se
autodefinió. Su obediencia a Menem lo llevó a sancionar
a los entonces fiscales federales Aníbal Ibarra y Hugo Cañón
por realizar declaraciones públicas contra los indultos menemistas
a las ex Juntas Militares que reinaron durante la última dictadura
militar.
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