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Por Cristian Alarcón y Raúl Kollmann
 En la calle Goyechea al 900,
del barrio Bancalari, costado pobre de San Isidro, una jauría de
perros callejeros ladra alrededor de un caballo demasiado flaco montado
por un niño. Es casi en la puerta del velorio de Gastón
Galván –“El Monito”–, el chico de 14 años
que, junto a un amigo de 16, apareció muerto, atado y amordazado,
con una bolsa de nylon en la cabeza y diez tiros en el cuerpo, en un descampado
de José León Suárez. Su madre, Nélida Ayala,
cuenta sus dos últimos años de vida, desde que a los 12
“agarró la bolsita” y comenzaron sus entradas en la comisaría
3ª de Don Torcuato. “No era dueño de cruzarse cuatro
cuadras que ya iba adentro y lo golpeaban hasta que convulsionaba. En
el último tiempo estaba amenazado de muerte. Yo creo que lo mató
la policía, era de todo el barrio el que más odiaban los
de la Patrulla de Calle de la 3ª”, dice. Cinco cuadras más
allá habla el padre de Miguel Burgos –“Piti”–,
el de 16, asesinado de seis tiros. “Para mí, al mío
me lo hicieron porque iba con el Monito, con él era toda la pica.”
A pesar del hermetismo de la fiscalía, a última hora una
alta fuente policial le reconoció a Página/12 que ya fueron
revisados los móviles de la seccional a la que apuntan las familias
de los chicos.
El martes, Gastón se levantó a la una de la tarde. Se dio
un baño y se despidió de Zunilda: “Mami, voy un ratito
para el fondo”. Partió a dos cuadras, a la vereda de una casa
en la que una señora vende sandwiches de milanesa. Ella no volvió
a verlo. “Dicen que a las cinco y media lo vieron que iba en bicicleta
con el Piti para el puente de la 202, donde compraban las latitas”,
cuenta. Ese día no hubo más noticias de los dos amigos,
juntos desde hacía por lo menos dos años, cuando el más
chico, como ya le había pasado al más grande, se ató
al Poxiran. Con ese olor anestesiante convivió y peleó hasta
que terminó bajo el Puente Negro, en el límite descampado
entre José León Suárez y La Horqueta, allí
donde los sicarios fueron a dejarlo después de haberlo asesinado
con una prolijidad sorprendente para tratarse de un ajuste de cuentas
entre bandas de décima.
Zunilda jura que El Monito podía “colgarse de la bolsa”
pero jamás dejaba de dormir en su casa. Por eso el martes se levantó
preocupada. Alrededor de las cinco de la tarde le golpeó la puerta
un amigo de su hijo que venía a buscar una bicicleta que le había
prestado. “Averiguame algo”, le pidió ella, acostumbrada
a los ingresos en la 3ª. “Hay rumores de que está preso”,
dice que recibió como respuesta. Más tarde mandó
al menor de sus seis chicos a comprar. “Se encontró con otros
dos pibitos que sabían andar con ellos y vino a decirme: dicen
que está preso.” Esperó entonces un llamado de la comisaría.
Le había pasado la última vez que ella corrió a buscarlo.
Cuando llegó, se lo habían mandado a casa. Nunca sonó
el teléfono. Al poco rato vio en la televisión que habían
encontrado los dos cadáveres. “Ahí se me cruzó
la idea”, recuerda.
Zunilda llora sólo cuando se da cuenta, al ir relatando caóticamente
y sin poder maniobrar con las fechas en su cabeza, confundida por la cantidad
de veces en que los hechos se repitieron, de que la muerte de su hijo
“estaba anunciada”. “El, de los 12 años hasta ahora
fue maltratado por la policía. El una vez estuvo parado desde las
12 de la noche hasta el mediodía, cuando lo fui a buscar en la
3ª y me lo entregaron con las ampollas así de grandes en los
pies. Durmió después un día entero del cansancio.
Aunque nunca quería hacer la denuncia porque decía que ‘si
los mando al frente, me matan, mami’.”
La historia de Gastón es una sucesión de entradas no sólo
en la comisaría 3ª. Su propia familia reconoce que tuvo causas
por robo y que ellos mismos le pidieron a la jueza Diana Beatriz Bocaccio
de Pincardini que lo internara para que hiciera un tratamiento contra
la adicción. Estuvo en una granja de San Miguel, en una cerca de
Luján. Siempre se escapó. Nunca quiso denunciar a sus golpeadores.
Pero su madre lo hizo ante Bocaccio de Pincardini, dice. Y él le
contaba que los policías se lo cobraban: “Buchón, nos
mandaste al frente con la jueza”.
Fuentes de la jerarquía policial de San Isidro aseguran que los
dos chicos estaban imputados no sólo de un robo, sino también
de un homicidio. Los antecedentes no se pueden chequear aún con
la fiscalía porque el sigilo de los investigadores es absoluto.
Hernán Suazo, vocero de las fiscalías de San Martín,
le dijo a Página/12 que “el caso nos obliga a ser absolutamente
cautelosos. Por el momento sólo podemos decir que no podemos negar
ni la versión del ajuste de cuentas ni la de un escuadrón
de la muerte”. Es que ayer, ésos eran los dos extremos de
las especulaciones ante el caso. Lo cierto es que, más allá
del silencio prudente de la fiscalía, las propias fuentes policiales
le reconocieron a este diario que ayer el fiscal Héctor Hscebba
visitó la comisaría 3ª y revisó los móviles.
Existe la sospecha de que los chicos podrían haber sido “levantados”
en uno de esos autos.
¿Por qué la policía puede haber querido matar de
esa manera a dos menores que no eran ni de una gran banda, ni manejaban
una porción del mercado drogas? La versión que la policía
repite es la de un ajuste de cuentas. “¿Qué ajuste
puede haber sido si ellos andaban todo el día con la latita?”,
se pregunta ante este cronista Eduardo Salcedo, el padre de Piti. “Supongamos
que es por un bardo con uno de acá. Bueno, lo cruzan y le dan un
tiro, dos tiros. Pero ser animales como para que con las manos atadas
atrás, le pongan como al mío uno en cada planta del pie,
uno en el hombro, dos en la nuca y uno en la mejilla, eso no es de los
que andan con la latita.” Salcedo dice que la pica –aunque no
explica por qué– “era con el Monito”. “Acá
está cantado para todo el mundo que algo tiene que ver la patrulla”,
asegura. Dice que la última vez que su hijo salió de la
comisaría “tenía directamente la remera manchada de
sangre”. Y tal como piensan los Galván, cinco cuadras más
allá de la miseria, “si eran otros pibes que los querían
poner se hubieran defendido”, dice.
RELEVARON
A UN SUBCOMISARIO DE SAN MIGUEL
Una baja debido a Los Polvorines
La masacre de Los Polvorines
sigue dando tela para cortar: ayer se confirmó el relevo del titular
de la subdelegación de Investigaciones de San Miguel, subcomisario
Félix Guillermo Godoy, que de esta manera se convirtió en
el primer policía separado de su cargo a raíz de la investigación
del tiroteo producido en agosto de 2000, en el que murieron acribillados
tres asaltantes y un policía. El director general de Investigaciones
Judiciales, comisario mayor Amadeo D’Angelo, aseguró que la
medida se tomó para “facilitar la investigación”.
En la DDI de San Miguel estaba destinado el suboficial que denunció
las irregularidades en el operativo de Los Polvorines.
La decisión de relevar de su puesto a Godoy, y trasladarlo a Campana,
fue realizada “para facilitarle a la Justicia la investigación
del hecho y permitir que los policías de esa dependencia declaren
con total libertad”, afirmó el comisario D’Angelo, quien
explicó que “siempre, en casos similares, se separa al titular
para que los subalternos digan todo lo que quieran decir”.
El suboficial Adrián Montenegro, el primero que denunció
que el tiroteo de Los Polvorines fue “armado” por altos jefes
policiales para mejorar la imagen de esa fuerza, trabajaba en la misma
dependencia de la que fue removido Godoy. Luego de las denuncias de Montenegro,
comenzaron una serie de amenazas, de las que fueron víctimas el
hermano del policía muerto en el tiroteo y el fiscal general de
San Martín, Luis María Chichizola, a cargo de la investigación,
entre otros.
Parecer que Godoy no sería el único removido: D’Angelo
manifestó que “se analizan otros movimientos” y no descartó
que pueda ser relevado también el titular de la Delegación
de Investigaciones de San Martín, comisario inspector Pablo López.
El fiscal Chichizola no descartó la posibilidad de que en los próximos
días cite a declarar a los cien policías que participaron
en el supuesto enfrentamiento, muchos de los cuales ya habían prestado
su testimonio el año pasado ante la fiscalía de San Martín.
De todos modos, el fiscal descartó que vaya a citar al ministro
de Seguridad bonaerense, Ramón Verón, ya que “por el
momento no existen elementos que lo vinculen con la supuesta anormalidad
del operativo”.
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