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Por Santiago Rodríguez
 El fiscal Sebastián Randle
sorprendió con su alegato final en el juicio contra Miguel Etchecolatz
al pedir la absolución del represor. “Actuó en legítima
defensa”, sostuvo Randle en favor de Etchecolatz, acusado de haber
amenazado a un grupo de jóvenes que lo repudiaron por su desempeño
durante la última dictadura militar. Los abogados del ex policía
lo defendieron con el mismo argumento, mientras que los querellantes solicitaron
que fuera condenado a tres años de prisión por “amenazas
agravadas por uso de armas”. La sentencia se dará a conocer
el próximo 8 de mayo. Etchecolatz está bajo prisión
domiciliaria acusado por el robo de bebés, hijos de desaparecidos.
El papel de todo fiscal es el de velar por los intereses de la sociedad
y el cumplimiento de ley. A Etchecolatz se lo llevó a juicio oral
y público por haber amenazado con una pistola —que luego se
comprobó que era de aire comprimido— a unos jóvenes
que al identificarlo caminando por la plaza Monseñor D’Andrea,
ubicada en Córdoba y Anchorena, le gritaron “asesino”
y le arrojaron huevos.
Aunque la ley lo contempla como una posibilidad, es raro e infrecuente
que un fiscal pida la “absolución de culpa y cargo” de
un acusado. Randle, en este caso, lo solicitó en favor de un ex
comisario que fue la mano derecha del jefe de la Policía Bonaerense
durante la dictadura, el general Ramón Camps, y a quien la Cámara
Federal sentenció en 1987 a 23 años de prisión por
96 tormentos y como responsable de 21 campos de concentración en
la provincia en los que fue visto reiteradamente.
“No le quedaba otra”, lo justificó Randle y explicó
que “llevaba una pistola para defenderse de las continuas agresiones
de las que es objeto”. El 9 de enero de 1999, día de la amenaza
que dio lugar al juicio, Etchecolatz caminaba libremente por la calle
como tantos otros camaradas suyos –ahora está preso en su
domicilio por la sustitución de identidad de una hija de desaparecidos–
porque los crímenes por los que fue condenado quedaron impunes
a partir de la ley de Obediencia Debida.
Lo que no pudo evitar esa ley, ni tampoco la de Punto Final, es la condena
social que lleva a la gente a repudiar a los represores. Se ve que a criterio
de Randle, esos repudios no son otra cosa que “agresiones” que
ameritan exhibir un arma para defenderse.
“Brillante” –y no era para menos, claro–, fue el calificativo
con que el abogado del represor Adolfo Casabal Elía se refirió
al alegato de Randle. Casabal Elía –quien comparte su tarea
con Amalia Vanasco, defensora del también ex represor Julio “El
Turco Julián” Simón— afirmó que Etchecolatz
“no amenazó a nadie”, sino que “disuadió
a sus agresores” ante el ataque de que era objeto por parte de lo
que denominó “una izquierda nostálgica”.
“El fiscal tuvo desde el primer momento una actitud en favor de la
defensa”, explicó a Página/12 el abogado querellante
Horacio Ravenna y recordó: “Primero dijo que no había
estudiado la causa pero adhería al planteo de nulidad de la defensa,
después de la indagatoria a Etchecolatz coincidió en que
había que suspender el juicio porque de la declaración surgía
que no había de qué juzgarlo y por último quiso desestimar
un testigo apartándose del derecho”.
Ravenna y su colega Ernesto Moreau, de la Asamblea Permanente por los
Derechos del Hombre (APDH), representan a Roberto Samar y Fernando Cóppola,
los jóvenes amenazados por Etchecolatz. En su alegato pidieron
una pena de tres años de prisión para el ex represor —la
máxima dispuesta en el Código Penal— por amenazas “agravadas
por el uso de armas”.
Después de escuchar los alegatos, la audiencia pasó a cuarto
intermedio y Etchecolatz fue retirado de los juzgados de Lavalle al 1600
bajo una fortísima protección de la Policía Federal,
ante la presencia de manifestantes de Izquierda Unida que lo repudiaron.
El juez correccional Omar Facciutto anunciará su sentencia el 8
de mayo próximo. Una nuevacondena llevaría al ex represor
a la cárcel porque en su contra ya pesan tres años de prisión
en suspenso por “calumnias e injurias” contra el diputado Alfredo
Bravo.
EL
COSTO DEL VIVAR A VIDELA
Cruz y Siro, a declarar
La actriz Elena Cruz y su marido,
el actor Fernando Siro, serán citados por la Justicia como imputados
a raíz del homenaje que le rindieron al ex dictador, Jorge Rafael
Videla, al cumplirse los 25 años del golpe de estado de 1976. El
matrimonio deberá prestar declaración indagatoria la semana
próxima por presunta “apología del crimen”, un
delito que se castiga con una pena de un mes a un año de prisión.
Cruz y Siro tendrán que presentarse en el juzgado correccional
número 12, a cargo de Raúl García, y ante el fiscal
de ese fuero Angel Nardiello. Fuentes judiciales adelantaron que la fiscalía
solicitará el procesamiento de ambos.
El matrimonio de actores también deberá presentarse el 8
de mayo próximo ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral y
los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado, quienes investigan si
Videla violó las condiciones del arresto domiciliario que se le
impuso como responsable del plan sistemático de apropiación
de bebés de desaparecidos durante la dictadura. El magistrado y
los fiscales pretenden escuchar de boca de Cruz y Siro su versión
de lo ocurrido frente a la casa del ex dictador el día del aniversario
del golpe de Estado.
El pasado 27 de marzo la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
(APDH) denunció a Videla por la presunta violación del arresto
domiciliario, razón por la cual solicitó su envío
a la cárcel, y a Siro y Cruz por presunta apología del delito.
La denuncia sostiene que, según el periodista Osvaldo Quiroga,
cerca de las 11 del 25 de marzo pasado “Videla salió al balcón
a saludar a unas treinta personas que lo ovacionaron por haber encabezado
en esa fecha el infausto alzamiento que impuso el terrorismo de Estado
en nuestro país”.
La APDH recordó que el ex almirante Emilio Eduardo Massera, “en
un caso similar, fue privado de la continuidad del beneficio del arresto
domiciliario” por la jueza federal María Romilda Servini de
Cubría, quien lo encarceló en 1998 por la apropiación
del hijo de una desaparecida.
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