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En el último minuto, el Banco Nación y la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) lograron que la Justicia detuviera
un pago de doce millones de pesos que iba a ir a engordar las arcas del
Grupo Yoma S.A., cuando el propio grupo le debe al Nación 88 millones.
“Peleamos en todos los frentes para defender el patrimonio público
y se logró detener un daño enorme”, celebró
Enrique Olivera, presidente del banco, en diálogo con este diario.
Tras la denuncia publicada por Página/12 el lunes, ayer la Justicia
Federal de La Rioja dictó una medida de no innovar y suspendió
la orden a favor de los Yoma dada por la Cámara Civil Comercial
de Chilecito. Esa cámara, presidida por Daniel Flores, había
resuelto un embargo sobre 11,8 millones de pesos que la AFIP tiene depositados
en un plazo fijo de la sucursal Chilecito del Nación, en concepto
de reintegros por supuestos errores en las declaraciones de las exportaciones
realizadas por el Grupo Yoma. El plazo fijo vence hoy, por lo que, si
la Justicia no resolvía, el lunes esos millones irían a
parar a los bolsillos de los Yoma.
“El juzgado federal se declaró competente en una causa por
presunta defraudación a la administración pública
y aceptó hacer lugar a la medida cautelar”, explicó
el ex ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra, que patrocinó a
la AFIP y al Nación en las catorce causas iniciadas para detener
una maniobra que consideraron “ilegal”. Lo insólito del
caso era, justamente, que el Nación debía ceder casi doce
millones a los ex parientes políticos de Carlos Menem, cuando el
Grupo Yoma adeuda al mismo Nación y a los bancos Provincia y Ciudad
un total de 140 millones de pesos, obtenidos como préstamos durante
la gestión menemista.
“Se había llegado a esta situación por las decisiones
que tomó la Cámara Civil de La Rioja, medidas de gran arbitrariedad,
por ejemplo fijar una multa enorme, de 500 mil pesos por cada día
de demora en trabar el embargo, sobre un patrimonio que es público”,
dijo Olivera. Y siguió: “Nos deben 88 millones y, en lugar
de recibir pagos, lo único que recibimos fueron intimaciones y
órdenes de embargo. Y esto nos movió a hacer las denuncias”.
La batalla jurídica se intensificó esta semana. Como informó
este diario, el lunes la AFIP y el Nación se presentaron ante la
justicia federal porteña para denunciar al Grupo Yoma y a la cámara
de Chilecito por “coacción y extorsión”. La jueza
María Servini de Cubría se excusó de participar y
la causa estaba siendo analizada por el juez Claudio Bonadío, cuando
ayer llegó el fallo del juez federal de La Rioja Enrique Chumbita.
Ahora, resta resolver qué ocurrirá con otros 7,6 millones
que los Yoma reclaman también al Nación, como un porcentaje
impago de títulos que el grupo emitió en 1994, a través
del banco, para saldar parte de sus deudas. La misma cámara de
Chilecito, y el mismo Flores, ordenaron que el pago se efectuara. El Nación
apeló y –otra vez– la misma cámara deberá
resolver. “El reclamo del Grupo Yoma es otro disparate. Carece de
todo sustento jurídico”, respondió Olivera.
Mientras, desde La Rioja, un vocero de los Yoma aseguró: “La
propuesta que le estamos haciendo al Banco Nación es que queremos
y podemos cancelar nuestra deuda, y sin embargo la respuesta no llega”.
Roberto Perino, gerente industrial de la Curtiembre de Nonogasta, también
dijo que es el banco el que no quiere cobrar la deuda. Olivera se indignó:
“La propuesta la presentaron tarde y, además, era inaceptable,
porque no cancelaba la deuda. Y no sólo les respondimos, sino que
les exigimos que mejoren la propuesta”.
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