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Por David Cufré
 El ajuste fiscal no tendrá
la magnitud que reclama el mercado, pero será mayor a lo anunciado
hasta ahora por Domingo Cavallo. El ministro reunió ayer en el
Palacio de Hacienda a 45 economistas para darles a conocer sus próximos
pasos. Entre ellos había varios de sus enemigos declarados, como
Carlos Rodríguez y Jorge Avila, del CEMA. Hasta ahora Cavallo se
había referido a sus colegas en forma más bien despectiva,
acusándolos de no entender su programa. Pero ante la crisis financiera,
tendió un puente conciliador y buscó influir sobre ellos
para que, a su vez, transmitan una visión más optimista
a inversores, empresarios y a la opinión pública. Una de
las principales demandas de los economistas fue conocer la situación
fiscal. Cavallo precisó que el ajuste será de 1000 millones
de pesos, 300 millones superior a lo conocido hasta ahora.
Por otra parte, el ministro hizo una encendida defensa del proyecto que
extiende la Convertibilidad al euro y reveló una incógnita:
de acuerdo con su estimación, el nuevo sistema entrará a
regir en febrero del 2002, ya que en ese momento se igualaría la
cotización del dólar y el euro (ver aparte). Otra novedad
importante que surgió de la reunión fue que en los próximos
días el Gobierno eliminará los aportes patronales y los
impuestos a los intereses y a los activos para favorecer a sectores de
la producción. Será la primera medida concreta del plan
de competitividad, que en un primer momento alcanzará a los empresarios
de calzado, textiles y metalurgia. Y luego se extenderá a frigoríficos,
terminales automotrices y autopartes. Cavallo indicó que se reclamará
a gobiernos provinciales y municipales que imiten la baja de impuestos
y eliminen trabas burocráticas que afectan a la producción.
Antes de partir a Washington para cerrar el acuerdo con el FMI, Cavallo
buscó bajar los decibeles de su confrontación con los economistas
que lo cuestionan. Como reclamaban, les entregó un informe detallado
con las proyecciones para los próximos meses. El ministro tocó
todos los temas que concentran la atención de los consultores.
Uno de ellos fue el fiscal. Cavallo remarcó que se cumplirá
con la meta de un déficit no mayor a 6500 millones de pesos convenida
con el FMI. Y precisó que se logrará mediante un recorte
del gasto público de 1010 millones, junto con los ingresos por
2200 millones del impuesto a las transacciones financieras.
“¿Habrá un canje voluntario de la deuda pública?”,
preguntaron Miguel Angel Broda y Enrique Folcini. La respuesta corrió
por cuenta de Daniel Marx, quien confirmó que se trabaja en la
implementación de esa operación y mencionó que se
estudia garantizar los nuevos bonos con la recaudación de impuestos
(ver página 7). Cavallo remarcó que la reprogramación
voluntaria de vencimientos aplacará la tormenta financiera, la
cual, dijo, se disipará en los próximos días. También
hizo hincapié en que en ningún momento se pensó en
hacer una reestructuración forzosa de la deuda, ya que una medida
semejante “traería gravísimos problemas al país”.
A lo largo de su exposición, insistió enfáticamente
en que el objetivo prioritario de su gestión es lograr el crecimiento
económico, y para ello es esencial regenerar las expectativas de
productores y consumidores. “Si ése es el objetivo, ¿por
qué se confunde a la población con el proyecto de la canasta
de monedas?”, preguntó en tono de protesta Carlos Rodríguez.
A esa altura, Cavallo ya había abandonado la reunión, por
lo que no se dio un previsible cruce violento. Marx reiteró los
argumentos que antes había expuesto su jefe. Dijo que es una reafirmación
de la Convertibilidad ante los embates en favor de la devaluación
y la dolarización, además de mejorar las condiciones de
competitividad.
Lejos del reclamo de banqueros y economistas ortodoxos para que se olvide
de ese proyecto, Cavallo dedicó buena parte de su exposición
a resaltar sus ventajas. Y luego de reunirse con los consultores se entrevistó
con diputados del oficialismo para analizar la estrategia legislativa
que lleve a la sanción de la iniciativa. Pero varios de los economistas
que estuvieron ayer en el Palacio de Hacienda reiteraron susdiscrepancias
con el proyecto de la canasta de monedas. Entre otros, Roberto Alemann,
Aldo Abram, José Luis Espert y Carlos Rodríguez. Otros de
los participantes de la reunión fueron Daniel Artana, Alieto Guadagni,
Mario Brodersohn, Martín Redrado, Orlando Ferreres, Manuel Solanet
y Norberto Sosa.
Otro punto en el que se detuvo Cavallo fue el de la modificación
de la Carta Orgánica del Banco Central. “Lo habíamos
consensuado con Pou y de ninguna manera fue un recorte a su poder sino
que amplía las facultades para operar en la política monetaria”,
subrayó el ministro, quien sabe del malestar de varios economistas
por lo que consideran una intromisión de Economía en las
políticas del Banco Central. Una vez que consideró aclarado
ese punto, Cavallo resaltó que se seguirá adelante con una
política monetaria flexible que motorice la reactivación.
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Mingo puso la fecha
“Yo lo sé, pero por ahora no lo voy a decir”,
respondió semanas atrás Domingo Cavallo cuando se
lo consultó sobre cuándo se pondría en marcha
la convertibilidad ampliada al euro. La pregunta obedeció
a que el proyecto señala que la paridad del peso estará
regida por el dólar y el euro el día que estas últimas
monedas igualen su cotización. Finalmente ayer se despejó
la incógnita: será en febrero de 2002. De acuerdo
con la estimación de Economía, en ese momento el euro
y el dólar valdrán lo mismo. El dato revelador figura
en el informe que Cavallo entregó ayer a un grupo de consultores
con los que estuvo reunido.
Sin embargo, entre economistas e inversores de todo el mundo circulan
las proyecciones más diversas. Nadie puede asegurar en qué
momento el euro alcanzará al dólar. La cotización
actual es de 90 centavos de dólar por euro. En Europa existe
un relativo consenso en que la igualación se producirá
en el lapso de los próximos doce meses. Para Cavallo, ocurrirá
en febrero del próximo año.
El ministro se entrevistó ayer con el jefe del bloque de
diputados de la Alianza, Darío Alessandro, para estudiar
la estrategia legislativa que lleve a la aprobación del proyecto
de la canasta de monedas. Previamente, en el encuentro con los economistas
había destacado que la iniciativa mejorará las condiciones
de competitividad de la economía argentina. También
había resaltado que el proyecto tiene la ventaja de clausurar
las discusiones en torno de la devaluación y a la dolarización.
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ECONOMIA
PREVE AHORRAR EN ESA AREA UNOS 800 MILLONES DE PESOS
El premio mayor del ajuste lo sacó Anses
Por Cledis Candelaresi
La reestructuración de
la Anses sigue siendo el capítulo fuerte del recorte de gastos
que estudia Economía. Con ella, el Gobierno persigue la ambiciosa
meta de ahorrar alrededor de 800 millones de pesos anuales, monto que,
en el mejor de los casos, llegaría a la mitad para el presente
ejercicio. Ese eventual ahorro incluye una medida polémica: la
millonaria deuda pendiente a favor de nuevos jubilados que aún
no han cobrado su retroactivo, obligación que suma más de
500 millones de pesos, el Estado la cancelará en cuotas.
El efecto de las nuevas medidas también está condicionado
por las propias debilidades del sistema, que los cambios en ciernes no
necesariamente eliminarán. La base de datos de la ANSES –sólo
por citar una falencia– no detallan la relación filial de
las personas, con lo que es prácticamente imposible usarla para
verificar, por ejemplo, qué cantidad de hijos tiene un beneficiario
de asignaciones familiares.
El Estado tampoco dispone de elementos para controlar adecuadamente el
sistema compensatorio (por el cual los empleadores depositan sólo
la diferencia entre sus aportes patronales y las asignaciones pagadas),
fuente de permanente fraude. ANSES, por ejemplo, no tiene acceso a las
declaraciones juradas que el empleador presenta ante la AFIP, de donde
surge cómo calculó su obligación de pago o el eventual
saldo a favor.
Las medidas en las que trabaja el gobierno apuntan a subsanar otras falencias
de la Administración, que ocasionan al fisco pérdidas millonarias.
Esas decisiones se agrupan en cuatro categorías:
 Alivio financiero. El Poder
Ejecutivo ya firmó tres decretos que permiten, por un lado, pagar
en cuotas –en la medida que haya crédito presupuestario–
los haberes que debe a los nuevos jubilados, desde que éstos iniciaron
el trámite hasta que cobran su primer haber. Las angustias fiscales
del sistema de Seguridad Social hicieron que este pago se haya demorado
más de lo habitual, generando un pasivo superior a 500 millones.
Por el otro, eliminan el sistema de pago directo de asignaciones a pymes
y trabajadores que cobran menos de 100 pesos. Este régimen, concebido
como un mecanismo para eludir las estafas al fondo compensador, también
dio lugar a desfalcos varios como la creación de empresas fantasmas,
fundadas para cobrar beneficios indebidos. Ahorro previsto: 200 millones.
Control de asignaciones con
el CUIL. Parece una idea obvia, pero hasta ahora no se pudo instrumentar:
muchos beneficiarios figuran en la base de datos por su nombre, otros
por su apellido, y otros por su documento: la intención es unificarla
con la asignación de un CUIL para todos, que permita el cruce con
otras bases. Si esta herramienta permite mejorar la fiscalización
sobre el fondo compensador, se podría ahorrar 100 millones por
año. Pero esa “cuilificación” generalizada requiere
un nuevo soft que hasta ahora nadie quiso asumir la responsabilidad de
comprar. Quizás con la creación de un ministerio de la Seguridad
Social el tema quede resuelto.
Depurar cajas provinciales
y suspender jubilados que son también activos. La ANSES detectó
11 mil casos de jubilados que trabajan, a pesar de que están bajo
un régimen que define como incompatible esta duplicidad.
Del mismo modo, la intención es dar de baja selectivamente a los
jubilados del interior que gozan de alguna prerrogativa especial: un caso
testigo es el de unas 50 maestras riojanas que abandonaron la actividad
a los 40 años. El ahorro previsto en uno y otro caso es de 100
millones de pesos anuales. El mayor control también contemplaría
a quienes cobran seguros de desempleo, para evitar que los activos sigan
percibiendo ese beneficio; del mismo modo, se prevé un mecanismo
para obtener información real de los registros de las personas,
de modo tal que se evite el pago a fallecidos. El ahorro pautado es de
20 y 6 millones por año, respectivamente.
Recorte de gastos operativos.
Esto incluye desde el desmantelamiento de cuerpos directivos a la bancarización
de los pagos prestacionales, paraevitar la alta comisión que cobran
los bancos por pagar jubilaciones. En el futuro, cada jubilado dispondría
de una caja de ahorro, donde ANSES depositaría su haber. Según
especulan en el gobierno, captar a muchos abuelos como clientes podría
ser un estímulo suficiente para que muchas entidades financieras
acepten el cambio de régimen de buena gana.
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