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Por Eduardo Tagliaferro
 “En reiteradas ocasiones
escuché a varios abogados insistir con que se debía reclamar
la nulidad de la causa de las armas”, dijo a Página/12 un
ex funcionario de Carlos Menem, que hoy mantiene su llegada al ex presidente.
La mención no es inocente. Detrás de los pedidos de nulidad
presentados hoy por tres abogados (ver aparte) se esconde una maniobra
que puede llevar a que seis años de instrucción judicial
en la que se acumularon pruebas que involucran a los dirigentes más
destacados del menemismo queden reducidos a la nada.
Sin embargo, de ser exitosa, la estrategia para conseguir la nulidad de
todo lo actuado por el fiscal Carlos Stornelli y por el Juez Jorge Urso,
llevará su tiempo. Recién después que la Sala II
decida sobre los recursos presentados por los abogados Fernando Archimbal,
Francisco D`Albora y Francisco Castex, los escritos podrán arribar
a la Cámara de Casación. En caso de que la Sala II los rechace
los abogados podrán llegar a la Casación con un recurso
de queja.
“El objetivo de máxima que tendrían los recursos sería
conseguir la nulidad de la causa. Pero si no se puede llegar a esto, alcanza
con recusar a la Sala II por parcialidad o animosidad”, comentó
a este diario un jurista que conoce tanto el expediente en el que se investiga
la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador como a los miembros de la
justicia federal.
Otros funcionarios judiciales consultados por este diario coincidían
en señalar que Archimbal es uno de los más activos en la
movida. Ex juez y ex camarista federal de San Martín, Archimbal
reparte sus actividades en defender a Erman González y asesorar
a Emir Yoma, tarea que de acuerdo a como está evolucionando la
causa más pronto que tarde será incompatible. Archimbal,
largamente vinculado con la SIDE, comparte su estudio jurídico
con otro abogado que presta servicios para la central de espionaje nativa:
Mario Bissoni, que arribó a la SIDE de la mano del ex Señor
5 y amigo directo del presidente Fernando de la Rúa, el ex banquero
Fernando de Santibañes. Antes de hacerle un lugar en el quinto
piso de la sede de los espías, Bissoni fue abogado de Santibañes
en el Banco de Crédito Argentino e incluso apareció fuertemente
involucrado con el fallido emprendimiento de Inducuer, que está
siendo investigado por la Justicia.
“Los decretos no eran ideológicamente falsos” sino que
“las armas se enviaron a un lugar no autorizado”, afirma Archimbal
en su presentación realizada ayer en la Sala II. El argumento es
coincidente con los argumentos públicos expuestos por el ex ministro
de Justicia, Rodolfo Barra, sobre que “el acto administrativo (el
decreto) no puede sufrir el vicio de la falsedad ideológica”.
“Este argumento se sustenta en una vieja concepción del derecho
administrativo: las facultades del Príncipe no se discuten”,
afirma a este diario un importante funcionario judicial. “De continuar
con esta línea argumental, el estado de derecho se convertiría
en una formalidad”, concluyó.
Coincidentemente con los argumentos sostenidos en las presentaciones judiciales
de Archimbal y los otros abogados, la opinión de Barra era repetida
ayer por importantes dirigentes del menemismo. “Ese será el
argumento que plantearán ante la Cámara de Casación
quienes impulsan la nulidad de todo lo actuado en el expediente”,
afirma el primer jurista consultado por Página/12.
Para este jurista, el argumento de los defensores pretende tirar por tierra
la figura de la falsedad ideológica de los decretos, además
de instalar la idea que la venta de armas a Croacia era “una cuestión
de estado”. La preocupación que expresaba este jurista radica
en que, según su opinión, estos argumentos pueden ser asumidos
por los miembros de la Casación “ya que entre sus integrantes
se encuentran los soldados más fieles al menemismo. Incluso quienes
son capaces de tomar decisiones impensadas para la propia Corte Suprema”.
Los resultados de la maniobra tardarán en llegar. Mientras tanto,
en el círculo íntimo de Menem se trabaja aceleradamente
en armar los equipos de abogados que asistirán al ex Procurador
Oscar Roger en la defensa del ex Presidente. Por las dudas la estrategia
va acompañada de una fuerte ofensiva política. “A Dios
rogando y con el mazo dando”, era la definición que un legislador
cercano a Menem entregaba a este diario para explicar la asamblea peronista
en el Senado (ver páginas 2 y 3). Según el legislador el
principal objetivo político es evitar la citación judicial.
Se trata de evitar la foto del Jefe subiendo las escalinatas de Cómodoro
Py.
PRESENTACIONES
DE ERMAN, VICARIO Y CARBALLO
El camino que lleva a la Corte
Por Adriana Meyer
Aunque no trabajan en conjunto,
los defensores de algunos imputados destacados en el caso de la venta
de armas apuntaron a obtener la nulidad de todo lo actuado por el juez
Jorge Urso y el fiscal Carlos Stornelli en los seis años que lleva
la investigación. Algunos señalan al ministro de Economía,
Domingo Cavallo, y responsabilizan a los estamentos inferiores de la administración
pública, pero todos pretenden que el caso llegue a la Corte Suprema,
aduciendo que la decisión de vender armas es un asunto de Estado
no judiciable.
El procesado ex ministro Erman González pidió a la Cámara
de Casación Penal que declare la nulidad del fallo de la Sala II
de la Cámara Federal, por el cual ratificó su procesamiento
por supuesta “falsedad ideológica de instrumento público”.
Su defensor, el abogado Fernando Archimbal, fundamentó la solicitud
en que la resolución de los camaristas Horacio Cattani, Eduardo
Luraschi y Martín Irurzun es “arbitraria por contradicción
con las fuentes que cita”, valora “en forma antojadiza las pruebas
y está asentada sólo en simples afirmaciones dogmáticas”.
Archimbal se quejó de que el fallo viola los derechos de la defensa
en juicio de su cliente y le causa un perjuicio “que no podrá
ser reparado con ulterioridad”.
“Ninguna probanza existe que permita siquiera suponer que fue Antonio
Erman González quien hizo introducir en el texto del decreto un
destino distinto de aquel que le correspondía”, indicó
el abogado y agregó que ese destino “venía señalado
en el expediente originado en Fabricaciones Militares”. Archimbal
dedicó gran parte de su escrito para argumentar que “los decretos
no tienen ninguna finalidad probatoria, sólo ordenan, disponen,
autorizan”, y que “desde el punto de vista lógico, no
pueden ser falsos ya que no se contraponen con nada que haya ocurrido
en el mundo de los fenómenos”.
Desde La Rioja, González declaró que es un “perseguido
social” y sostuvo, citando a “serios juristas” que no identificó,
que “no se puede acusar a un presidente y sus ministros de asociación
ilícita porque es una figura penal pensada para aplicar a bandas
de delincuentes” y no para un Poder Ejecutivo que dicta decretos
basados en “decisiones administrativas”. González apuntó
contra Domingo Cavallo al destacar la responsabilidad de la Aduana. “Si
Aduana no verifica que lo que va no es lo que decía el decreto...
y si, además, se deja salir esa embarcación a destinos distintos
a los indicados en el decreto, hay una serie de participaciones muy lejos
del presidente y los ministros”, señaló. Ese serio
jurista de González bien podría ser el ex ministro de Justicia
Rodolfo Barra que, desde las páginas de un matutino, sostuvo que
los decretos cuestionados “son jurídicamente actos administrativos
que gozan de presunción de legitimidad” y por lo tanto son
lícitos.
Por su parte, el abogado del general Angel Vicario presentó un
recurso de queja por el cual la Corte Suprema podría declarar la
nulidad de toda la causa. El argumento está basado en el artículo
99 de la Constitución según el cual las relaciones internacionales
y el manejo del Ejército son asuntos políticos no judiciables.
Según el letrado Francisco D’Albora, el hecho principal en
cuestión encuadra en esos dos aspectos. Otro de los imputados,
el ex subsecretario de Programación del Ministerio de Defensa,
Carlos Carballo, también pidió ante la sala II la nulidad
del caso.
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