La jueza federal María Servini de Cubría se excusó ayer de resolver una medida cautelar que impida el pago de casi doce millones de pesos al Grupo Yoma S.A. en concepto de exportaciones de la curtiembre familiar que no fueron verificadas. Servini dijo que le provoca “violencia moral” intervenir en causas en las que están involucrados miembros de la familia Yoma y que por razones de “decoro y delicadeza” prefiere no intervenir. El presidente del Banco Nación (BN), Enrique Olivera, se reunió ayer con el juez federal Claudio Bonadío, quien deberá hacerse cargo de la causa, y le manifestó su “profunda preocupación” porque “el tiempo pasa” y no hay definiciones. Si el juez no se expide mañana, el lunes el banco deberá efectuar el pago a la curtiembre del empresario preso por el escándalo de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia.
En la sucursal Chilecito del Banco Nación hay un plazo fijo que vence el viernes por casi 12 millones que el grupo Yoma S.A reclama en concepto de exportaciones que no han sido verificadas. El lunes, si el juez Bonadío no dispone lo contrario, la curtiembre del ex cuñado de Carlos Menem podría llevarse el efectivo gracias a una maniobra avalada por la Cámara Civil, Comercial y de Minas de Chilecito –que el Nación y la AFIP denuncian como ilegal– y la inacción de la justicia en distintas instancias, incluida la Corte Suprema.
Los denunciantes de la AFIP y del BN esperaban que Servini dictara una medida cautelar que impidiera que los Yoma cobraran el dinero, pero la jueza se excusó ayer de hacerse cargo del caso. “Las relaciones en estas actuaciones de integrantes de la familia Yoma provocan en mí una carga subjetiva que conducen a inhibirme en el conocimiento del proceso”, fundamentó la jueza y aludió a las “circunstancias históricas que son de público conocimiento, en las que me vi directamente afectada por actuaciones procesales a mi cargo” y que “llegaron, incluso, a poner en tela de juicio mi honorabilidad”.
La magistrada se refería al famoso Yomagate, causa de la que tuvo que apartarse en su momento por las diversas recusaciones que fueron presentadas en su contra. Las irregularidades que habría cometido la jueza en la primera etapa de la instrucción de esa causa originaron pedidos de procesamientos y sumarios administrativos y la intervención de la Corte Suprema de Justicia. En ese sumario estuvo procesada la ex secretaria de audiencias, y cuñada del entonces presidente Carlos Menem, Amira Yoma, y los trascendidos indicaban que Servini de Cubría favorecía la situación procesal de la ex funcionaria.
La causa está ahora en manos de Bonadío, quien anteriormente también se había excusado, pero según informaron en el entorno de Olivera ésta vez no podría hacerlo porque la denuncia está radicada en la Capital Federal y el juez no podría alegar una cuestión de competencia. Olivera se reunió ayer con el magistrado para manifestarle su “preocupación” por el avance de la causa, ya que si el juez no dispone lo contrario mañana, el lunes el Banco Nación deberá hacer efectivo el pago.

LA OA DENUNCIO A LOS YOMA POR COIMAS A UN EMPRESARIO
Ruckauf cayó en la volteada

El juez federal Gabriel Cavallo tendrá que investigar al actual gobernador bonaerense, Carlos Ruckauf, al ex ministro del Interior José Luis Manzano, a Emir, Karim y Omar Yoma y al italiano Giorgio De Lorenzi, que fue apoderado del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Una denuncia judicial de la Oficina Anticorrupción (OA) señala a esos y otros personajes, funcionarios y ex funcionarios, como posibles ejecutores o cómplices de un pedido de coima a un empresario italiano durante la gestión –en los primeros años del gobierno de Carlos Menem– de un crédito para la instalación de estaciones de gas natural comprimido en Argentina.
La OA denunció “posibles maniobras desplegadas por ex y actuales funcionarios públicos nacionales y provinciales –y un cooperador contratado– con el fin de desviar un préstamo otorgado para la construcción de 50 estaciones de gas natural comprimido” como parte de un tratado entre Argentina e Italia, señala la presentación del área de Investigaciones de la OA, dirigida por Manuel Garrido. El texto puntualiza que es posible que hayan existido los delitos de cohecho, exacciones ilegales, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles.
La denuncia se basa en los testimonios del empresario Vittorio Serri, de su hijo Lorenzo, de su socio argentino Armando Torres, del ex director del Banco Hispanoamericano, Giorgio Solighetto, y en documentación. Sus relatos, algunos de los cuales habían sido oídos por la Justicia italiana, coinciden en que De Lorenzi, que actuaba como intermediario, pidió una coima o “adelanto” a los Serri. El cobraba aportando facturas como asesor.
Vittorio Serri dijo en radios porteñas que pagó alrededor de un millón de dólares como anticipo del negocio, dinero que, a pesar de que el convenio no se concretó, nunca le fue devuelto. Según declaró ante los investigadores de la OA, parte de la plata pagada era, según le decía De Lorenzi, para José Luis Manzano y para Carlos Ruckauf, entonces embajador en Italia. Los Serri afirman que “De Lorenzi era la mano derecha de Ruckauf, era como el propio embajador”. También contaron que en las negociaciones intervino Ernesto Bessone, que se presentó como asesor del ex presidente Carlos Menem. Serri (padre) contó que se reunió en Buenos Aires también con Emir, Karim y Omar Yoma. “Si no hay 5 por ciento no hay negocio”, dice Serri que le advirtió Omar Yoma.
En el ínterin existían, al parecer, conversaciones con la firma italiana Corimec. El convenio financiero exigía una opinión legal externa, que fue dada por Miguel O’Farrell y el actual ministro de la Corte Suprema, Antonio Boggiano. Un primer dictamen fue favorable a los Serri. Un segundo dictamen corrigió el anterior sólo con la firma de O’Farrell, ya que Boggiano se negó a refrendarlo. El acuerdo se hizo con Corimec, la misma empresa que en aquella época le regaló a Menem la famosa Ferrari. El Estado argentino está demandado por 100.000.000 dólares. La OA pide que se cite como testigos –entre otros– a Boggiano, a Torres, a Lourdes Di Natale, ex secretaria de Emir Yoma y al ex subsecretario de Energía de la Nación, Julio César Aráoz.

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