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Fueron, pero no aportaron casi nada. Ese fue el saldo del testimonio de
los comisarios inspectores de la Policía Bonaerense Mario Jaime
y Daniel Del Arco ante la Cámara Federal de La Plata, en el marco
del “Juicio por la Verdad” que se realiza en la capital provincial.
Jaime se negó a declarar, mientras que Del Arco habló poco
y no sumó ningún dato nuevo sobre el secuestro y desaparición
de Juan Iglesias. Sin embargo, la Cámara Federal giró el
material a la Fiscalía, para que evaluara si corresponde iniciar
una acción penal. Y volvió a reaparecer el nombre del ex
vicario castrense Emilio Graselli, por las diferencias que habría
entre las listas de desaparecidos que él elaboraba durante la dictadura
y las que decomisó en 1999 la Justicia en su domicilio.
En realidad, los límites a las declaraciones vienen dadas por el
propio juicio. Como lo que se propone es averiguar el destino final de
los desaparecidos, los testigos declaran de manera informativa, y pueden
negarse a responder las preguntas del Tribunal. Pero ahora, el fallo del
juez Gabriel Cavallo, que anuló las leyes de Obediencia Debida
y Punto Final, despeja el panorama para que puedan reabrirse causas que
terminen en condenas. Según la abogada de la APDH platense, Marta
Vedio, “ahora la responsabilidad la tiene el fiscal Julio Amancio
Piaggio.”
Los policías, ascendidos a principios de año por el ministro
de Seguridad bonaerense Ramón Verón, fueron citados para
que aportaran datos sobre el destino de Juan Miguel Iglesias, quien fue
visto con vida por última vez en la comisaría 5ª de
La Plata, en donde trabajaba Jaime. Por su parte, Del Arco también
tiene antecedentes de haber intervenido en el terrorismo de Estado, y
según María Isabel Chorobik de Mariani, le habría
ofrecido ubicar a su nieta Clara Mariani, hija de la asesinada Diana Teruggi,
a cambio de todos sus bienes. La nena fue robada luego de un operativo
de los grupos de tareas el 24 de noviembre de 1976, en el que mataron
a su madre y a otras tres personas.
Ayer Jaime se negó a declarar, pero en su anterior comparecencia,
el 15 de marzo pasado, reconoció que a la seccional 5ª ingresaban
“camiones del Ejército”, pero negó haber visto
detenidos ilegales, o haber escuchado gritos de tortura. Y, según
su testimonio, tampoco observó a médicos o sacerdotes. Lo
que está claro es que unos 22 testigos reconocieron a Jaime como
integrante de la comisaría en pleno apogeo de la dictadura.
Del Arco, en tanto, en su nueva declaración, negó haber
participado en la represión clandestina y afirmó que “nunca”
empuñó un arma, porque antes de la dictadura se le había
escapado una bala de su arma y tuvieron que ponerle “una placa de
platino en la mano”. También dijo que “jamás”
tuvo contacto con la abuela de Clara Mariani, y que “nunca”
le pidió nada. En su defensa, Del Arco aseguró que cuando
sucedió el rapto de la menor, estaba haciendo un curso en la Ciudad
de Buenos Aires sobre “información”, una forma elíptica
de decir que era sobre Inteligencia. Pero algunos testimonios lo ubican
como uno de los integrantes de la escuadra que cañoneó la
casa donde vivía Diana Teruggi, y que se llevó a Clara.
También ofreció su testimonio ayer Edna Coparoni de Ricetti,
madre de Ariel Ricetti, desaparecido desde el 1 de febrero de 1978. La
mujer reveló que cuando secuestraron a su hijo fue a ver al vicario
castrense Emilio Grasselli, quien confeccionaba listas de desaparecidos,
pero en su testimonio, dijo que aquellas diferían de las que la
Cámara tiene en su poder, conseguidas en un allanamiento a la casa
del religioso. Los organismos de derechos humanos sospechan que se podrían
haber adulterado las listas desde 1976, por lo que no descartan pedir
una nueva citación para Graselli, quien ya compareció dos
veces ante el Tribunal.
Informe: Alejandro Cánepa.
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