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�A aquel país no lo salva ni el lacayismo�

El presidente de Cuba, Fidel Castro, expresó sin eufemismos su repudio al gobierno argentino por la condena a su país. De la Rúa dijo que el tema no se resuelve con �agravios�.

Castro mostró su furia contra el gobierno argentino al enterarse de que operó por pedido de Colin Powell.

“Les lanzamos el contragolpe antes de que concretaran la traición. Lo tenían todo planificado. Son un montón de hipócritas, pigmeos y cucarachas”, dijo el presidente de Cuba, Fidel Castro, en referencia al voto argentino contra su país en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. También abundó en que el presidente Fernando de la Rúa “ya no preside” y remarcó que “a aquel país no lo salva el lacayismo, no lo salvan los 40 mil millones de ese blindaje”. De le Rúa le respondió que “lo que hace a la soberanía de nuestro país y a nuestras propias decisiones no se resuelve en términos de agravios e insultos”. Trascendió que Castro se enfureció al enterarse de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, le envió el 20 de este mes una carta al canciller Adalberto Rodríguez Giavarini en la que le advierte que espera contar con el gobierno argentino para tratar de convencer a otros países de Latinoamérica –entre ellos Brasil– de que condenen a Cuba en la votación.
Castro habló en la noche del miércoles por el principal canal de la televisión cubana: el 6. Fue una emisión especial del programa “Mesas Debates”, que está destinando el espacio a discutir el voto que emitió cada país en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU que sesionó en Ginebra. Castro aseguró que “adivinó” la postura que tendría la Argentina cuando en febrero calificó al gobierno argentino como “lamebotas” de los yanquis. “Le lanzamos el contragolpe antes de que concretaran la traición. Lo tenían todo planeado. Son un montón de hipócritas, pigmeos y cucarachas”, acusó. “No dicen lo que van a hacer, buscan la noche para ver cuando se descuida el gato popular, le tienen miedo al tigre”, dijo. También se despachó contra el presidente Fernando de la Rúa. “Qué voy a decir del Presidente. No puedo decir nada porque no hay presidente, ya no preside este señor. Quien tiene el poder es (Domingo) Cavallo”, sostuvo el comandante, quien también ironizó sobre la situación del país. “Desde hace diez años, la Argentina ostenta una tasa de desempleo que oscila entre el 15 y el 20 por ciento y su deuda externa ascendió a 147.000 millones de dólares en 2000. Este año, deberá pagar 11.000 millones sólo en servicios del débito”, disparó, y agregó que “allí donde gobiernan los defensores de los derechos humanos, tienen una tasa de mortalidad infantil de 19 por cada 1000 niños nacidos vivos, tres veces mayor que la de Cuba”.
En el mismo programa, Castro leyó una carta con fecha 20 de abril enviada a Rodríguez Giavarini por el secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, en la que el ex general, según aseguró Castro, solicita el apoyo argentino para lograr la aprobación de una condena a Cuba en Ginebra y pide su cooperación para sumar a otros países en esa cruzada. “Espero trabajar con usted en el cabildeo por los votos que se requerirán para la aprobación de esa resolución”, dice Castro que puede leerse en la misiva firmada por Powell, a quien el cubano calificó de “general en jefe de los lacayos de América latina”. Fuentes de la Cancillería argentina enviaron ayer a los medios la respuesta de Giavarini a esa carta y destacaron un párrafo en el que el canciller destaca que “la delegación argentina lamentó profundamente que la resolución no hubiese recogido la preocupación generalizada sobre las graves consecuencias del embargo y otras medidas coercitivas unilaterales que se aplican desde hace muchos años en contra de Cuba”.
Enterado de la nueva embestida de Castro, el presidente De la Rúa dijo que “no vale la pena reproducir expresiones injuriosas” y señaló que las cuestiones que hacen “a la soberanía y a las decisiones no se resuelven en los términos de agravios e insultos”. Por su parte, Giavarini aseguró que las declaraciones de Castro “son consecuencia, básicamente, de la situación política interna de Cuba y demuestran el grado de fragilidad del régimen cubano”. El canciller agregó que “estamos ante una situación que no se encuentra entre las que habitualmente se manejan en la práctica diplomática. Este problema interno que tiene Cuba podría ser solucionado en el marco de una cooperación con el sistema universal de los derechos humanos en lugar de apuntar a supuestos enemigos externos elegidos entre naciones que, como el señor Castro no puede desconocer, tienen vocación democrática y son amantes de la paz”.
Finalmente, Giavarini recordó que “la decisión del gobierno argentino se adoptó luego de analizar cuidadosamente los antecedentes disponibles, incluido el reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicado el 16 de abril del 2001, es decir dos días antes de la votación de la Comisión”. En la Cancillería recordaron ayer que en los últimos años la Argentina recibió 50 nuevos exiliados de la isla.
“Nuestro país es un país soberano y resuelve soberanamente las decisiones que le toca tomar. Las decisiones sobre el voto contra Cuba fueron tomadas por este presidente, elegido por el pueblo”, dijo anoche De la Rúa en conferencia de prensa. Dicen que levantó el tono de voz, tal vez ofendido por el mote de “cucaracha” o por el de “pigmeo” o tal vez por el de “hipócrita” que eligió Castro para calificar a ciertos integrantes del gobierno argentino.

 

OPINION
Por Héctor Recalde *

Con la familia no se metan

Volvió López Murphy y no nos dimos cuenta. El regreso se produjo en forma silente y apareció con parte del ajuste que nos había prometido. En el caso que comento en esta nota el ajuste se dio en el ámbito del ANSES, vía recortes en los derechos de los jubilados (Dec. 449/01) y de trabajadores que percibían salario familiar (Dec. 452/01).
Con nuestros queridos viejos, en lugar de pagarles al contado lo que le deben, como les auguran larga vida, ahora le van a pagar en cómodas cuotas mensuales. Se ahorrarán 80 millones anuales y los acreedores externos cobrarán a costa de los jubilados. Tenemos que tener presente que según la Encuesta Permanente de Hogares, existen muchos jubilados que son sostén de sus hijos desocupados.
El ajuste que viene a Cavallo de López Murphy, se las agarra también con 235.000 trabajadores que perciben menos de 100 pesos mensuales. Se trata de que el aporte, que el actual ministro de Economía rebajó cuando era ministro de Economía, no alcanza para financiar el pago del salario familiar. También se sospecha que puede existir fraude, o sea que figura un sueldo que es por lo menos la mitad que el real.
La solución entonces es cortar el hilo por lo más delgado, que no cobren más el salario familiar. Quiero acotar que de acuerdo a la consultora Equis, existen en el país más de 500.000 personas que tienen un ingreso menor a 100 pesos por mes.
Un Gobierno con más sensibilidad social e incluso con un poco de sentido común, tendría otro camino posible. Podría por ejemplo exigir aportes por el salario mínimo, vital y móvil (de paso cañazo, tendría que aumentarlo ya que está congelado hace casi ocho años en 200 pesos) o podría inspeccionar a las empresas para determinar el salario real de esas personas. Cualquiera de estas variantes produciría un ingreso fiscal superior al ahorro de 55 millones de pesos que se ahorran. En el primero de los supuestos el ingreso fiscal supera los 80 millones de pesos.
Con estas propuestas no se comete la injusticia de quitarle ingresos a quien menos gana, además en lugar de aumentar la recesión se mantiene o aumenta el poder adquisitivo que sin duda se vuelca en el mercado interno y finalmente se baja el déficit fiscal.
Claro que, aunque para algunos tecnócratas de la economía sea una cuestión secundaria, manteniéndoles las asignaciones familiares a quienes tienen derecho a ellas, también se evitaría la violación de la Constitución Nacional que implica la eliminación de ese salario. En efecto, la Carta Magna en su art. 14 bis garantiza a todos los habitantes de nuestro país, el derecho a la “protección integral de la familia” y a una “compensación económica familiar”.

* Abogado laboralista. Asesor CGT Moyano

 

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